Fiscalía y Procuraduría indagan denuncias sobre contratos durante el Gobierno Petro
La Fiscalía abrió una noticia criminal y la Procuraduría una indagación previa tras las declaraciones de Deicy Jiménez sobre presuntas irregularidades en la contratación estatal. Gustavo Petro negó haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales y María José Pizarro rechazó los señalamientos.
Las declaraciones de Deicy Alejandra Jiménez sobre presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales desencadenaron nuevas actuaciones institucionales en Colombia. Este lunes 26 de octubre de 2026 se conoció que la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar posibles irregularidades en la contratación durante el Gobierno de Gustavo Petro, mientras la Procuraduría General de la Nación confirmó una indagación previa sobre hechos que podrían involucrar a funcionarios de varias entidades públicas.
El caso también llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante una denuncia presentada por la veeduría Colombia Transparente contra el expresidente Petro y la excongresista María José Pizarro. Por ahora, la radicación de ese documento no equivale a una imputación de cargos ni demuestra que los hechos denunciados hayan ocurrido.
En medio de la controversia, Pizarro rechazó las acusaciones y afirmó que se pretende convertir menciones sin pruebas en una condena pública. Petro, por su parte, negó haber utilizado el poder público para obtener relaciones sexuales.
¿Qué investigan la Fiscalía y la Procuraduría?
La Fiscalía abrió una noticia criminal para establecer si existieron irregularidades en la asignación de contratos estatales y si estos pudieron estar relacionados con beneficios personales indebidos. Según la información publicada por Infobae, la actuación se inició el 23 de octubre y contempla, entre otros elementos, las declaraciones de Jiménez y las denuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
La investigación parte inicialmente de una posible conducta de abuso de función pública. La Fiscalía podrá examinar otras hipótesis si encuentra elementos que las sustenten, o cerrar la actuación si no identifica irregularidades.
La Procuraduría, a su vez, confirmó oficialmente que abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y Nacional de Salud.
El organismo de control busca establecer quiénes pudieron intervenir en los hechos, precisar las conductas que deben examinarse y verificar si se presentaron posibles extralimitaciones de funciones, acoso o violencia de género en la suscripción de contratos y órdenes de prestación de servicios.
Como parte de las diligencias, solicitó a las entidades involucradas una relación de las mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios desde 2019 hasta la fecha. La entidad aclaró que su actuación busca individualizar a los posibles responsables y reunir elementos para determinar lo ocurrido.
La apertura de estas actuaciones no significa que los organismos hayan confirmado las denuncias. Su propósito es precisamente establecer si existen elementos que permitan avanzar en los procesos.
La denuncia presentada ante la Corte Suprema
La veeduría Colombia Transparente presentó una denuncia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la que menciona a Gustavo Petro y María José Pizarro por presuntas irregularidades contractuales. El documento plantea que se debe examinar la posible intervención de terceros en la gestión de contratos públicos.
Según la información publicada por Infobae, la denuncia relaciona a Jiménez con contratos en el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. También menciona un vínculo contractual con una unidad de trabajo legislativo durante el periodo en que Pizarro ocupó una posición directiva en el Senado.
La existencia de contratos públicos puede comprobarse mediante registros administrativos, pero esos documentos no demuestran por sí mismos que se hubieran celebrado a cambio de relaciones sexuales ni que las personas mencionadas hayan cometido una conducta ilegal. Para establecerlo se requiere examinar los procedimientos de contratación, sus objetos, la ejecución de los servicios, los soportes documentales y las declaraciones que se incorporen a las actuaciones.
La Corte deberá evaluar la denuncia y determinar el trámite que corresponda. La presentación de un escrito no implica que el alto tribunal haya concluido que existe responsabilidad de las personas señaladas.
¿Qué dijo María José Pizarro?
La excongresista del Pacto Histórico rechazó los señalamientos y sostuvo que su nombre está siendo vinculado a una controversia sin pruebas concluyentes. En una publicación en su cuenta de X, aseguró que enfrenta una estrategia de desprestigio y cuestionó la difusión de versiones que, en su opinión, buscan producir una condena social antes de que se establezcan los hechos.
Pizarro afirmó que no respaldaría actuaciones como las que se sugieren en las denuncias y defendió su trayectoria política y su trabajo por los derechos de las mujeres.
“Jamás cohonestaré con una situación como la que se insinúa”, expresó en su pronunciamiento, en el que también sostuvo que sus convicciones y su trabajo público no pueden ser reemplazados por señalamientos que considera infundados.
Su nombre aparece en la denuncia por la referencia de Jiménez a un contrato asociado con el periodo en que Pizarro ejerció funciones directivas en el Senado. Esa mención, sin embargo, no establece por sí misma que la excongresista haya intervenido de manera irregular ni que conociera o participara en un eventual intercambio indebido.
Pizarro también cuestionó lo que calificó como una campaña de desprestigio y aseguró que continuará defendiendo su posición públicamente.
Petro negó haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales
El expresidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones divulgadas a partir del testimonio de Jiménez. En un comunicado publicado el 25 de octubre, negó haber entregado contratos estatales a cambio de relaciones sexuales y aseguró que nunca utilizó el poder público con ese propósito.
Petro también cuestionó la divulgación de aspectos de su vida íntima y sostuvo que las acusaciones forman parte de una operación en su contra. Su pronunciamiento no mencionó a Jiménez por nombre propio, según el seguimiento de La Silla Vacía.
La respuesta del exmandatario debe considerarse junto con el testimonio de la denunciante y la información documental que puedan recopilar las autoridades. Ni las declaraciones de una parte ni la negación de la otra sustituyen la verificación judicial de los hechos.
En su testimonio público, Jiménez aseguró que conoció a Petro en 2019 y que posteriormente obtuvo vinculaciones con entidades estatales. También afirmó que otras mujeres habrían recibido contratos bajo circunstancias semejantes. Esas afirmaciones deben ser contrastadas con los registros oficiales y las declaraciones de las personas involucradas.
Infobae reportó cinco contratos que suman cerca de $100,1 millones, relacionados con servicios de archivo, digitación, organización documental y apoyo a la gestión en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. La información publicada sobre los vínculos contractuales no permite concluir, por sí sola, que existiera una contraprestación sexual o una irregularidad administrativa.
Las autoridades tendrán que determinar, entre otros aspectos, quién solicitó o tramitó cada contratación, si los servicios se prestaron, qué funcionarios intervinieron y si hubo presiones, intermediarios o decisiones contrarias a las reglas de contratación pública.
También deberán verificar por separado la afirmación de Jiménez sobre otras 30 o 40 mujeres. Esa cifra corresponde a su testimonio y no debe presentarse como un número de casos comprobados.
Centro Democrático plantea promover una pérdida de investidura
En paralelo a las actuaciones judiciales y disciplinarias, el exsenador José Obdulio Gaviria hizo un llamado a la bancada del Centro Democrático y a congresistas aliados para promover una acción de pérdida de investidura contra Petro y Pizarro. También planteó una acción de indignidad contra el expresidente, con referencia a disposiciones constitucionales.
Gaviria argumentó que la pérdida de investidura podría tener consecuencias políticas para antiguos congresistas. Sin embargo, lo divulgado hasta ahora corresponde a una iniciativa anunciada públicamente: no debe confundirse con una demanda cuya admisión o decisión haya sido confirmada por una autoridad judicial.
La procedencia jurídica de cualquier acción deberá evaluarse conforme a las normas aplicables, la condición de las personas involucradas, los hechos que se aleguen y la competencia del órgano que deba conocerla. Tampoco es correcto afirmar que una pérdida de investidura ya fue decretada o que sus consecuencias están definidas.
La discusión política se desarrolla, por tanto, en paralelo a las actuaciones institucionales y no reemplaza la obligación de verificar las denuncias.
Qué sigue en el caso
En los próximos días, la atención estará puesta en las diligencias de la Fiscalía, los requerimientos de la Procuraduría y el trámite que la Corte Suprema dé a la denuncia recibida. La documentación contractual y los testimonios serán determinantes para establecer si existen elementos que permitan avanzar hacia etapas procesales posteriores.
Por ahora, los hechos conocidos corresponden a denuncias, respuestas públicas y actuaciones preliminares. No existe en la información consultada una decisión judicial que declare responsables a Gustavo Petro o María José Pizarro por los señalamientos divulgados.
El seguimiento periodístico deberá distinguir entre los contratos que aparecen en registros públicos, las afirmaciones de la denunciante, las respuestas de los mencionados y las conclusiones que eventualmente adopten las autoridades.
Consulte las fuentes oficiales y siga la cobertura de Café Político para conocer los avances de las investigaciones. Comparta esta información y participe en el debate con respeto por la presunción de inocencia y la verificación de los hechos.
