Vicepresidente exige investigar denuncias de espionaje durante el gobierno Petro
José Manuel Restrepo reaccionó a un informe interno de 26 páginas que advierte sobre posibles seguimientos a expresidentes, presuntas maniobras para incidir en elecciones y cuestionamientos al manejo de recursos de la Dirección Nacional de Inteligencia.
El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, pidió adelantar una investigación de fondo sobre las presuntas irregularidades que habrían ocurrido en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro. Su pronunciamiento se produjo después de que Noticias Caracol divulgara documentos reservados que describirían posibles operaciones de espionaje contra expresidentes y exvicepresidentes, además de supuestos intentos de interferir en procesos electorales.
A través de su cuenta en la red social X, Restrepo calificó las revelaciones como preocupantes y sostuvo que las actuaciones descritas en los documentos dejan interrogantes sobre el uso de las capacidades de la agencia de inteligencia.
“Esto merece una investigación de fondo y actuaciones contra los responsables directos e indirectos”, expresó el vicepresidente.
La reacción se conoce en medio de la controversia por el funcionamiento de la DNI durante la administración anterior y pocos días después de la captura de Carlos Andrés Oyola, funcionario de esa entidad investigado por presuntas irregularidades informáticas. Los dos asuntos aparecen relacionados en las revelaciones periodísticas, aunque corresponden a señalamientos y actuaciones que deben examinarse por separado.
¿Qué dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo?
Restrepo reaccionó a la investigación divulgada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que tuvo acceso a un informe reservado de 26 páginas elaborado en julio de 2026 como parte del proceso de empalme de la Dirección Nacional de Inteligencia.
El vicepresidente afirmó que cada nueva información conocida sobre el funcionamiento de la entidad resulta más preocupante y cuestionó el posible uso de las capacidades de inteligencia del Estado para propósitos distintos a sus funciones legales.
En su mensaje también sostuvo que las revelaciones podrían comprometer asuntos relacionados con la democracia y la seguridad institucional del país.
Su pronunciamiento tiene un alcance político e institucional: pidió que las autoridades investiguen los hechos y establezcan si hubo responsables directos o indirectos. No obstante, su declaración no constituye una conclusión judicial sobre la veracidad de todos los señalamientos contenidos en el informe.
El informe que advierte sobre un posible espionaje a expresidentes
Uno de los apartados más delicados del documento conocido por Noticias Caracol se refiere a la supuesta instalación de micrófonos y dispositivos de geolocalización GPS en vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.
Según el informe, una fuente humana habría advertido que la DNI contemplaba acondicionar esos automotores con equipos que permitieran registrar conversaciones y conocer los desplazamientos de las personas protegidas.
El documento relaciona esa posibilidad con el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual se incluyó a la DNI entre las entidades que participarían en la asignación de vehículos destinados a los esquemas de seguridad de antiguos mandatarios.
La disposición también menciona al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El informe cuestiona la participación de la agencia de inteligencia en ese procedimiento y plantea que podría haber facilitado labores de seguimiento sobre los beneficiarios de los esquemas.
Juan Carlos Restrepo, exconsejero de Seguridad Nacional y exinspector de la DNI, señaló a Noticias Caracol que, si se confirmara la intención de instalar dispositivos de vigilancia en esos vehículos, la entidad habría actuado por fuera de sus competencias.
Sin embargo, el documento describe un presunto plan y una alerta de una fuente humana. No demuestra por sí solo que los micrófonos o dispositivos GPS hayan sido instalados ni que se hayan realizado interceptaciones o seguimientos efectivos.
Presuntas maniobras para incidir en las elecciones
El informe también contiene señalamientos sobre posibles actuaciones para interferir en las elecciones presidenciales de 2026.
Esta parte de las revelaciones adquiere relevancia por su conexión con el caso de Carlos Andrés Oyola, funcionario de la DNI capturado el 6 de noviembre en Neiva, Huila.
De acuerdo con documentos internos divulgados por Noticias Caracol, Oyola habría tenido relación con una red de personas que presuntamente buscaba atacar los sistemas de la Registraduría para afectar los resultados electorales.
La captura del funcionario, sin embargo, está relacionada con una investigación por presuntas alteraciones informáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Los señalamientos sobre el supuesto plan contra la Registraduría constituyen un frente distinto que requiere esclarecimiento.
Hasta ahora, la información divulgada no permite afirmar que los resultados oficiales de las elecciones hayan sido modificados ni que se haya concretado un ataque exitoso contra la infraestructura tecnológica electoral.
La investigación deberá determinar si existieron intentos de intrusión, quiénes habrían participado y si se utilizaron recursos o capacidades de la DNI para propósitos diferentes a los establecidos legalmente.
El informe también menciona una sede clandestina y posibles irregularidades tecnológicas
Las revelaciones periodísticas no se limitan a los presuntos seguimientos y a los asuntos electorales.
El documento de empalme también menciona una vivienda en Bogotá que habría funcionado como una instalación operativa no registrada oficialmente por la DNI. Según la información publicada por Noticias Caracol, la casa habría sido desocupada después de las elecciones presidenciales y los registros sobre su funcionamiento habrían desaparecido de los archivos de la entidad.
Otro apartado plantea una alerta sobre computadores y teléfonos que habrían sido entregados a funcionarios de inteligencia después de un viaje de capacitación a Moscú, Rusia. El informe advierte sobre la posibilidad de que esos equipos contuvieran programas maliciosos destinados a acceder a información de la agencia.
Por esa razón, el documento recomendó una revisión forense de los dispositivos.
También aparecen cuestionamientos sobre compras tecnológicas, equipos antidrones, sistemas de detección biométrica y otras adquisiciones que, según los reportes, habrían presentado problemas de funcionamiento, implementación o cumplimiento contractual.
Estos asuntos requieren verificaciones técnicas, contractuales y fiscales. La existencia de observaciones en un informe interno no equivale automáticamente a la demostración de un detrimento patrimonial o de una conducta penal.
Los interrogantes sobre los controles de la Dirección Nacional de Inteligencia
El conjunto de señalamientos pone bajo discusión los mecanismos de control de una entidad que maneja información reservada y capacidades especiales de inteligencia y contrainteligencia.
Entre los asuntos que deberán esclarecerse están la posible existencia de operaciones de seguimiento contra antiguos mandatarios, el uso de vehículos y dispositivos tecnológicos, la eventual participación de funcionarios en actividades relacionadas con procesos electorales y la trazabilidad de los recursos utilizados.
También será necesario establecer qué instrucciones recibieron los funcionarios, quién autorizó las operaciones mencionadas y si las actividades descritas tenían respaldo legal y controles institucionales.
Noticias Caracol informó que buscó la versión de los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno de Petro, Rafael Guarín y Jorge Lemus, así como de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, pero no obtuvo respuesta para esa publicación.
El pronunciamiento de Restrepo agrega presión política para que las autoridades competentes aclaren los hechos. Sin embargo, las investigaciones deben establecer responsabilidades con base en pruebas y respetando las garantías de las personas mencionadas.
¿Qué sigue tras las denuncias contra la DNI?
El principal desafío ahora es establecer qué hechos pueden comprobarse y cuáles corresponden a alertas, hipótesis o interpretaciones contenidas en los documentos reservados.
La Fiscalía deberá determinar si existen elementos para abrir o ampliar investigaciones penales. Los organismos de control, por su parte, tendrán que establecer si hubo irregularidades disciplinarias, fiscales o administrativas en el funcionamiento de la entidad.
También será importante conocer la respuesta institucional de la DNI y de la Registraduría frente a las alertas sobre posibles operaciones de vigilancia e interferencia electoral.
Las capacidades de inteligencia del Estado están sometidas a límites legales y controles. Su utilización no puede orientarse a perseguir adversarios políticos, interferir en elecciones ni vulnerar derechos fundamentales.
El llamado del vicepresidente José Manuel Restrepo abre un nuevo capítulo en la controversia por el funcionamiento de la DNI durante el gobierno Petro. La prioridad será determinar si las actividades descritas en los documentos ocurrieron, quiénes las autorizaron y si hubo utilización irregular de recursos y capacidades del Estado.
