Estratos e ingresos: así cambiaría la asignación de subsidios en Colombia

El borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 plantea cruzar la clasificación de las viviendas con los ingresos, la vulnerabilidad y la capacidad de pago de los hogares. La propuesta todavía no establece cambios inmediatos en las facturas ni define quiénes conservarían los subsidios.

El sistema de estratificación socioeconómica que durante décadas ha servido como referencia para distribuir subsidios y contribuciones en los servicios públicos podría experimentar ajustes en Colombia. El Gobierno de Abelardo de la Espriella incluyó en las bases del borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 una propuesta para complementar los estratos con información económica de los hogares.

La iniciativa busca que la asignación de los beneficios no dependa exclusivamente de las características de la vivienda o del sector donde está ubicada, sino que también considere los ingresos familiares, las condiciones de vulnerabilidad y la capacidad real de pago.

El planteamiento fue conocido el 10 de noviembre y está incluido en el capítulo de estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal del documento, específicamente en las páginas 421 y 423. Allí se propone actualizar la estratificación y desarrollar una metodología que permita mejorar la focalización de los subsidios y las contribuciones.

Sin embargo, hay una precisión fundamental: el borrador no ordena eliminar los seis estratos ni establece modificaciones inmediatas en los recibos de servicios públicos. La propuesta contempla conservar la clasificación vigente y complementarla con nuevas fuentes de información.

¿Qué cambiaría en la asignación de los subsidios?

Actualmente, la estratificación socioeconómica es uno de los principales criterios utilizados para determinar qué hogares pueden recibir subsidios y cuáles deben aportar contribuciones para financiar parte de esos beneficios.

En términos generales, los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 pueden acceder a subsidios, mientras que los de estratos 5 y 6 pagan contribuciones. Los usuarios comerciales e industriales también participan en el esquema de aportes, de acuerdo con las reglas aplicables.

El problema que identifica el Gobierno es que el estrato de una vivienda no necesariamente representa la situación económica de las personas que viven en ella.

Esto puede producir dos situaciones: hogares con ingresos suficientes que reciben subsidios por estar ubicados en sectores de estratos bajos y familias con dificultades económicas que quedan por fuera de los beneficios porque residen en viviendas clasificadas en estratos superiores.

La propuesta busca reducir esos errores de inclusión y exclusión mediante una caracterización más completa de cada hogar.

Los ingresos y la capacidad de pago entrarían en la ecuación

El borrador plantea que la nueva metodología combine diferentes fuentes de información para identificar las condiciones económicas de las familias.

Entre los elementos que se tendrían en cuenta aparecen:

• Información socioeconómica: datos que permitan conocer los ingresos y las condiciones económicas de los hogares.
• Registros administrativos: información disponible en diferentes entidades del Estado.
• Variables catastrales: características relacionadas con los predios y las viviendas.
• Registro Universal de Ingresos (RUI): herramienta que busca consolidar información para caracterizar económicamente a la población.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) coordinaría este proceso con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Vivienda, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La intención es que la información permita establecer con mayor precisión qué hogares necesitan apoyo económico y cuáles cuentan con capacidad para contribuir a financiar el sistema.

¿Qué familias podrían ganar o perder subsidios?

Aunque todavía no existen criterios definitivos, el cambio permitiría modificar la distribución de los beneficios en algunos escenarios.

Por ejemplo, una familia con ingresos medios o altos que viva en una vivienda de estrato 2 podría dejar de recibir determinados subsidios si la nueva metodología establece que no cumple las condiciones económicas para acceder a ellos.

En sentido contrario, un hogar con ingresos bajos que resida en una vivienda de estrato 5 podría ser identificado como vulnerable y eventualmente acceder a beneficios, siempre que cumpla los requisitos que se establezcan.

Estos son escenarios ilustrativos, no decisiones adoptadas por el Gobierno. El borrador todavía no determina los umbrales de ingresos, los requisitos específicos ni las condiciones que definirían el acceso a los subsidios.

¿Qué servicios públicos estarían involucrados?

La propuesta contempla revisar la focalización de los subsidios y las contribuciones en cinco servicios públicos domiciliarios:

• Energía eléctrica.
• Gas combustible por redes.
• Acueducto.
• Alcantarillado.
• Aseo.

El sistema actual tiene particularidades según el servicio y la regulación aplicable. Por eso, cualquier modificación tendría que establecer cómo se trasladarían los nuevos criterios a cada uno de ellos.

La discusión también involucra la financiación del esquema de subsidios, pues las contribuciones de determinados usuarios ayudan a cubrir los beneficios otorgados a los hogares de menores ingresos.

¿Cuándo cambiarían las facturas de servicios públicos?

Por ahora, no existe una fecha definida para que los usuarios comiencen a ver modificaciones en sus recibos.

El documento propone diseñar, validar y realizar pruebas piloto de una metodología que articule la estratificación con la información socioeconómica. Solo después de ese proceso podrían definirse las condiciones para una eventual implementación progresiva.

Tampoco se han establecido nuevos porcentajes de subsidios o contribuciones, límites de ingresos para acceder a los beneficios, número de hogares afectados ni el ahorro fiscal que podría generar el ajuste.

En consecuencia, los usuarios no deben asumir que sus facturas cambiarán de inmediato por cuenta de este anuncio.

El Registro Universal de Ingresos ya hace parte de la transición

La propuesta tiene un antecedente en el Registro Universal de Ingresos (RUI), herramienta impulsada durante el Gobierno anterior para fortalecer la identificación de los beneficiarios de programas sociales.

De acuerdo con la información publicada sobre el sistema, el RUI comenzó a operar el 1 de agosto de 2026. Posteriormente, el Gobierno expidió el Decreto 1621 del 28 de octubre, mediante el cual amplió hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para que las entidades realicen la transición de sus programas sociales hacia el nuevo esquema.

La discusión sobre utilizar los ingresos de los hogares para distribuir subsidios, por tanto, no comenzó con el actual Gobierno. Lo que plantea el nuevo borrador es avanzar en la articulación de esa información con la estratificación utilizada en los servicios públicos.

La propuesta todavía debe superar varias etapas

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 contemplan un proceso de discusión antes de convertirse en una iniciativa legislativa. Según el cronograma divulgado por el DNP, el documento sería entregado al Consejo Nacional de Planeación el 15 de noviembre de 2026, mientras que la radicación del proyecto de ley ante el Congreso está prevista para el 7 de febrero de 2027.

Por ahora, el alcance concreto de la reforma sigue pendiente de la metodología que diseñen las entidades responsables y de las decisiones que se adopten durante el trámite del Plan.

El cambio propuesto podría modificar la manera en que se distribuyen los subsidios y las contribuciones en Colombia, pero todavía no permite establecer qué hogares pagarían más, cuáles recibirían nuevos beneficios o cuánto cambiarían sus facturas.

La clave estará en cómo se construyan los criterios de ingreso y vulnerabilidad, qué información se utilice para evaluar a las familias y qué garantías existan para que los hogares que realmente necesitan apoyo no queden excluidos del sistema.