De la Espriella anuncia protocolo para intervenir en universidades: ¿qué cambiaría con el ingreso de la Policía?
El presidente anunció un protocolo nacional para diferenciar la protesta pacífica de los hechos de vandalismo, violencia o terrorismo. La medida reabre el debate sobre los límites de la autonomía universitaria y las facultades de la Fuerza Pública.
De la Espriella anuncia protocolo para que la Policía pueda intervenir en universidades ante hechos violentos
El Gobierno de Abelardo de la Espriella abrió un nuevo frente de discusión política y jurídica al anunciar un protocolo nacional para determinar cuándo la Fuerza Pública podrá intervenir dentro de las universidades públicas ante hechos de violencia, vandalismo, terrorismo o alteraciones extraordinarias del orden público.
La decisión fue anunciada por el presidente durante una alocución en la que insistió en que la autonomía universitaria no puede convertirse, según su planteamiento, en una barrera frente a la actuación del Estado cuando se cometan delitos dentro de los campus. El mandatario sostuvo que las universidades deben seguir siendo espacios para el conocimiento, el debate y la protesta pacífica, pero no escenarios para preparar ataques o almacenar elementos destinados a la violencia.
El anuncio coloca nuevamente sobre la mesa una discusión que Colombia arrastra desde hace décadas: hasta dónde llega la autonomía universitaria y en qué momento la seguridad y el orden público permiten la intervención de las autoridades dentro de un campus.
El Gobierno quiere diferenciar protesta de violencia
La principal novedad del anuncio es que el Ejecutivo plantea construir un protocolo que establezca criterios para diferenciar una manifestación legítima de una situación que requiera intervención policial.
De acuerdo con lo explicado por De la Espriella, el mecanismo deberá contemplar escenarios de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. La Policía Nacional sería la primera autoridad operativa encargada de responder ante esas circunstancias.
La precisión resulta importante porque el Gobierno no está planteando, al menos en su formulación pública inicial, que la Policía pueda ingresar automáticamente a cualquier universidad ante una protesta.
El argumento presidencial es que la protesta pacífica conserva su protección, mientras que conductas como el vandalismo, la destrucción de infraestructura, los ataques contra civiles o integrantes de la Fuerza Pública y lo que el Gobierno denomina terrorismo urbano deben recibir una respuesta estatal.
El propio mandatario afirmó que esas conductas no pueden ser consideradas parte del ejercicio de la protesta.
“Las universidades no son santuarios de violencia”
La frase que probablemente marcará el debate político fue pronunciada directamente por el presidente: “No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”.
La declaración refleja una de las líneas centrales del Gobierno De la Espriella: llevar su política de seguridad también a escenarios en los que históricamente la intervención de la Fuerza Pública ha estado rodeada de mayores restricciones políticas y sociales.
El presidente sostuvo que la autonomía universitaria existe y no está en discusión, pero planteó que esta no significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios ajenos a la Constitución, la ley o las autoridades estatales.
El punto es precisamente el que genera mayor controversia.
La autonomía universitaria no fue concebida para impedir la investigación de delitos, pero sí busca garantizar que las instituciones de educación superior puedan gobernarse y desarrollar su actividad académica sin interferencias indebidas del poder político. Por eso, definir cómo, cuándo y bajo qué autoridad puede ingresar la Policía será tan importante como establecer qué conductas activan el protocolo.
El rector de la Universidad Nacional pidió un protocolo claro
El anuncio presidencial ya generó reacción en el mundo universitario.
El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, señaló que la intervención de la Policía puede ser contraproducente en determinados escenarios, especialmente cuando dentro de una protesta existen personas que utilizan explosivos, armas u otros elementos peligrosos.
Sin embargo, el rector también coincidió en la necesidad de definir un protocolo. Su posición introduce un matiz relevante: el debate no necesariamente está entre quienes quieren seguridad y quienes quieren autonomía, sino entre qué tipo de intervención resulta efectiva y bajo qué condiciones debe ejecutarse.
La discusión será especialmente sensible en universidades públicas con antecedentes de enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública, donde una intervención mal ejecutada puede escalar rápidamente una protesta y generar nuevos riesgos para estudiantes, profesores, trabajadores y uniformados.
¿Cuándo podría entrar la Policía a una universidad?
El Gobierno todavía debe desarrollar los detalles del protocolo anunciado, pero el presidente mencionó algunos de los escenarios que pretende abordar.
Entre ellos están la preparación de actos vandálicos o terroristas dentro de las instituciones, el almacenamiento de elementos destinados a la violencia y las agresiones contra ciudadanos o miembros de la Fuerza Pública.
La discusión jurídica estará precisamente en establecer cómo se determina que una de esas situaciones está ocurriendo.
No es lo mismo una persona sorprendida en flagrancia cometiendo un delito que una información de inteligencia que advierta sobre una posible actividad ilegal. Tampoco es igual una protesta que termina en enfrentamientos aislados a una situación en la que exista una amenaza concreta contra la vida de estudiantes, ciudadanos o policías.
Por eso, expertos consultados por La FM han planteado que el protocolo debe establecer criterios precisos, mecanismos de coordinación y procedimientos que reduzcan el riesgo de actuaciones arbitrarias.
Inteligencia antes que intervención inmediata
Uno de los elementos que aparece en el debate es la utilización de inteligencia e investigación criminal para identificar previamente a los responsables de hechos violentos.
Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, sostuvo que las universidades no pueden ser consideradas territorios ajenos a las autoridades cuando se comete un delito, pero advirtió que la intervención debe estar sustentada en protocolos claros. También planteó fortalecer las labores de inteligencia y utilizar sistemas de cámaras en accesos y perímetros para identificar a quienes participan en hechos violentos.
Esta alternativa plantea una estrategia diferente a la intervención inmediata: identificar primero, judicializar después y utilizar la fuerza cuando realmente sea necesario.
El debate también involucra la protección de los derechos humanos. Acero advirtió que los ingresos “en caliente” pueden generar consecuencias adicionales y planteó que la actuación de las autoridades debe estar diseñada para enfrentar delitos sin producir una escalada innecesaria de violencia.
Una discusión que también divide políticamente
El anuncio presidencial encontró respaldo entre sectores que consideran que la autonomía universitaria no puede convertirse en una protección para quienes cometen delitos.
El concejal de Bogotá Julián Uscátegui, del Centro Democrático, defendió que la Fuerza Pública pueda ingresar a las universidades cuando existan hechos relacionados con violencia, criminalidad o terrorismo. También planteó utilizar labores de inteligencia para identificar previamente a quienes estarían involucrados en actividades ilegales.
Su posición va más allá del simple ingreso de la Policía y plantea una mayor presencia de organismos de inteligencia y unidades especializadas cuando existan circunstancias que lo justifiquen.
La contraparte de la discusión sostiene que ampliar esas facultades sin establecer límites suficientemente claros podría poner en riesgo la autonomía universitaria y terminar convirtiendo cualquier protesta conflictiva en un asunto de seguridad pública.
Ahí estará uno de los principales desafíos del protocolo.
La autonomía universitaria vuelve al centro de la discusión
En Colombia, la autonomía universitaria ha sido históricamente uno de los principios que protege la independencia de las instituciones de educación superior frente a interferencias externas.
Pero autonomía no significa que una universidad quede por fuera del ordenamiento jurídico.
El verdadero debate está en determinar quién establece que una situación dejó de ser una protesta y se convirtió en una amenaza de seguridad, qué información sustenta esa decisión, quién autoriza la intervención y qué límites tendrá la Fuerza Pública una vez dentro del campus.
La respuesta a esas preguntas será fundamental para evitar dos extremos: que las universidades sean utilizadas como espacios para actividades criminales o que la lucha contra la violencia termine afectando derechos asociados con la protesta, la libertad académica y la autonomía institucional.
El Gobierno abre otro capítulo de su política de seguridad
El anuncio encaja con la orientación general que ha mostrado la administración de De la Espriella desde el comienzo de su mandato, con un énfasis fuerte en seguridad, persecución del delito y recuperación del control estatal.
Ahora esa política llega a un escenario especialmente sensible: las universidades públicas.
El reto del Gobierno será demostrar que el nuevo protocolo no pretende criminalizar la protesta estudiantil, sino establecer una ruta clara para actuar frente a conductas delictivas.
Para las universidades, el desafío será garantizar que sus campus no sean utilizados para actividades violentas y, al mismo tiempo, preservar espacios donde estudiantes y profesores puedan protestar, debatir y cuestionar al poder sin temor a que la presencia policial se convierta en la primera respuesta.
La discusión apenas comienza y probablemente terminará en los tribunales, en el Congreso y en los propios campus universitarios. El punto decisivo no será solamente si la Policía puede entrar a una universidad, sino bajo qué reglas, con qué controles y frente a qué hechos concretos puede hacerlo.
