Medellín investiga presunta manipulación de deudas de 10 empresas por $1.218 millones
El alcalde Federico Gutiérrez anunció que la administración distrital prepara una denuncia ante la Fiscalía contra un contratista de la Secretaría de Hacienda. La investigación interna identificó alteraciones en los registros tributarios y 42 certificados de paz y salvo expedidos a nueve contribuyentes.
Una investigación interna de la Alcaldía de Medellín puso al descubierto presuntas irregularidades en la Secretaría de Hacienda, relacionadas con la manipulación de información tributaria de diez empresas que acumulaban obligaciones superiores a los $1.218 millones con el Distrito.
El alcalde Federico Gutiérrez informó que el caso involucra a un contratista identificado como Daniel Rojas, quien habría intervenido registros de la plataforma SAP para modificar la información asociada a las deudas de varios contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio.
Según el mandatario, las inconsistencias fueron detectadas durante una revisión interna adelantada por la Secretaría de Hacienda. Tras conocer los hallazgos, la administración retiró los accesos del contratista a los sistemas institucionales y comenzó a preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Gutiérrez aseguró que el señalado habría reconocido su participación en las actuaciones irregulares. Sin embargo, las posibles responsabilidades penales deberán establecerse dentro de las investigaciones de las autoridades competentes.
¿Cómo habrían ocultado las deudas de las empresas?
De acuerdo con la información divulgada por la administración distrital y reportada por medios locales, las posibles alteraciones se realizaron en registros de identificación de varias empresas dentro de la plataforma SAP, utilizada por la Alcaldía para gestionar información administrativa y tributaria.
Los cambios habrían provocado que las obligaciones de algunos contribuyentes dejaran de aparecer en las consultas habituales de cartera del Distrito. Esto significa que las deudas no necesariamente fueron eliminadas de la plataforma, sino que dejaron de ser visibles en determinados registros de consulta.
La investigación identificó diez empresas cuyas obligaciones tributarias estaban asociadas a una cartera superior a $1.218 millones.
Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades distritales fue el hallazgo de 42 certificados de “estar al día”, expedidos a nueve de los contribuyentes relacionados con los casos bajo revisión.
La administración busca establecer las circunstancias en las que se generaron estos documentos, quiénes pudieron beneficiarse de las modificaciones y si existió participación de otras personas dentro o fuera de la entidad.
La Alcaldía asegura que corrigió los registros y evitó un detrimento patrimonial
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento oficial es que la detección de las presuntas irregularidades permitió revertir las modificaciones realizadas en el sistema SAP.
Según la Alcaldía, las obligaciones tributarias volvieron a quedar disponibles para los procedimientos de consulta y cobro, por lo que se evitó un detrimento patrimonial para el Distrito.
La administración también indicó que adelanta los procesos de cobro coactivo contra las empresas relacionadas con los casos identificados. Este procedimiento permite a las entidades públicas exigir el pago de obligaciones pendientes mediante los mecanismos legales establecidos.
En paralelo, la Secretaría de Hacienda recopila los elementos que serán entregados a la Fiscalía, entre ellos registros del sistema, trazabilidades informáticas, informes forenses y comunicaciones que permitan reconstruir las actuaciones.
La Alcaldía también anunció que buscará que se investigue a los particulares que eventualmente hayan participado o se hayan beneficiado de las modificaciones.
Federico Gutiérrez anunció medidas y denuncia ante la Fiscalía
El alcalde Federico Gutiérrez hizo pública la situación a través de sus redes sociales y aseguró que la administración actuó después de recibir información sobre posibles irregularidades en la Secretaría de Hacienda.
El mandatario destacó el trabajo del secretario de Hacienda, Orlando Uribe, quien habría liderado la investigación interna, y señaló que el contratista fue desvinculado y perdió sus accesos a los sistemas institucionales.
La administración prepara la documentación para poner el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Será esta entidad la encargada de determinar si los hechos constituyen delitos, establecer la participación de los involucrados y avanzar en las actuaciones penales correspondientes.
Por ahora, el anuncio de la Alcaldía y los resultados de su revisión interna constituyen el punto de partida de la investigación. La existencia de una denuncia o de hallazgos administrativos no equivale a una condena ni demuestra por sí sola la responsabilidad penal de las personas señaladas.
Las preguntas que deberá resolver la investigación
Más allá de las diez empresas y del monto de las obligaciones identificadas, el caso abre interrogantes sobre los controles de acceso y modificación de información tributaria en la administración distrital.
Las autoridades tendrán que establecer cómo se realizaron los cambios, durante cuánto tiempo permanecieron las inconsistencias, qué mecanismos de supervisión estaban habilitados y si otras personas tuvieron conocimiento o participación en las operaciones.
También será necesario determinar las circunstancias de expedición de los 42 certificados de paz y salvo y si estos documentos fueron utilizados para obtener algún beneficio financiero, comercial o administrativo.
La Alcaldía sostiene que las modificaciones fueron reversadas y que las obligaciones continúan siendo objeto de cobro. El avance de las investigaciones permitirá conocer si hubo terceros involucrados y cuáles son las responsabilidades individuales en este caso que compromete información tributaria de Medellín.
