Dirigentes del fútbol colombiano piden al Congreso castigos más severos para hinchas violentos
Tras los recientes disturbios en los estadios, Dimayor, Santa Fe y Millonarios reclamaron que las sanciones dejen de concentrarse en los clubes y recaigan directamente sobre quienes protagonizan los hechos de violencia.
El fútbol colombiano quiere cambiar las reglas: dirigentes piden castigos directos para los hinchas violentos
La violencia volvió a entrar al campo de juego en Colombia y esta vez los principales dirigentes del fútbol profesional decidieron llevar la discusión al Congreso. El mensaje fue claro: los clubes no quieren seguir pagando las consecuencias de los actos cometidos por personas que pueden ser identificadas individualmente.
El 8 de septiembre, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes realizó un debate de control político sobre la seguridad en los escenarios deportivos, denominado “Paz en los Estadios”, después de una serie de hechos violentos registrados en diferentes ciudades del país.
A la sesión acudieron Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor; Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, y Enrique Camacho, presidente de Millonarios. Los tres coincidieron en que el modelo actual tiene un problema de fondo: existen normas y sanciones, pero en muchos casos quienes protagonizan los disturbios no terminan enfrentando consecuencias proporcionales a sus actuaciones.
La discusión tomó fuerza después de los enfrentamientos entre hinchas de Santa Fe y América de Cali registrados el 22 de agosto en El Campín, donde aficionados de ambos equipos invadieron el terreno de juego y protagonizaron una batalla campal.
“Sancionamos el cemento”: la crítica de Santa Fe
Eduardo Méndez fue uno de los dirigentes que planteó con mayor contundencia la necesidad de cambiar el sistema.
El presidente de Santa Fe cuestionó que las consecuencias terminen recayendo sobre los estadios y los clubes mediante cierres de tribunas, restricciones de aforo o partidos a puerta cerrada, mientras los responsables directos de los disturbios pueden terminar únicamente con un comparendo.
“Nosotros sancionamos el cemento porque no tenemos normas”, fue una de las frases más fuertes de su intervención ante los congresistas.
La posición del dirigente apunta a un problema que afecta directamente la experiencia de miles de aficionados. Cuando una tribuna es cerrada por actos violentos, la medida no distingue necesariamente entre quien participó en una pelea y quien asistió al estadio para ver un partido.
El resultado es que una conducta individual o de un grupo reducido puede terminar afectando a miles de personas y generar pérdidas económicas para un club.
Méndez puso como referencia el caso de Inglaterra y la respuesta institucional frente al fenómeno de los hooligans, defendiendo la necesidad de establecer consecuencias penales más contundentes para quienes conviertan los escenarios deportivos en espacios de violencia.
Dimayor pide judicializar a los responsables
Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, coincidió en que el problema no está necesariamente en la ausencia absoluta de legislación.
Colombia cuenta con normas relacionadas con la seguridad y la convivencia en el fútbol, entre ellas la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1622 de 2022. El problema, según el dirigente, está en la capacidad institucional para hacerlas cumplir y coordinar las herramientas existentes.
Zuluaga señaló que uno de los principales vacíos está en la judicialización de las personas que protagonizan actos de vandalismo. La identificación de los responsables, sostuvo, debe traducirse en consecuencias efectivas y no quedarse únicamente en registros o comparendos.
El dirigente también puso sobre la mesa el potencial de la tecnología. Algunos clubes ya cuentan con sistemas biométricos que podrían facilitar la identificación de personas, pero su efectividad depende de que exista articulación con las bases de datos de las autoridades.
El caso de Millonarios fue utilizado como ejemplo: el club cuenta con herramientas de biometría, pero estas pierden buena parte de su utilidad si no pueden conectarse adecuadamente con la Policía y la Registraduría.
Millonarios cuestiona las decisiones de las comisiones de seguridad
Enrique Camacho, presidente de Millonarios, puso el foco en otro punto sensible: la forma como se toman las decisiones antes de los partidos de alto riesgo.
Los clubes tienen responsabilidad sobre el espectáculo y cuentan con facultades para restringir el ingreso de determinadas personas. Sin embargo, Camacho cuestionó que algunas decisiones adoptadas por los equipos y la Policía puedan terminar modificándose dentro de las comisiones distritales de seguridad y convivencia.
El debate incluye asuntos como el ingreso de hinchadas visitantes, el uso de banderas y elementos de animación y las condiciones de seguridad de cada partido.
En Bogotá, por ejemplo, las autoridades ya habían adoptado medidas contra las hinchadas de Santa Fe y América después de los hechos ocurridos en El Campín. Entre ellas estuvieron cierres de tribunas y restricciones sobre elementos de animación.
La discusión que ahora llega al Congreso es si esas medidas son suficientes o si deben complementarse con mecanismos que permitan identificar, individualizar y excluir de los estadios a quienes efectivamente cometan actos violentos.
El problema no es solamente la falta de leyes
Aquí aparece uno de los puntos más importantes del debate.
Durante la sesión de la Comisión Séptima se expuso que entre 2019 y 2026 se han generado 893 sanciones relacionadas con hechos de violencia en el fútbol, pero solamente 26 habrían sido efectivamente aplicadas, según las cifras presentadas durante el debate.
El dato cambia el sentido de la discusión.
Si existen normas, sanciones y procedimientos, pero una parte considerable de las decisiones no termina ejecutándose, crear una nueva ley podría no ser suficiente.
El desafío estaría también en fortalecer la capacidad de las autoridades para identificar a los responsables, cruzar información, aplicar las sanciones y hacer seguimiento a quienes tienen restricciones de ingreso a los escenarios deportivos.
En otras palabras, el problema podría estar tanto en la legislación como en la ejecución.
La discusión también toca a las barras
Otro aspecto que no puede quedar por fuera es la relación entre las autoridades, los clubes y las barras organizadas.
Los dirigentes plantearon restricciones sobre elementos de animación como banderas y “trapos”, al considerar que en determinados contextos pueden convertirse en instrumentos que facilitan enfrentamientos o dificultan la identificación de quienes participan en actos violentos.
Sin embargo, el debate legislativo tendrá que evitar una generalización peligrosa: no todo barrismo es violencia.
Durante la misma discusión parlamentaria se planteó la necesidad de diferenciar entre las organizaciones de aficionados y las conductas delictivas. El representante Sneider Gómez señaló que la respuesta institucional no puede limitarse exclusivamente al castigo y defendió que las medidas tengan una aplicación efectiva.
Este equilibrio será fundamental. Una política de seguridad eficaz debe perseguir a quienes cometen delitos sin convertir automáticamente a todos los aficionados organizados en un problema de seguridad.
¿Qué podría cambiar si el Congreso modifica las reglas?
La discusión podría avanzar hacia mecanismos más fuertes de individualización de los responsables, registros nacionales de infractores, mayor utilización de sistemas biométricos y restricciones efectivas de ingreso a los estadios.
También podría abrirse el debate sobre sanciones de carácter penal para determinadas conductas cometidas dentro o alrededor de los escenarios deportivos.
Pero cualquier modificación deberá resolver primero una pregunta básica: ¿cómo garantizar que la sanción recaiga sobre quien efectivamente cometió la conducta y no sobre miles de aficionados que no tuvieron ninguna participación?
La experiencia reciente demuestra que cerrar una tribuna puede ser una respuesta rápida, pero no necesariamente una solución estructural.
De El Campín al Congreso: el fútbol entra en una nueva discusión de seguridad
Los disturbios entre Santa Fe y América de Cali fueron el detonante inmediato, pero el problema viene de tiempo atrás. Otros episodios recientes han demostrado que la violencia no está concentrada en una sola ciudad ni corresponde exclusivamente a una rivalidad particular.
Por eso, el debate de la Cámara plantea una discusión mucho más amplia sobre la seguridad en el fútbol colombiano.
La pregunta ya no es solamente qué sanción debe recibir un club después de un disturbio. El debate que ahora se abre es cómo conseguir que la persona que agrede, invade el campo, destruye instalaciones o protagoniza un enfrentamiento sea identificada y responda directamente por sus actos.
El fútbol colombiano tiene una oportunidad para corregir un modelo que durante años ha terminado castigando parcialmente a clubes, estadios y aficionados.
La próxima jugada estará en el Congreso: si se crean nuevas reglas, el reto será conseguir que no sean simplemente más normas sobre el papel, sino herramientas que realmente permitan recuperar la seguridad en los estadios.
