Fusión Tigo–Movistar: el nuevo gigante que sacude el mercado de las telecomunicaciones en Colombia
¿Qué se aprobó exactamente en la fusión Tigo–Movistar?
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración empresarial entre Tigo (Millicom) y Movistar (Telefónica/Coltel), en una operación valorada en cientos de millones de dólares que unifica sus operaciones bajo un mismo grupo empresarial. En la práctica, Millicom adquiere la participación mayoritaria de Telefónica en Movistar Colombia, de modo que ambas marcas dejan de ser competidoras en varios mercados clave y pasan a operar como un solo jugador integrado.
La operación impacta 19 mercados, desde telefonía e internet móvil hasta servicios fijos (telefonía, internet y TV) y acceso mayorista a redes e infraestructura, lo que convierte a esta fusión en una de las movidas más profundas en la historia reciente del sector. Entre Claro y la nueva Tigo–Movistar concentran alrededor del 90% del mercado móvil, con el nuevo integrado rondando una cuota cercana al 38%, mientras operadores como WOM y otros alternativos quedan con participaciones mucho menores.
Esta integración llega después de una etapa previa de “red compartida”, cuando la SIC ya había autorizado en 2023 la integración de las redes de acceso móvil de ambas compañías a través de una empresa de infraestructura conjunta (NETCo), buscando eficiencias en cobertura y uso del espectro. Aquella decisión ya anticipaba una mayor cooperación técnica entre Tigo y Movistar, pero la operación actual va más lejos al alinear la propiedad y el control del negocio bajo Millicom.
Qué dicen Tigo, Movistar y el regulador sobre la integración
Desde el lado empresarial, Millicom y Telefónica han defendido la fusión como una forma de crear un competidor más fuerte frente al operador dominante, argumentando que la operación no elimina la ventaja estructural de Claro en participación de mercado. En la documentación presentada a las autoridades, los apoderados de las compañías señalan que la unión de Tigo–UNE y Movistar genera un jugador robusto, pero que la “ventaja de Claro seguirá siendo sustancial”, por lo que no se estaría creando un nuevo monopolio dominante.
El Ministerio TIC, en sus conceptos previos, ha reconocido que la integración puede generar eficiencias operativas y un equilibrio mayor frente a Claro, al permitir un uso más eficiente de redes y espectro, inversiones conjuntas y mejoras en calidad de servicio. Sin embargo, la misma cartera advirtió el riesgo de un “duopolio técnico” en el que dos grandes actores concentren más del 90% del mercado móvil, lo que podría facilitar coordinaciones tácitas y afectar la competencia real en tarifas y planes.
La SIC, por su parte, aprobó la operación con condicionamientos explícitos para mitigar esos riesgos: la integración está “sujeta al cumplimiento de condicionamientos” que buscan proteger a los operadores pequeños, evitar abusos en mercados mayoristas y garantizar que no se deterioren cobertura y calidad, especialmente en zonas rurales. Entre las salvaguardas se incluye el monitoreo de precios minoristas, obligaciones sobre acceso mayorista a infraestructura y restricciones para el apagado de estaciones base en municipios rurales durante los primeros años posteriores a la integración.
Duopolio, tarifas y cobertura: los riesgos que ve el mercado
Diversos analistas y operadores alternativos han advertido que la fusión de Tigo y Movistar, sumada al peso de Claro, puede conducir a un escenario en el que dos grandes jugadores definan la dinámica del mercado casi por completo. La combinación de alto nivel de concentración y fuertes barreras de entrada en infraestructura y espectro alimenta el temor de que se reduzca la presión competitiva sobre precios, promociones y calidad del servicio.
Los pequeños operadores han pedido condicionamientos claros y efectivos, advirtiendo que sin reglas fuertes en mercados mayoristas (acceso a redes, alquiler de infraestructura, roaming, etc.) la nueva entidad integrada podría cerrar espacios o encarecer costos para quienes dependen de esa infraestructura. El Ministerio TIC también ha enfatizado la necesidad de vigilar que no haya deterioro de la cobertura en zonas rurales y rurales dispersas, obligando a mantener estaciones base durante varios años para no dejar huecos de conectividad.
Otro punto crítico es el riesgo de entendimientos implícitos entre Claro y el nuevo Tigo–Movistar, dado que ambos compartirían estructuras de costos, tamaños y portafolios de servicios relativamente simétricos, lo que podría facilitar estrategias de coordinación en precios o segmentación del mercado sin necesidad de acuerdos formales. En ese contexto, el papel del regulador será clave: la SIC y el MinTIC deberán pasar de la autorización condicionada a una supervisión activa, con métricas públicas de precios, calidad y portabilidad numérica.
¿Cómo cambiará la operación y qué pasará con los usuarios?
En el corto plazo, las autoridades y las propias compañías han señalado que los usuarios de Tigo y Movistar no deberían ver cambios inmediatos drásticos en sus planes o contratos vigentes: los servicios seguirán funcionando y las condiciones contractuales se mantendrán mientras se ejecuta la integración operacional. La unificación de redes que ya venía en marcha, reforzada por la nueva estructura empresarial, debería traducirse en mejor cobertura y estabilidad de señal en buena parte del país, al optimizar antenas, espectro y backhaul.
A mediano plazo, el nuevo grupo integrado puede utilizar su escala para ofrecer portafolios convergentes más agresivos (móvil + fijo + TV + servicios digitales), lo que podría generar ofertas comerciales más competitivas frente a Claro en ciudades principales. Sin embargo, la gran incógnita es si esa competencia “entre gigantes” se traducirá en mejores tarifas para los usuarios o, por el contrario, en una estabilización de precios por la menor cantidad de jugadores relevantes.
Para los usuarios empresariales y de gobierno, la nueva Tigo–Movistar se posiciona como un proveedor con músculo suficiente para competir en grandes contratos de conectividad, nube y servicios digitales, algo que también reconfigura el mapa de poder en licitaciones y compras públicas. Mientras tanto, WOM y otros operadores más pequeños intentarán capitalizar el discurso de “alternativa” y “competidor incómodo”, aunque lo harán desde una posición de cuota de mercado bastante inferior.
Lo que viene: condiciones, plazos y el nuevo mapa digital del país
La autorización de la SIC no significa que la integración esté completamente cerrada: la resolución establece condicionamientos y plazos para la implementación, y algunas transacciones adicionales —como la compra del porcentaje restante de Movistar en manos del Estado— aún deben concretarse en los tiempos previstos. En los próximos meses, el foco estará en cómo el nuevo grupo reorganiza marca, operaciones y oferta comercial, y en la capacidad del regulador para hacer cumplir las salvaguardas impuestas.
El resultado de esta fusión no solo definirá quién manda en el negocio de las telecomunicaciones, sino también qué tan competitivo será el ecosistema digital colombiano en la próxima década: desde el despliegue de 5G y fibra óptica hasta la inclusión digital en regiones históricamente marginadas. Para los usuarios, el mensaje es claro: habrá un nuevo gigante al lado de Claro, pero el verdadero partido se jugará en la letra pequeña de las tarifas, la calidad del servicio y la capacidad de cambiarse de operador si el mercado se cierra.
