Empate en la Sala de Instrucción retrasa decisión judicial en uno de los mayores casos de corrupción reciente

El futuro judicial de seis congresistas vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quedó en suspenso. La Corte Suprema de Justicia no logró tomar una decisión de fondo tras una votación empatada en la Sala de Instrucción, lo que aplaza cualquier determinación hasta después de las elecciones del 8 de marzo de 2026.

La discusión en el alto tribunal buscaba definir si los parlamentarios debían ser llamados a juicio o enfrentar medidas de aseguramiento, en medio de uno de los expedientes más sensibles sobre presunto desvío de recursos públicos en los últimos años.

Sin embargo, el empate en la votación obligó a designar dos conjueces, cuya participación permitirá desempatar el caso en una nueva sesión prevista para el 11 de marzo, tres días después de los comicios.

El escándalo de la UNGRD que sacude al Congreso

El proceso judicial está relacionado con una presunta red de contratos amañados y desvío de recursos públicos dentro de la UNGRD, entidad encargada de gestionar recursos para la atención de emergencias y desastres naturales en el país.

Las investigaciones estiman que el entramado podría comprometer más de 1,2 billones de pesos, una cifra que ha convertido el caso en uno de los escándalos de corrupción más relevantes del actual escenario político.

La indagación de la Corte Suprema se apoya en testimonios clave entregados ante la Fiscalía por dos exdirectivos de la entidad:

• Olmedo López, exdirector de la UNGRD

• Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad

Ambos han entregado declaraciones bajo juramento que detallan cómo habría operado el presunto esquema de direccionamiento de contratos y distribución de recursos.

Los congresistas investigados en el caso

Dentro del expediente aparecen vinculados varios congresistas y exparlamentarios que habrían tenido participación en la gestión política de contratos o en la intermediación de recursos.

Los nombres mencionados en la investigación son:

• Wadith Manzur (Partido Conservador)

• Liliana Esther Bitar (Partido Liberal)

• Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal)

• Karen Astrid Manrique (Curules de Paz)

• Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)

• Juan Diego Muñoz (exrepresentante de la Alianza Verde)

De acuerdo con la información conocida, Wadith Manzur y Karen Manrique continúan con sus campañas políticas de cara a las elecciones del 8 de marzo, lo que añade un componente político al momento en que se producirá la decisión judicial.

Los testimonios que salpican a figuras políticas

Uno de los elementos más sensibles del expediente son las declaraciones de Olmedo López, quien aseguró ante la Fiscalía que existieron instrucciones para entregar dinero a dirigentes políticos con el objetivo de financiar campañas.

Según su versión, 1.000 millones de pesos habrían sido entregados al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, supuestamente para financiar actividades políticas en Córdoba.

López también relató la presunta entrega de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name, recursos que habrían sido canalizados a través de intermediarios políticos.

Estas declaraciones se encuentran bajo verificación judicial y forman parte del conjunto probatorio que analiza la Corte Suprema.

Cómo operaría la red de contratos en la UNGRD

El expediente judicial incluye información sobre contratos adjudicados en distintos municipios del país, en los que habrían participado congresistas, asesores y funcionarios públicos.

Entre los municipios mencionados en los documentos investigativos aparecen:

• Cotorra (Córdoba)

• Saravena (Arauca)

• Carmen de Bolívar (Bolívar)

En estas zonas se habrían gestionado proyectos financiados con recursos públicos por valores cercanos a 92.000 millones de pesos.

Las investigaciones también mencionan la participación de personas que habrían actuado como enlaces políticos y administrativos en el proceso de asignación de contratos.

Libreta incautada y chats hacen parte de las pruebas

Dentro del material probatorio se encuentra una libreta incautada en la residencia de Olmedo López, en la que aparecen nombres de legisladores, regiones y posibles referencias a contratos.

Entre los nombres mencionados en ese documento aparecen:

• Liana Ester Bitar

• Julián Peinado

• Juan Diego Muñoz

• Juan Pablo Gallo

• Martha Peralta

Adicionalmente, la Fiscalía incorporó chats de WhatsApp y matrices de colaboración, que supuestamente evidenciarían la coordinación entre funcionarios y congresistas para gestionar contratos.

Según las autoridades, algunas de estas gestiones estarían relacionadas con apoyos legislativos a reformas impulsadas por el Gobierno.

Decisión de la Corte podría impactar elecciones

El hecho de que la Corte Suprema no haya tomado una decisión antes de las elecciones abre un escenario político particular.

Si alguno de los congresistas investigados obtiene respaldo electoral el 8 de marzo, podría llegar al nuevo periodo legislativo sin que exista aún una resolución judicial definitiva.

Esto implica que la decisión de la Corte Suprema, prevista para el 11 de marzo, podría incidir directamente en la composición del Congreso para el periodo 2026-2030.

Lo que viene en el proceso judicial

El siguiente paso en el proceso será la designación de dos conjueces, quienes participarán en la nueva sesión de la Sala de Instrucción para desempatar la votación.

En esa audiencia, la Corte deberá decidir si:

• Llama a juicio a los congresistas investigados, o

• Adopta medidas de aseguramiento en su contra

La determinación dependerá del análisis de testimonios, pruebas documentales, registros digitales y evidencias materiales que hacen parte del expediente.

Mientras tanto, el escándalo de la UNGRD continúa generando fuertes repercusiones en el escenario político colombiano.