La decisión del gobierno de Daniel Noboa eleva el costo de transporte de petróleo colombiano de USD 3 a USD 30 por barril y escala la tensión comercial entre ambos países
Las tensiones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Ecuador entraron en una nueva fase. El gobierno ecuatoriano anunció un incremento del 900% en la tarifa de transporte del crudo colombiano que atraviesa el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una decisión que impacta directamente a Ecopetrol y reconfigura el tablero energético y comercial en la región andina.
La medida fue confirmada por la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, quien explicó que el aumento responde a un principio de reciprocidad, en medio de las diferencias con Colombia en materia de seguridad, comercio y cooperación bilateral.
De USD 3 a USD 30 por barril: el golpe al petróleo colombiano
Según la resolución expedida por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), la tarifa por el uso del SOTE pasó de 3 dólares a 30 dólares por barril, aplicable al crudo colombiano que utiliza esta infraestructura estratégica para su transporte y comercialización.
Manzano aseguró que la decisión tiene sustento técnico, legal y operativo, y envía un mensaje político claro a Bogotá:
“Es un servicio sujeto a disponibilidad y oportunidad. Cuando las resoluciones de la ARCH salen, lo hacen con responsabilidad técnica y legal, y también con un mensaje importante para Colombia”, afirmó la ministra en entrevista con Radio Sucesos.
Por el oleoducto ecuatoriano transitan alrededor de 12.000 barriles diarios de crudo colombiano, en su mayoría de Ecopetrol, lo que convierte el incremento tarifario en un factor de presión directa sobre los costos de exportación del petróleo nacional.
Seguridad, ilícitos y petróleo: el trasfondo de la decisión ecuatoriana
El gobierno de Daniel Noboa ha justificado sus recientes medidas contra Colombia en una aparente falta de cooperación en seguridad, especialmente en zonas fronterizas donde operan grupos criminales y economías ilegales.
De acuerdo con Manzano, Ecuador ha facilitado durante años la salida del crudo colombiano pese a los riesgos asociados a atentados y sabotajes contra oleoductos, una situación que —según Quito— no ha sido suficientemente atendida por las autoridades colombianas.
“Ellos no tienen el crudo porque ese sector de Colombia es un sector donde hay actividades ilícitas. Ecuador ha tratado de ayudar para que ese petróleo pueda comercializarse”, señaló la funcionaria.
Colombia responde: suspensión de energía y aranceles del 30%
La reacción de Bogotá no se hizo esperar. El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la suspensión del suministro de energía eléctrica a Ecuador desde el 22 de enero de 2026, una medida sensible para el vecino país en momentos de presión sobre su sistema energético.
Además, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo confirmó que, a partir del 1 de febrero de 2026, Colombia impondrá aranceles del 30% a decenas de productos ecuatorianos.
La ministra Diana Marcela Morales fue enfática en señalar que no se trata de una sanción, sino de una acción correctiva:
“Este gravamen no constituye una medida de confrontación, sino una decisión proporcional orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y proteger el aparato productivo nacional”, explicó.
¿Escalada regional o antesala de una negociación?
Aunque ambas administraciones han reiterado su disposición al diálogo, las medidas adoptadas reflejan una escalada comercial con efectos económicos concretos, especialmente en sectores estratégicos como energía, hidrocarburos y comercio exterior.
El pulso entre Colombia y Ecuador deja en evidencia la fragilidad de las relaciones comerciales en la región andina y plantea un dilema de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la lógica de la reciprocidad sin afectar la integración regional?
Por ahora, el petróleo volvió a convertirse en una herramienta de presión política, y el conflicto abre un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral entre dos socios históricamente interdependientes.
