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Gobierno anuncia nuevos controles contra la extorsión desde las cárceles

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Iván Cancino confirma avances del buque cárcel

El ministro de Justicia, Iván Cancino, presentó ante el Senado una serie de medidas para combatir las extorsiones que se coordinan desde los establecimientos penitenciarios. La estrategia incluye depurar con mayor frecuencia las líneas telefónicas reportadas, reforzar la vigilancia sobre las transferencias de dinero y trabajar con plataformas digitales. También confirmó que el Gobierno avanza en el proyecto del buque cárcel y prepara nuevos centros de máxima seguridad.

Durante un debate de control político sobre la crisis del sistema penitenciario, realizado el 17 de noviembre, el ministro de Justicia, Iván Cancino, expuso las acciones que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca implementar para reducir las actividades criminales que se organizan desde las cárceles colombianas.

Uno de los principales anuncios fue aumentar la frecuencia con la que se revisan y cancelan las líneas telefónicas identificadas en actividades de extorsión. Según el funcionario, el procedimiento pasó de realizarse mensualmente a cada quince días y la meta es ejecutarlo cada ocho días.

La estrategia también involucra a operadores de telefonía, entidades financieras y plataformas digitales. El propósito es cerrar diferentes canales que pueden utilizarse para contactar víctimas, exigir pagos y coordinar delitos desde los centros de reclusión.

Controles a celulares, bancos y plataformas digitales

Cancino sostuvo que las empresas de telefonía deben responder con mayor eficacia a los reportes de líneas utilizadas para extorsionar. Durante su intervención, cuestionó que, según su explicación, cuando las autoridades reportaban grupos de líneas sospechosas, los operadores no siempre las desactivaban en su totalidad.

El ministro afirmó que la instrucción será cancelar las líneas identificadas, incluso cuando estén registradas a nombre de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). También advirtió que podrían imponerse multas a las empresas que no colaboren con los procedimientos.

En el frente financiero, el Gobierno busca que los bancos y las plataformas de transferencias adopten controles para impedir que sus servicios sean utilizados para recibir pagos extorsivos. Cancino señaló que espera obtener resultados medibles de esa coordinación, aunque no presentó un cronograma detallado ni indicadores concretos de cumplimiento durante el debate.

Otro componente de la estrategia está relacionado con las redes sociales. El ministro confirmó que el Gobierno sostuvo reuniones con Meta y TikTok para abordar tanto la extorsión como el reclutamiento de menores de edad a través de esas plataformas.

A estas acciones se sumarán más requisas en los establecimientos penitenciarios, conocidas como raqueteos, con las que las autoridades buscan detectar celulares, sustancias ilícitas y elementos que puedan facilitar actividades criminales dentro de las cárceles.

El buque cárcel sigue en los planes del Gobierno

Uno de los anuncios que más llamó la atención durante el debate fue la confirmación del proyecto de una cárcel flotante. Cancino aseguró que la iniciativa continúa avanzando y que se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Defensa.

El funcionario también señaló que ha sostenido conversaciones con la Defensoría del Pueblo para abordar las garantías y los derechos humanos de las personas que eventualmente sean recluidas en esa infraestructura.

Sin embargo, todavía no se conocen detalles fundamentales del proyecto, como el tipo de embarcación que se utilizaría, su ubicación, la capacidad de alojamiento, el presupuesto definitivo y el modelo de operación. Por ahora, la declaración del ministro confirma la continuidad de la iniciativa, pero no equivale a la puesta en funcionamiento de un centro penitenciario.

Nuevas cárceles fuera de los perímetros urbanos

Cancino también anunció que, por instrucción presidencial, los nuevos establecimientos penitenciarios se construirán fuera de los perímetros urbanos. Según explicó, esta decisión busca facilitar la implementación de sistemas inhibidores de señal y reducir las dificultades que se presentan cuando las cárceles están rodeadas de zonas residenciales.

El ministro agregó que el Gobierno pretende terminar obras penitenciarias que quedaron pendientes de administraciones anteriores. Entre ellas mencionó los establecimientos de Riohacha y Sabanas de San Ángel, en Magdalena, cuya entrega espera concretar próximamente.

Además, anticipó que el presidente Abelardo de la Espriella anunciará la estructuración y ubicación de los primeros pabellones de máxima seguridad. Para financiar estas construcciones, el Ejecutivo estudia alternativas como las asociaciones público-privadas (APP) y el derecho de superficie, una figura que permite desarrollar proyectos sobre terrenos ajenos bajo determinadas condiciones jurídicas y económicas.

Cancino reportó 235 sanciones a funcionarios del Inpec

En su intervención, el ministro aseguró que existen 235 sanciones contra funcionarios del Inpec. El dato fue presentado en medio de los cuestionamientos sobre presuntas irregularidades y hechos de corrupción al interior de los establecimientos penitenciarios.

No obstante, el anuncio no estuvo acompañado de un desglose público que permitiera establecer cuántas sanciones corresponden a cada conducta, cuáles son definitivas o qué número de funcionarios fue investigado. Por eso, la cifra debe entenderse como un balance presentado por el ministro y no como una demostración de responsabilidad penal de todas las personas involucradas.

El debate también estuvo marcado por las diferencias sobre los indicadores de reincidencia. Cancino afirmó que los registros del Ministerio de Justicia sitúan ese indicador en el 25,4 %, frente a cifras de 70 % u 80 % mencionadas durante la discusión. El ministro calificó el porcentaje oficial como elevado y planteó que el objetivo debería ser reducirlo a un solo dígito.

La crisis carcelaria sigue bajo debate

La sesión de control político fue convocada por los senadores Gustavo Moreno e Isabel Cristina Zuleta y reunió a representantes del Gobierno, el Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y organizaciones relacionadas con la atención de la población privada de la libertad.

De acuerdo con la información publicada por el Senado, durante la discusión se advirtió que el hacinamiento en estaciones de Policía alcanza el 243 %. También se plantearon cuestionamientos sobre la reincidencia, la corrupción, la atención en salud y las condiciones de reclusión.

Los anuncios de Cancino abren varios frentes de trabajo: controles tecnológicos y financieros contra la extorsión, nuevas infraestructuras penitenciarias y mecanismos de vigilancia sobre el personal carcelario. El desafío será convertir los compromisos en medidas verificables, con recursos, cronogramas y garantías para los derechos de las personas privadas de la libertad.

Por ahora, el Gobierno confirmó que el buque cárcel continúa en etapa de avance y que busca intensificar los controles contra la extorsión desde los centros penitenciarios. Los detalles sobre su financiación, ubicación y funcionamiento siguen pendientes de anuncios oficiales.

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