Investigan a funcionario de inteligencia por presunto plan para alterar resultados electorales
Carlos Andrés Oyola fue capturado en Neiva por una investigación relacionada con presuntas alteraciones informáticas en la UNAD. Documentos internos de la DNI, conocidos por Noticias Caracol, lo vincularían con una supuesta operación para atacar los sistemas de la Registraduría durante las elecciones presidenciales de 2026.
La captura de Carlos Andrés Oyola, un ingeniero de sistemas que trabajaba en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), abrió nuevos interrogantes sobre el manejo de información reservada y las actividades que se habrían desarrollado al interior de esa entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.
El funcionario fue detenido el viernes 6 de noviembre de 2026 en Neiva, Huila, en un operativo en el que participaron el Gaula Militar, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional, según los reportes publicados por Noticias Caracol e Infobae.
La captura estaría relacionada con una investigación por presuntas irregularidades informáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), entre ellas la supuesta manipulación de registros académicos. Sin embargo, el caso tomó otra dimensión después de que Noticias Caracol divulgara documentos internos de la DNI que relacionarían a Oyola con accesos a bases de datos estatales, coordinación de hackers y un supuesto plan para intervenir los sistemas de la Registraduría.
Los documentos mencionados por el medio describen una posible operación para alterar resultados electorales. Se trata de un señalamiento de especial gravedad que debe ser investigado y contrastado por las autoridades. Hasta ahora, la información periodística no permite afirmar que los resultados de las elecciones hayan sido modificados ni que el supuesto ataque se haya ejecutado con éxito.
¿Quién es Carlos Andrés Oyola y por qué fue capturado?
Carlos Andrés Oyola es un ingeniero de sistemas nacido en Neiva que ingresó a la Dirección Nacional de Inteligencia en febrero de 2024, de acuerdo con los documentos internos conocidos por Noticias Caracol.
Antes de llegar a la DNI, tuvo vínculos con entidades públicas y actividades relacionadas con el sector político y administrativo. Según la reconstrucción publicada por el medio, en 2018 se vinculó como asistente de una unidad de trabajo legislativo del entonces congresista Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador del Huila.
Posteriormente, obtuvo contratos con entidades estatales y llegó a la DNI, donde fue asignado al grupo de tecnología después de pasar por otras dependencias.
Su captura, realizada el 6 de noviembre, estaría relacionada con una investigación que comenzó en 2023 por presuntas alteraciones informáticas en los sistemas de la UNAD. Según los reportes, Oyola habría accedido irregularmente a plataformas académicas para modificar calificaciones y obtener resultados favorables en programas de posgrado.
Por estos hechos se le atribuyen posibles delitos de acceso abusivo a un sistema informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. La situación jurídica concreta y el alcance de los cargos deben establecerse a partir de las actuaciones y decisiones judiciales correspondientes.
Es importante precisar que la captura se relaciona con el expediente de la UNAD y no demuestra por sí sola su responsabilidad en los señalamientos sobre la Registraduría.
El supuesto plan para atacar los sistemas de la Registraduría
La revelación más delicada de la investigación periodística está en unos documentos internos de la DNI conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.
Según esos registros, Oyola habría liderado una red de personas encargadas de realizar ataques informáticos contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de intervenir los resultados de las elecciones presidenciales de 2026.
Uno de los documentos citados por el medio señala que el funcionario lideraba una red que realizaría trabajos para cambiar resultados de la votación del 21 de junio y ejecutar ataques contra los sistemas de la entidad electoral.
El 21 de junio correspondió a la segunda vuelta presidencial de 2026. La referencia a esa fecha hace especialmente relevante establecer si existió una operación concreta, quiénes habrían participado, qué recursos se utilizaron y si se produjo alguna afectación a la infraestructura tecnológica electoral.
Por ahora, el señalamiento proviene de los documentos internos divulgados por Noticias Caracol. No se debe presentar como un ataque comprobado ni como evidencia de que los resultados oficiales fueron alterados.
La Registraduría y las autoridades judiciales deberán establecer si hubo intentos de intrusión, qué sistemas pudieron estar comprometidos y si existieron consecuencias para la integridad de la información electoral.
Tenía una orden de captura mientras seguía vinculado a la DNI
Otro de los aspectos que genera interrogantes es la situación judicial de Oyola antes de su detención.
De acuerdo con los reportes de Noticias Caracol e Infobae, un juez había emitido una orden de captura en su contra el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial.
Pese a ese requerimiento, el funcionario habría continuado vinculado a la DNI. Noticias Caracol señaló que permanecía activo en la entidad hasta el momento de su captura, el 6 de noviembre.
La investigación periodística también indica que, horas antes de la primera vuelta presidencial, Oyola se encontraba en un inmueble que habría funcionado como una sede o apartamento de fachada de la agencia de inteligencia. Cuando la Fiscalía adelantó un allanamiento, el funcionario habría salido del lugar antes de la llegada de los investigadores.
En el inmueble quedaron computadores, teléfonos y otros dispositivos electrónicos que, según el reporte, fueron puestos a disposición de las autoridades.
Este episodio plantea preguntas sobre los controles internos de la DNI, los procedimientos de verificación de antecedentes y la manera en que se gestionó la permanencia de un funcionario que tenía una orden de captura vigente.
Hackeo a la UNAD y presuntas irregularidades académicas
Los antecedentes que dieron origen a la investigación judicial se remontan a 2023, cuando se detectaron inconsistencias en el historial académico de Oyola en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Según los documentos citados por Noticias Caracol e Infobae, el funcionario habría accedido a los sistemas de la institución para modificar calificaciones relacionadas con una especialización en Gestión Pública y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas.
La universidad habría identificado inconsistencias en sus registros académicos y trasladado el caso a las instancias correspondientes.
La investigación también señala que Oyola habría presentado documentación académica cuestionada para respaldar su experiencia en un contrato estatal. Uno de los aspectos mencionados es que el contrato fue firmado en octubre de 2022, mientras que la fecha de grado de una de las especializaciones que habría acreditado aparecía registrada en noviembre de ese mismo año.
Estos antecedentes hacen parte de la investigación por presuntos delitos informáticos y documentales. Su alcance y responsabilidad deberán ser establecidos en el proceso judicial.
Los documentos también mencionan hackers y activistas digitales
Los informes internos divulgados por Noticias Caracol describen otras actividades que Oyola habría desarrollado dentro de la DNI.
Entre ellas aparece la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers. Los documentos también lo relacionarían con accesos a bases de datos de entidades estatales para que dependencias de contrainteligencia pudieran consultar esa información.
Según uno de los registros citados, los datos habrían sido alojados en una nube y posteriormente se habrían perdido.
El medio también informó que los documentos mencionan reuniones de Oyola con la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Sin embargo, la información divulgada no establece por sí misma el propósito de esos encuentros ni demuestra que la funcionaria estuviera involucrada en las actividades que se investigan.
La mención de una reunión en un documento interno no constituye evidencia de participación en una conducta irregular.
La pérdida del sistema de inteligencia y contrainteligencia
Otro punto que aparece en los informes conocidos por Noticias Caracol e Infobae está relacionado con el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, identificado como SIIC versión 2.
Esta plataforma debía permitir registrar las misiones y operaciones de la entidad. De acuerdo con un informe enviado a la Presidencia en septiembre de 2026, Oyola habría estado relacionado con el desarrollo del sistema, pero no habría entregado los resultados previstos.
El documento citado por el medio señala que el funcionario presuntamente perdió el computador en el que trabajaba y que no habría entregado el proyecto.
La situación genera cuestionamientos sobre la seguridad de la información, la custodia de equipos y la trazabilidad de las operaciones de inteligencia. También plantea la necesidad de establecer qué información estaba almacenada en ese equipo, si existían copias de respaldo y qué medidas tomó la entidad después de conocer la pérdida.
¿Qué debe esclarecer la Fiscalía?
La captura de Oyola representa un avance dentro de la investigación relacionada con la UNAD, pero los documentos divulgados sobre su posible participación en actividades de la DNI abren un frente adicional.
Entre los asuntos que requieren esclarecimiento están la posible intervención de sistemas de entidades estatales, el supuesto plan contra la Registraduría, la identidad de otras personas que habrían participado, el manejo de dispositivos incautados y la permanencia del funcionario en la agencia pese a la orden de captura.
También será necesario establecer si existieron instrucciones de superiores, quién autorizó las actividades descritas en los informes internos y si se utilizaron recursos públicos para operaciones ajenas a las funciones legales de inteligencia.
El caso trasciende la situación individual de Oyola. Si se comprueba que desde una entidad estatal se intentó intervenir la infraestructura electoral, estaríamos ante un asunto que comprometería garantías institucionales esenciales para la democracia. Pero esa conclusión depende de pruebas y decisiones de las autoridades, no únicamente de los señalamientos conocidos hasta ahora.
La investigación deberá establecer qué hizo Carlos Oyola, quiénes más habrían participado y si existió una operación para afectar los sistemas electorales. Por ahora, la captura por el caso de la UNAD y los documentos divulgados sobre la DNI son dos elementos relacionados, pero jurídicamente distintos, que deben ser esclarecidos sin anticipar responsabilidades.
