Capturan al alcalde y al exalcalde de Ataco por investigación sobre contratos de $21.550 millones
Héctor Fabio Muñoz y Miller Aldana fueron capturados junto con una contratista por una investigación de la Fiscalía relacionada con contratos para construir 1.170 baterías sanitarias rurales financiados con regalías. La Gobernación del Tolima espera la decisión judicial para definir quién quedará encargado de la Alcaldía.
Capturan al alcalde de Ataco y a su antecesor
El alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz Briñez, y el exalcalde Miller Aldana Castro fueron capturados el 29 de septiembre de 2026 en el marco de una investigación de la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
Junto con los dos mandatarios también fue capturada una contratista vinculada al proceso. Las detenciones fueron realizadas por integrantes de la Dijín de la Policía Nacional en procedimientos adelantados en Ataco y Florencia, Caquetá.
La investigación está relacionada con un proyecto para la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales de Ataco, cuyo financiamiento ascendió a $21.550 millones provenientes del Sistema General de Regalías.
De acuerdo con la Fiscalía, los tres capturados se habrían articulado para direccionar un contrato de obra y otros dos contratos de interventoría relacionados con el proyecto.
¿Qué investiga la Fiscalía?
El caso se concentra en contratos suscritos entre junio y agosto de 2022, durante la administración de Miller Aldana, cuando Ataco pudo acceder a recursos del Sistema General de Regalías a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión —OCAD Paz—.
La condición de Ataco como municipio incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) permitió acceder a recursos destinados a atender necesidades de comunidades afectadas por el conflicto armado.
La Fiscalía sostiene que el contrato de obra y los dos contratos de interventoría habrían sido direccionados irregularmente.
El proyecto, que contemplaba la construcción de las unidades sanitarias en sectores rurales, permanece inconcluso, según la información entregada por el ente investigador.
La investigación busca establecer las responsabilidades individuales de los funcionarios y la contratista que fueron capturados.
Los delitos que serían imputados
Según la información conocida sobre el proceso, la Fiscalía llevará a los tres capturados ante un juez de control de garantías.
El ente investigador anunció que, de acuerdo con los elementos recopilados y la posible responsabilidad de cada uno, buscará imputar los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado.
La imputación no equivale a una condena. Será la justicia la encargada de determinar si existen responsabilidades penales y, eventualmente, si las pruebas permiten establecer la comisión de los delitos investigados.
¿Qué dijo el alcalde Héctor Fabio Muñoz?
Después de conocer el procedimiento, Muñoz confirmó públicamente su captura y señaló que la investigación está relacionada con un contrato para la construcción de unidades sanitarias que se originó durante la administración anterior.
El mandatario afirmó que fue sorprendido por el procedimiento y manifestó que rendiría las declaraciones correspondientes ante las autoridades.
También sostuvo que confía en que la justicia valore las pruebas y establezca con precisión lo ocurrido con el proyecto.
La explicación del alcalde introduce uno de los elementos centrales del caso: aunque el contrato fue iniciado durante la administración de Miller Aldana, el proyecto tuvo continuidad durante el gobierno de Muñoz.
Precisamente, la Fiscalía deberá establecer cuál fue la actuación concreta de cada uno de los involucrados y qué responsabilidad individual podría derivarse de sus actuaciones.
¿Qué pasará con la Alcaldía de Ataco?
La captura del mandatario dejó abierta una pregunta administrativa inmediata: quién ejercerá temporalmente las funciones de alcalde de Ataco.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, explicó que la Gobernación está esperando la decisión judicial sobre la situación jurídica de Muñoz antes de adoptar una determinación administrativa.
Según lo explicado por la mandataria, primero debe conocerse si el juez ordena mantener una medida de aseguramiento que le impida al alcalde ejercer sus funciones o si recupera la libertad. A partir de esa decisión se definirá el trámite correspondiente.
Matiz también señaló que, si se requiere designar un alcalde encargado, existe una particularidad relacionada con el partido que respaldó la elección del mandatario, por lo que la Gobernación está revisando jurídicamente el procedimiento que correspondería aplicar.
Por ahora, no se ha designado un alcalde encargado de Ataco.
Un proyecto de $21.550 millones que quedó bajo investigación
El caso tiene una dimensión adicional porque los recursos comprometidos estaban destinados a una necesidad básica de las comunidades rurales: el acceso a unidades sanitarias.
La investigación de la Fiscalía señala que los contratos buscaban construir 1.170 baterías sanitarias y que el proyecto permanece inconcluso pese a la millonaria inversión proveniente de regalías.
La situación pone bajo revisión no solo la actuación de los funcionarios capturados, sino también el proceso contractual, la ejecución de las obras, la interventoría y el destino de los recursos públicos.
Estos aspectos tendrán que ser esclarecidos dentro del proceso judicial.
¿Qué sigue en el proceso?
El siguiente paso será la presentación de los capturados ante un juez de control de garantías, donde se desarrollarán las audiencias correspondientes.
En esa etapa se definirá la legalidad de las capturas, se formulará la imputación de cargos y, si la Fiscalía solicita una medida de aseguramiento, el juez deberá decidir si existen los presupuestos legales para imponerla.
Mientras avanza el proceso, tanto Héctor Fabio Muñoz como Miller Aldana conservan la presunción de inocencia.
El caso también tendrá consecuencias administrativas para Ataco dependiendo de la decisión judicial sobre el actual mandatario.
Por ahora, la certeza es que la Fiscalía investiga un proyecto de $21.550 millones financiado con regalías, que tres personas fueron capturadas y que la ejecución de las obras permanece bajo cuestionamiento judicial. La responsabilidad penal individual todavía deberá ser determinada por los jueces.
