Qué admitieron exactamente los exjefes de las Farc

El Espectador y otros medios revelaron que siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc enviaron a la JEP una carta y un video en los que aceptan su plena responsabilidad por el reclutamiento forzado de 18.677 menores entre 1996 y 2016. Por primera vez, la antigua guerrilla reconoce no solo haber incorporado niñas, niños y adolescentes en sus filas, sino también haber cometido crímenes sexuales y otras violencias intrafilas contra ellos.​​

La misiva, fechada el 27 de enero de 2026, responde a las imputaciones del macrocaso 07 y deja sin efecto objeciones previas en las que los excomandantes habían cuestionado la tipificación de los delitos, especialmente en materia de violencia sexual y de género. Ahora afirman que “reconocen de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas” atribuidos por la JEP, abriendo la puerta a actos de reconocimiento público frente a las víctimas.

El origen de la cifra: el Caso 07 de la JEP

La cifra de 18.677 menores no salió de la nada: es el resultado de años de trabajo de la Sala de Reconocimiento de la JEP en el Caso 07, que prioriza el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por las Farc. La jurisdicción llegó a ese universo preliminar cruzando 31 bases de datos y 36 informes de organizaciones de víctimas, entidades del Estado e instituciones académicas, más los testimonios de 274 víctimas acreditadas.

Esos datos muestran cuatro picos históricos de reclutamiento entre 1997 y 2013 y que las Farc vincularon de manera sistemática tanto a menores de 15, 16 y 17 años —como política formal— como a niñas y niños menores de 14, en contra de sus propias normas internas. Según El País y la JEP, al menos 9.870 de las víctimas tenían entre 15 y 17 años (52,85%) y 5.691 eran menores de 14 al momento de ser reclutados; en el universo de víctimas acreditadas, el 68% fue reclutado siendo menor de 15 años.

La dimensión del horror: desapariciones y violencia sexual

Los datos que hoy reconocen los exjefes exponen una realidad aún más cruda: de los 18.677 menores, al menos el 28% sigue desaparecido, sin que sus familias conozcan su paradero. La JEP documentó, además, que cerca del 30% eran menores de 15 años al momento del reclutamiento, lo que agrava la responsabilidad de la antigua guerrilla.​

En el componente de violencia sexual y basada en género, la jurisdicción identificó patrones de abortos y anticoncepción forzados, uniones obligadas, acceso carnal violento y otros abusos, convertidos en parte de la vida intrafilas de muchas niñas y adolescentes. Infobae reseña que el 24% de los sobrevivientes afirmó haber sufrido violencia de género y que el 35% de las mujeres reclutadas denunció abusos sexuales, cifras que los exjefes ahora aceptan como parte de su responsabilidad.

Del desconocimiento a la confesión: por qué este giro es histórico

Aunque desde 2021 la JEP había establecido de manera preliminar la magnitud del reclutamiento, los excomandantes se habían movido entre la minimización y la contextualización de estos hechos como “prácticas de guerra” ligadas al abandono estatal. En 2024 y 2025, cuando fueron formalmente imputados como máximos responsables, incluso presentaron observaciones cuestionando la inclusión de crímenes como abortos forzados y violencia sexual sistemática.

La carta de enero de 2026 rompe con esa línea defensiva: los exjefes no solo aceptan la cifra de 18.677 menores reclutados, sino que validan los cinco patrones criminales identificados por la JEP (reclutamiento, malos tratos y homicidios intrafilas, violencia reproductiva, violencia sexual y delitos motivados por prejuicio). Para la justicia transicional, esto es un punto de inflexión: sin reconocimiento claro de los máximos responsables no hay verdad completa ni posibilidad de sanciones propias que sean legítimas ante las víctimas.

Impacto político: JEP bajo la lupa y paz en campaña

La confesión estalla en un momento en que la JEP sigue en el centro de la polarización y de la campaña hacia 2026. Sectores afines al Acuerdo resaltan que el reconocimiento confirma que la justicia transicional sí logra verdades imposibles en la justicia ordinaria, especialmente en crímenes de alta jerarquía y de género. Para ellos, la admisión de reclutamiento masivo y abusos sexuales demuestra que la JEP no es sinónimo de impunidad, sino de verdad con sanciones restaurativas y restricciones efectivas de libertad.

Del otro lado, opositores al sistema sostienen que, aun con la confesión, las sanciones contempladas —trabajos restaurativos y limitación de movilidad, en lugar de cárcel tradicional— resultan desproporcionadas frente a la magnitud de los crímenes. Esta tensión alimenta discursos que van desde la reforma profunda del modelo de justicia transicional hasta propuestas de derogatoria parcial de la JEP, que seguramente reaparecerán con fuerza en los discursos de campaña y en el Congreso.

Las víctimas y el reto de pasar de la carta a los hechos

Para las víctimas, el reconocimiento es un paso necesario, pero no suficiente. Organizaciones que han seguido el Caso 07 recuerdan que muchas madres y hermanas llevan décadas buscando a sus hijos y familiares desaparecidos, con muy poca información sobre qué ocurrió y dónde están. La propia JEP ha documentado que un porcentaje importante de los testimonios acreditados corresponde a familiares que aún hoy desconocen el paradero de los menores reclutados.

En ese contexto, la carta de los exjefes será medida menos por su lenguaje simbólico que por su capacidad de abrir rutas concretas para:

• Ubicar fosas, restos y posibles sobrevivientes.

• Reconstruir cadenas de mando y órdenes específicas de reclutamiento y castigo.

• Reconocer públicamente a las niñas y adolescentes sometidas a violencia sexual, con garantías de no repetición reales.

La JEP ya anunció que la siguiente fase del Caso 07 se enfocará territorialmente en el Bloque Oriental —uno de los más señalados por reclutamiento— y que llamará a exmandos de todos los niveles a entregar más detalle sobre órdenes, sanciones y vida intrafilas.​

Narrativas en disputa: ¿verdad, relativización o lavado de imagen?

A nivel comunicacional, esta confesión abre otra batalla: la disputa por el relato de lo que significó la guerra para la niñez. Para una parte del país, el reconocimiento será leído como prueba de que la antigua guerrilla asume, al fin, el costo moral y político de sus crímenes contra niños y niñas. Para otra, se tratará de un intento tardío de lavado de imagen para asegurar sanciones más benignas y conservar participación política, sin un arrepentimiento proporcional al daño causado.​

En el ecosistema digital, el riesgo es que la conversación se reduzca a trincheras: de un lado, quienes usan la cifra de 18.677 para exigir castigos ejemplares; del otro, quienes la relativizan dentro de la lógica de “crímenes de todos los bandos”, diluyendo responsabilidades concretas. El reto para medios como Café Político es mantener el foco en tres ejes: verdad verificable, centralidad de las víctimas y análisis de las decisiones institucionales que vienen —desde las sanciones propias hasta eventuales reformas al sistema de justicia transicional.

Lo que viene: audiencias, sanciones y memoria

Tras esta carta, la JEP deberá avanzar hacia audiencias públicas de reconocimiento en las que los exjefes se encuentren de frente con las víctimas, especialmente con sobrevivientes de reclutamiento y violencia sexual. A partir de allí, la Sala de Reconocimiento tendrá que definir los contenidos de las sanciones propias: proyectos de reparación colectiva, búsqueda de desaparecidos, actos de memoria y restricciones concretas de libertad que sean creíbles para la sociedad.

En paralelo, el Estado y la sociedad civil enfrentarán otro desafío: cómo incorporar esta verdad —18.677 infancias truncadas y un patrón de abusos intrafilas— en la educación, los museos de memoria y la conversación pública sobre lo que nunca puede repetirse. La magnitud de este escándalo judicial y moral no se mide solo en cifras, sino en si Colombia es capaz de convertirlas en un punto de no retorno frente al uso de niñas y niños en la guerra.