La tragedia que sacude al país: 15 menores muertos en bombardeos contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Colombia vuelve a enfrentar una de sus discusiones más profundas y dolorosas: ¿cómo golpear a los grupos armados ilegales sin poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes reclutados a la fuerza?
La controversia se reactivó con fuerza luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que 15 menores de edad murieron en bombardeos de las Fuerzas Militares en Guaviare, Amazonas y Arauca desde el 24 de agosto de 2025.

Los cuerpos, analizados por expertos forenses, corresponden a víctimas del reclutamiento forzado perpetrado por las disidencias de las FARC al mando de alias ‘Iván Mordisco’, uno de los grupos con mayor expansión territorial en el sur del país.

Los operativos y la cifra que desató la polémica

Según Medicina Legal, los menores murieron en cuatro operaciones:

• 24 de agosto – El Retorno (Guaviare): 3 menores muertos.

• 1 de octubre – Puerto Santander (Amazonas): 4 menores.

• 10 de noviembre – Calamar (Guaviare): 7 menores.

• 13 de noviembre – Puerto Rondón (Arauca): 1 menor.

El presidente Gustavo Petro reaccionó asegurando que sus datos arrojaban 12 “adolescentes” fallecidos, pero recalcó que todos habían sido reclutados a la fuerza, lo que lo llevó a señalar a ‘Iván Mordisco’ de cometer crímenes de guerra.

Más allá del cruce de cifras, el punto de quiebre fue otro: la petición de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, de suspender temporalmente los bombardeos mientras se verificaban más casos con posibles víctimas menores de edad.

Defensoría pide frenar bombardeos; Petro dice NO

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta contundente: otros operativos también estarían dejando menores muertos y se debía detener la ofensiva aérea en campamentos donde fuera “altamente probable” la presencia de niños o adolescentes.

Marín advirtió que las disidencias de ‘Mordisco’ son la estructura ilegal que más recluta menores en el país y pidió que se privilegiaran otros mecanismos en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Sin embargo, la respuesta del presidente Petro fue tajante:

“Los bombardeos no se suspenden. Toda acción militar que he ordenado y ordene hacia adelante se supeditará al DIH.”

Para el mandatario, detener operaciones en zonas de fuerte expansión narcotraficante sería permitir que esas estructuras sigan creciendo y atacando a la población y a la Fuerza Pública.

El cruce de posiciones dejó al país en un debate tenso, emocional y político sobre los límites y responsabilidades de la guerra.

El ministro de Defensa amplía detalles

El ministro Pedro Sánchez informó que en el caso de Puerto Rondón, Medicina Legal certificó la muerte de un menor y que otro cuerpo podría corresponder a un joven entre 15 y 25 años.
También confirmó la muerte de alias ‘Chifle’, cabecilla de la estructura E10, subordinada a ‘Mordisco’.

Sánchez añadió un elemento sensible: varios militares y policías han muerto en ataques ejecutados por menores reclutados, lo que complejiza la toma de decisiones en escenarios con niños utilizados como combatientes.

Justicia Penal Militar abre investigación

Ante la gravedad del caso, la Justicia Penal Militar abrió una indagación sobre la operación del 11 de noviembre en Puerto Cubarro (Calamar, Guaviare), buscando determinar responsabilidades y verificar si se cumplieron los protocolos del DIH.

Esto marca un punto crítico, pues se trata de un escudriñamiento institucional poco frecuente en operaciones contra grupos armados de alto impacto.

Un reclutamiento que se expande y se desplaza

La Defensora del Pueblo subrayó un dato alarmante: la mayoría de menores no son reclutados en la región donde terminan muriendo.

Solo uno de los fallecidos en Guaviare era del departamento. Los demás provenían de:

• Tibú (Catatumbo)

• Nariño

• Cauca

• Putumayo

• Huila

De acuerdo con la Defensoría, el caso confirmado encaja en una tendencia: adolescentes reclutados en varios puntos del país son trasladados al Guaviare y al Meta, donde las disidencias libran disputas territoriales.

El departamento del Cauca lidera las cifras de reclutamiento con 376 casos en 2024, casi la mitad de los reportes nacionales.

¿Suspender o no los bombardeos? El dilema ético y estratégico

Mientras la Defensoría insiste en priorizar otras herramientas del DIH, el Gobierno sostiene que frenar operaciones aéreas podría fortalecer a grupos narcotraficantes con amplio poder de fuego y presencia territorial.

El debate cruzó inevitables líneas políticas:

• Para el Gobierno, suspender bombardeos sería ceder frente al crimen organizado.

• Para la Defensoría, mantenerlos sin verificar plenamente la presencia de menores agrava una tragedia humanitaria.

Ambas visiones muestran un país atrapado entre el deber de proteger la vida de menores reclutados y la necesidad de frenar el avance armado de estructuras ilegales.

¿Qué sigue?

La indagación militar, los reportes de Medicina Legal y las nuevas verificaciones de la Defensoría determinarán si hubo fallas operacionales y si deben revisarse los protocolos.

Mientras tanto, el país enfrenta una herida social profunda: 15 menores muertos en escenarios de guerra que ellos no eligieron.

La discusión está abierta. El desafío es enorme: combatir a los grupos armados sin convertir a los niños reclutados en víctimas adicionales de la guerra.