Santiago Uribe pierde nueva impugnación y se mantiene su condena de 28 años y cuatro meses.
Corte Suprema mantiene en firme condena de Santiago Uribe por caso de los 12 Apóstoles
La Sala de Casación Laboral negó la impugnación presentada por la defensa contra un fallo de tutela. La decisión mantiene la pena de 340 meses de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en el proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, luego de negar una nueva impugnación presentada por su defensa. La decisión fue adoptada el 5 de noviembre de 2026 por la Sala de Casación Laboral, con ponencia del magistrado Omar Ángel Mejía Amador.
El fallo resolvió el recurso presentado contra una decisión anterior que había negado una tutela con la que los abogados de Uribe buscaban reabrir la posibilidad de presentar un recurso extraordinario de casación. Con esta determinación, se mantiene la pena de 340 meses de prisión, equivalentes a 28 años y cuatro meses, impuesta por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
El proceso está relacionado con la estructura armada ilegal conocida como Los 12 Apóstoles, señalada de cometer homicidios y otros hechos violentos en el norte de Antioquia durante la década de 1990.
¿Qué decidió la Corte Suprema?
La Sala de Casación Laboral confirmó la negativa de la tutela promovida por la defensa de Santiago Uribe. Los abogados buscaban que se protegieran sus derechos fundamentales y que se habilitara un nuevo término para presentar una demanda de casación contra la decisión que confirmó su condena.
La defensa argumentaba que se habían afectado garantías como el debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia. También cuestionaba que no se le hubiera permitido avanzar con el recurso extraordinario de casación después de que la Sala Penal resolviera la impugnación especial.
Sin embargo, la Sala Laboral concluyó que no existían razones para conceder el amparo. Según la interpretación judicial, la impugnación especial ya había permitido una revisión integral de la primera condena emitida en segunda instancia y no daba lugar a abrir una tercera instancia mediante la casación.
La Corte también señaló que la improcedencia de ese recurso aplica a procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, régimen procesal que cobija este expediente.
La ruta judicial de Santiago Uribe
La decisión de noviembre es el resultado de un proceso que ha tenido varias etapas:
- 13 de noviembre de 2024: el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia absolvió a Santiago Uribe de los cargos relacionados con el caso.
- 25 de noviembre de 2025: el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución y lo declaró penalmente responsable por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
- 3 de junio de 2026: la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema resolvió la impugnación especial de la defensa y confirmó la condena.
- 5 de junio de 2026: la Sala Penal rechazó el recurso extraordinario de casación que intentó presentar la defensa.
- 30 de septiembre de 2026: una decisión de tutela negó el amparo solicitado por los abogados de Uribe.
- 5 de noviembre de 2026: la Sala de Casación Laboral negó la impugnación contra esa decisión y mantuvo el resultado.
La secuencia es importante para entender que el fallo más reciente no impuso una pena nueva: resolvió otro intento de la defensa por cuestionar el trámite que llevó a confirmar la condena.
¿Por qué fue condenado Santiago Uribe?
La sentencia del Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución que había favorecido al empresario y lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
El expediente está relacionado con la conformación y el funcionamiento de Los 12 Apóstoles, estructura paramilitar que operó en municipios del norte antioqueño durante los años noventa. Entre los hechos examinados por la justicia está el asesinato de Camilo Barrientos Durán, conductor de transporte público, ocurrido en 1994.
En junio de 2026, al confirmar la condena, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema revisó los argumentos de la defensa y los elementos probatorios valorados en el proceso. La decisión mantuvo la responsabilidad penal establecida por el Tribunal Superior de Antioquia.
La condena también contempla una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años y la privación del derecho a tener y portar armas durante 54 meses.
¿Qué significa que la condena quede en firme?
La decisión del 5 de noviembre cierra el camino de la tutela que buscaba habilitar una nueva presentación del recurso extraordinario de casación. En consecuencia, se mantiene la condena confirmada previamente por la Sala Penal de la Corte Suprema.
Esto no significa que la Corte haya realizado un nuevo juicio sobre los hechos. Lo que examinó en esta última actuación fue si la decisión que negó la tutela debía revocarse por una eventual vulneración de derechos fundamentales. La Sala Laboral concluyó que no había motivos para hacerlo.
El expediente puede ser remitido a la Corte Constitucional para su eventual selección y revisión, como ocurre con las acciones de tutela. Esa posibilidad no equivale a que exista una nueva instancia penal ni suspende automáticamente los efectos de las decisiones adoptadas.
Un caso que marcó la historia judicial de Antioquia
El proceso contra Santiago Uribe se convirtió en uno de los casos judiciales más conocidos relacionados con las estructuras paramilitares que operaron en Antioquia durante los años noventa.
La discusión judicial pasó por una absolución en primera instancia, una condena en segunda instancia y la revisión de la Sala Penal de la Corte Suprema mediante la figura de la impugnación especial. Después de esos pronunciamientos, la defensa acudió a mecanismos constitucionales para cuestionar el trámite de los recursos.
Con la decisión más reciente, la condena de 340 meses de prisión permanece vigente. El caso continúa siendo relevante para el debate sobre la responsabilidad penal por hechos de violencia atribuidos a estructuras paramilitares y las garantías procesales de las personas condenadas.
