Corte Suprema elige cinco nuevos magistrados que investigarán a congresistas: estos son sus perfiles
Andrea Bermúdez, Patricia Hernández, Javier Fonseca, Susana Quiroz y Adriana Alarcón fueron escogidos por la Sala Plena para ocupar las vacantes de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves 17 de septiembre a los cinco nuevos magistrados que ocuparán las vacantes de la Sala Especial de Instrucción, una de las instancias más sensibles del alto tribunal porque tiene a su cargo la investigación penal de congresistas y otros funcionarios que cuentan con fuero constitucional.
Los elegidos son Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego. La elección se produjo después de un proceso en el que inicialmente participaron 450 aspirantes: 190 mujeres y 260 hombres. La Corte informó que el proceso tuvo en cuenta criterios de paridad de género.
Los nuevos magistrados reemplazarán a Cristina Lombana, César Augusto Reyes Medina, Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda y Héctor Alarcón, cuyos periodos de ocho años terminan el próximo 8 de octubre. Con la decisión, la Corte busca garantizar la continuidad de una sala que tiene competencia sobre investigaciones de alto impacto dentro del Congreso de la República.
¿Quiénes son los cinco nuevos magistrados?
Los perfiles seleccionados tienen trayectorias principalmente vinculadas con el derecho penal, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la Rama Judicial.
Andrea Nataly Bermúdez Sánchez es abogada y ha desarrollado buena parte de su carrera en el Ministerio Público. Fue procuradora judicial en asuntos penales y procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales. También se desempeñó como magistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Patricia del Socorro Hernández Zambrano tiene una extensa trayectoria en la Fiscalía General de la Nación. Se desempeñó como fiscal delegada ante tribunales superiores y desde 2025 ejercía como fiscal delegada ante la propia Corte Suprema de Justicia. Su experiencia está relacionada principalmente con la investigación y la actuación penal.
Javier Fernando Fonseca Alvarado es abogado especializado en derecho penal y cuenta con experiencia como litigante y consultor en asuntos de derecho penal financiero y bursátil. También se desempeñaba como conjuez de la Sala Especial de Instrucción y anteriormente fue subdirector de la Fiscalía General de la Nación.
Susana Quiroz Hernández tiene trayectoria dentro de la Rama Judicial y experiencia en el área penal. Antes de esta elección había formado parte de la lista de candidatos considerada para cubrir la vacante que dejó el magistrado César Augusto Reyes Medina.
Adriana Cecilia Alarcón Gallego cuenta con más de dos décadas de experiencia en la Rama Judicial. Ha ocupado cargos como asistente, abogada auxiliar de magistrado, magistrada encargada y magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura. También fue fiscal y lideró la investigación por el feminicidio de Yuliana Samboní, ocurrido en 2016.
¿Qué hace la Sala Especial de Instrucción?
La importancia de la elección se entiende mejor al conocer las funciones de la dependencia.
La Sala Especial de Instrucción hace parte de la Sala Penal de la Corte Suprema y está encargada de investigar penalmente a los congresistas y a otros funcionarios que tienen fuero constitucional, dentro de las competencias establecidas por la Constitución y la ley.
Durante una investigación, sus magistrados pueden recaudar pruebas y adoptar las decisiones judiciales correspondientes. Si encuentran mérito para avanzar hacia una acusación, el expediente pasa a la Sala Especial de Primera Instancia, que es la encargada de juzgar el caso. Las decisiones de esta última pueden ser apeladas ante la Sala de Casación Penal.
La estructura busca separar las diferentes etapas del proceso. De esta manera, quienes participan en la investigación no son los mismos magistrados encargados de dictar la sentencia en primera instancia.
El esquema se relaciona con la reforma constitucional introducida mediante el Acto Legislativo 01 de 2018, que estableció un sistema de doble instancia para los congresistas y modificó la estructura mediante la cual la Corte conoce de los procesos contra aforados.
Una renovación que llega en un momento político particular
La renovación de cinco de los integrantes de esta sala ocurre mientras Colombia entra en una nueva etapa política y legislativa.
El Congreso que inició su periodo con el nuevo Gobierno tendrá una agenda marcada por proyectos de ley, debates de control político y decisiones con efectos nacionales. Paralelamente, los congresistas continúan sujetos al régimen especial de investigación penal derivado de su condición de aforados.
Por eso, aunque la elección de los magistrados corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema y responde a un procedimiento institucional, sus decisiones futuras tendrán relevancia para el funcionamiento del sistema de justicia y para investigaciones que puedan involucrar a integrantes del Senado y la Cámara.
La función de estos magistrados no consiste en juzgar políticamente a los congresistas. Su tarea está delimitada por la investigación de posibles conductas penales dentro de las competencias que la Constitución y la ley asignan a la Corte.
El proceso de selección tuvo 450 aspirantes
La magnitud del proceso también permite dimensionar la decisión adoptada por la Corte.
De acuerdo con la información divulgada por el alto tribunal, 450 personas participaron inicialmente en la convocatoria, de las cuales 190 eran mujeres y 260 hombres. La Sala Plena terminó seleccionando a cinco juristas para cubrir las vacantes que quedarán disponibles en octubre.
La elección garantiza que la Sala Especial de Instrucción continúe funcionando con la composición requerida, evitando que las cinco vacantes afecten el trámite de los procesos que se encuentran bajo su responsabilidad.
La renovación también incorpora perfiles que ya conocen desde dentro distintas áreas de la administración de justicia. Entre los seleccionados hay experiencia en Fiscalía, Procuraduría, tribunales, despachos de la propia Corte Suprema y otras instancias de la Rama Judicial.
Las controversias alrededor de algunos perfiles
La elección no estuvo completamente alejada de la discusión pública.
Medios como Cambio reportaron cuestionamientos y debates alrededor de algunos de los aspirantes durante el proceso. En particular, ese medio señaló que Javier Fonseca había sido objeto de una queja disciplinaria presentada por la senadora Martha Peralta relacionada con una decisión en la que participó como conjuez de la Sala de Instrucción. Se trata de una controversia reportada públicamente que deberá distinguirse de las funciones que ahora ejercerá como magistrado.
El mismo medio señaló que la elección de Andrea Bermúdez había sido objeto de comentarios previos en círculos judiciales y que su trayectoria incluía su actual condición de magistrada auxiliar de la Corte Suprema. También destacó que Adriana Alarcón se desempeñaba como magistrada auxiliar en un despacho de la Sala Penal.
Estos antecedentes hacen parte del contexto público de la elección, pero no sustituyen la valoración judicial que corresponda sobre eventuales actuaciones disciplinarias o controversias.
Una sala con impacto directo sobre el Congreso
Uno de los aspectos más importantes de la renovación es que los cinco nuevos magistrados llegarán a una dependencia cuya actividad puede tener efectos directos sobre miembros del poder legislativo.
La Sala Especial de Instrucción puede investigar a congresistas por presuntos delitos y, cuando las investigaciones reúnen los requisitos correspondientes, llevar los casos hacia la etapa de acusación. Sin embargo, la existencia de una investigación no equivale por sí misma a una condena: cada proceso debe avanzar conforme a las garantías y etapas establecidas por el ordenamiento jurídico.
En ese sentido, la nueva composición de la Sala tendrá que asumir expedientes existentes y los nuevos procesos que lleguen dentro de su competencia. Su actuación será observada de cerca por el Congreso, la comunidad jurídica y la opinión pública, especialmente en aquellos casos que involucren figuras de alto perfil.
La elección de este jueves marca así el comienzo de una nueva etapa para una de las salas judiciales con mayor incidencia en la relación entre Justicia y Congreso.
