Perú sin rumbo presidencial: por qué cayó José Jerí y qué viene ahora para la democracia

Del interinato al abismo: cómo y por qué el Congreso tumbó a José Jerí

El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí tras apenas cuatro meses en el cargo, mediante una moción de censura aprobada por 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Oficialmente, el argumento fue la “inconducta en sus funciones” y la falta de idoneidad para ejercer la Presidencia, en medio de investigaciones y escándalos que rodeaban a Jerí desde que asumió el poder en octubre de 2025. Jerí había llegado a Palacio como presidente del Congreso y sucesor de Dina Boluarte, también destituida en un proceso exprés de vacancia por “incapacidad moral permanente” ligado a la crisis de violencia y cuestionamientos a su gestión.

Más que un caso aislado, la caída de Jerí confirma un patrón: en Perú, la figura de “incapacidad moral” se ha convertido en un arma política recurrente para sacar presidentes sin pasar por las urnas. El Congreso, fragmentado y con bancadas que negocian a corto plazo, usa los juicios políticos relámpago como mecanismo de control y como válvula de escape para canalizar la presión social, sacrificando presidentes en lugar de procesar reformas estructurales. El resultado es un Ejecutivo cada vez más débil frente a un Legislativo que acumula poder, pero también desprestigio, porque protagoniza la crisis que dice querer resolver.

Siete presidentes en diez años: la radiografía de un sistema en permanente crisis

Con Jerí, Perú suma siete presidentes en apenas una década, desde 2016, reflejando una inestabilidad que no tiene paralelo reciente en la región. La secuencia, leída en clave de análisis, muestra un ciclo de desgaste institucional donde casi ningún mandatario termina el periodo para el que fue elegido.

• Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018): renunció en medio de un inminente proceso de destitución por el caso Odebrecht, acorralado por un Congreso opositor.

• Martín Vizcarra (2018–2020): fue destituido por “incapacidad moral permanente” tras choques continuos con el Parlamento y sospechas de corrupción.

• Manuel Merino (noviembre 2020): asumió como presidente del Congreso y renunció a los cinco días por las protestas masivas que dejaron muertos y heridos.

• Francisco Sagasti (2020–2021): fue un presidente de transición que logró completar el mandato y entregar el poder tras convocar elecciones.

• Pedro Castillo (2021–2022): fue destituido tras intentar disolver el Congreso y anunciar un gobierno de excepción, lo que fue leído como un intento de autogolpe.

• Dina Boluarte (2022–2025): llegó como vicepresidenta de Castillo, gobernó en medio de una fuerte conflictividad social y fue removida por vacancia cuando la violencia y la falta de legitimidad se volvieron insostenibles.

• José Jerí (2025–2026): asumió tras la caída de Boluarte como presidente del Congreso y fue destituido después de menos de cinco meses por supuesta inconducta y falta de idoneidad.

Más allá de los nombres, el patrón es claro: un diseño institucional que facilita la destitución, partidos débiles, y un sistema político que responde a la presión con “cambios de rostro” en la Presidencia, pero sin resolver las causas de fondo: desigualdad, crisis de representación y corrupción.

Quién puede reemplazar a Jerí y cómo se elige al nuevo presidente interino

Tras la destitución de Jerí, Perú entra en una zona gris constitucional donde el Congreso vuelve a ser el árbitro central de la sucesión. La Constitución fija, en su artículo 115, que la línea de sucesión es: primer vicepresidente, segundo vicepresidente y, en ausencia de ambos, el presidente del Congreso, quien debe convocar elecciones si el impedimento es permanente. Sin embargo, en la práctica reciente peruana, la ausencia de vicepresidentes y la renuncia o rechazo de asumir de algunos titulares del Congreso han obligado a negociaciones políticas aceleradas para elegir una nueva Mesa Directiva que, automáticamente, se convierte en gobierno interino.

En este caso, el Congreso debe escoger en cuestión de horas un nuevo presidente o presidenta de la Mesa Directiva que asuma la jefatura del Estado hasta las elecciones generales previstas para el 12 de abril. Los nombres en fila surgen de las bancadas con mayor peso y capacidad de armar mayoría: sectores conservadores y de derecha que impulsaron la censura a Jerí, fuerzas de centro que buscan presentarse como opción de “estabilidad”, y grupos que apuestan por un discurso anti-establishment pero operan dentro del mismo Congreso. El perfil que salga de esa negociación probablemente será de corte conservador o de centro-derecha, en línea con la correlación de fuerzas que ha definido las últimas vacancias.

Más que una elección ciudadana, es una selección parlamentaria: la Presidencia queda en manos de quien logre cerrar acuerdos internos y garantizar, por un tiempo, que no habrá otra moción de censura inmediata. Eso significa que el nuevo mandatario nacerá con un mandato precario y dependiente de las alianzas que lo llevaron allí, no de un voto popular directo.

Qué se juega América Latina con un Perú atrapado en la destitución permanente

Para la región, la destitución de Jerí y la cadena de siete presidentes en diez años consolidan a Perú como el laboratorio extremo de la inestabilidad presidencial latinoamericana. Mientras otros países enfrentan crisis de gobernabilidad, pocos han normalizado tanto la caída de presidentes por vía parlamentaria como Perú, donde la figura de vacancia se usa casi como moción de confianza inversa sobre el Ejecutivo.

Esta volatilidad tiene efectos concretos: frena inversiones, golpea la credibilidad del Estado y debilita la capacidad del país para negociar en foros regionales o atraer proyectos de largo plazo. Además, envía una señal preocupante: cuando las reglas permiten tumbar presidentes con relativa facilidad, los actores políticos se acostumbran a apostar por la destitución, no por la negociación programática. El riesgo es que, en el mediano plazo, la ciudadanía deje de creer tanto en el presidente como en el Congreso y se abra espacio a salidas más radicales o autoritarias.