Atlántico

Barranquilla y Puerto Colombia: tribunal ordena corregir mapa de límites

Comparte con tus amigos

El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó al IGAC modificar la representación cartográfica de la zona en disputa y entregar información catastral a Barranquilla. El Congreso conserva la competencia para definir los límites territoriales definitivos.

La disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia sumó un nuevo capítulo judicial. El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) corregir la información cartográfica utilizada para representar los límites entre ambos territorios y dispuso la entrega de la base catastral de los predios en controversia al Distrito de Barranquilla.

La decisión, adoptada mediante una sentencia del 28 de octubre de 2026 dentro de una acción popular promovida por la Alcaldía de Barranquilla, tiene efectos sobre la forma en que se representa oficialmente la zona, el intercambio de información de los inmuebles y la coordinación entre las administraciones involucradas.

Sin embargo, el fallo no significa que Barranquilla haya incorporado definitivamente las más de 1.400 hectáreas reclamadas ni que Puerto Colombia haya perdido automáticamente su jurisdicción sobre esos terrenos. La definición de los límites continúa en manos del Congreso de la República.

El conflicto comprende sectores como Villa Campestre, Ciudad Mallorquín y el Corredor Universitario, donde se encuentran universidades, colegios, centros comerciales, hospitales y desarrollos residenciales.

¿Qué ordenó el Tribunal Administrativo del Atlántico?

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la actualización de la plataforma Colombia en Mapas, administrada por el IGAC.

El Tribunal ordenó que la entidad deje de presentar como única referencia oficial vigente la línea territorial asociada a la Ordenanza 075 de 2009, que fue anulada judicialmente.

En su lugar, el instituto deberá publicar una representación cartográfica que identifique la zona como un territorio de límite dudoso y muestre con igual jerarquía visual las líneas reclamadas por Barranquilla y Puerto Colombia.

La nueva presentación deberá incluir una advertencia expresa: las líneas representadas no constituyen una definición jurídica definitiva de los límites territoriales ni implican un traslado de jurisdicción.

El plazo establecido para realizar esta modificación es de 30 días contados a partir de la notificación de la sentencia.

La decisión también contempla conservar la cartografía histórica en una capa independiente y mostrar información sobre el estado del proceso de deslinde que se encuentra en el Congreso.

Barranquilla recibirá información catastral de los predios en disputa

Otro componente de la decisión tiene que ver con la información de los inmuebles ubicados en la zona limítrofe.

El Tribunal ordenó al Área Metropolitana de Barranquilla entregar al Distrito una copia completa y organizada de la base catastral correspondiente a los predios en controversia, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del fallo.

La información incluye datos físicos, jurídicos, económicos y geométricos, además de avalúos, antecedentes y trámites catastrales vigentes.

El propósito es facilitar el intercambio de información entre las entidades y detectar posibles inconsistencias en los registros de los inmuebles.

El fallo también hizo referencia a posibles situaciones de duplicidad o superposición catastral en decenas de predios. Por eso, ordenó que Barranquilla, Puerto Colombia y el Área Metropolitana adelanten un diagnóstico conjunto.

Además, las secretarías de Hacienda de ambos territorios deberán identificar posibles casos de doble facturación, fiscalización o cobro de impuestos sobre un mismo inmueble y periodo.

La entrega de esta información tendrá carácter provisional y no modifica por sí misma las competencias de las autoridades responsables de administrar el catastro.

¿Qué pasará con Villa Campestre, Ciudad Mallorquín y el Corredor Universitario?

Estos sectores concentran buena parte del interés económico y político de la controversia.

La disputa comprende aproximadamente 1.402 hectáreas y tiene implicaciones para zonas residenciales, instituciones educativas, centros de salud y establecimientos comerciales.

En agosto de 2026, el IGAC presentó ante el Congreso una propuesta técnica de deslinde que favorece la posición histórica de Barranquilla en aproximadamente 1.036 hectáreas, equivalentes a cerca del 90 % del área discutida.

La Alcaldía de Barranquilla interpretó ese informe como un respaldo a su reclamación territorial. El alcalde Alejandro Char ha sostenido públicamente que sectores como Villa Campestre, Ciudad Mallorquín y el Corredor Universitario deben formar parte del Distrito.

Sin embargo, el informe técnico del IGAC no equivale a una ley que modifique los límites. Su contenido debe ser estudiado dentro del procedimiento legislativo correspondiente.

Para Puerto Colombia, el resultado también tiene consecuencias fiscales. El municipio ha defendido su autonomía territorial y ha señalado que las decisiones sobre el intercambio de información catastral no representan una modificación de su jurisdicción.

El Congreso tiene la última palabra sobre los límites

La definición territorial corresponde al Congreso de la República, de acuerdo con las competencias establecidas en la Constitución y las normas sobre deslinde municipal y distrital.

El expediente técnico del IGAC fue remitido al Legislativo el 18 de agosto de 2026. Según el procedimiento previsto en la Ley 1447 de 2011, si transcurre un año sin que se adopte una decisión, la propuesta técnica puede adquirir el carácter de límite provisional, bajo las condiciones establecidas en esa norma.

Esto sitúa en agosto de 2027 un plazo relevante para el desarrollo del proceso, aunque no debe confundirse con una fecha automática de aprobación de una nueva delimitación definitiva.

Las comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara deben estudiar el expediente, escuchar a las administraciones involucradas y considerar los elementos técnicos, jurídicos y ciudadanos antes de avanzar hacia una decisión legislativa.

Por eso, el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico y el trámite del Congreso son actuaciones diferentes: el primero establece órdenes sobre cartografía e información catastral; el segundo debe resolver la delimitación territorial.

La postura del Gobierno de De la Espriella en la controversia

El presidente Abelardo de la Espriella ya había expresado públicamente su respaldo a la posición de Barranquilla.

El 14 de septiembre, el mandatario cuestionó posibles gestiones de sectores vinculados a Puerto Colombia ante el Congreso y pidió que el trámite de delimitación se desarrollara con independencia.

Sus declaraciones se produjeron en medio de las diferencias entre las estructuras políticas asociadas a las familias Char, en Barranquilla, y Torres, en Puerto Colombia.

El pronunciamiento presidencial añadió una dimensión política a un proceso que tiene antecedentes judiciales y técnicos. No obstante, la posición del Ejecutivo no sustituye las competencias del Congreso ni modifica por sí sola los límites territoriales.

La controversia también tiene una dimensión económica: la delimitación puede modificar la distribución de responsabilidades administrativas y tributarias sobre los inmuebles de la zona, además de influir en la planificación urbana y la prestación de servicios públicos.

Un mapa actualizado no significa un territorio adjudicado

La decisión del Tribunal representa un avance en la organización de la información oficial sobre una disputa que lleva años sin una delimitación definitiva.

El cambio más inmediato será la forma en que el IGAC representa el área en sus mapas y la posibilidad de que Barranquilla acceda a información catastral para revisar los registros de los predios.

Pero la pregunta sobre a qué jurisdicción pertenecerán definitivamente Villa Campestre, Ciudad Mallorquín y el Corredor Universitario sigue abierta.

La respuesta dependerá del procedimiento de deslinde y de las decisiones que adopte el Congreso. Mientras tanto, la sentencia exige que las entidades involucradas manejen la información con claridad y eviten que la incertidumbre territorial produzca inconsistencias administrativas o cobros tributarios paralelos.

Sigue en Café Político el desarrollo de esta disputa territorial y comparte esta explicación para que más ciudadanos conozcan qué decidió el Tribunal y qué falta para definir los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Comparte con tus amigos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cafepolitico.com.co utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador    Configurar y más información
Privacidad