A 30 años de las Ley de servicios públicos de Colombia, el gobierno nacional trabaja en una reforma para ajustarla a las necesidades actuales y garantizar un equilibrio más justo entre las empresas y los usuarios.
El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, informó que una de las principales propuestas de esta reforma es clasificar el internet doméstico como un servicio público domiciliario.
Según él, la inclusión permitiría que el servicio de internet en los hogares sea supervisado por la Superintendencia de Servicios Públicos, de la misma manera que se regulan en la actualidad los servicios de energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado y aseo. Esto, teniendo en cuenta que en la actualidad lo hace el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
En entrevista con el diario El Tiempo Quiroga afirmó que “el presidente Petro ha planteado la posibilidad de que el internet que llega a los hogares sea incluido como un servicio público domiciliario, y que sea vigilado por la Superintendencia”.
La entidad busca con esta movida “nivelar la balanza para que la regulación también beneficie a los usuarios y no solo al negocio de las empresas”. El cambio representa un objetivo más amplio del Gobierno, que apunta a mejorar la equidad en la prestación de servicios esenciales y a asegurar que los beneficios de estas regulaciones lleguen directamente a los consumidores y no se centren únicamente en el sector empresarial.
Modificaciones durante el proceso legislativo
Todo indica que la reforma de la Ley de Servicios Públicos será presentada al Congreso de la República para su debate en la actual legislatura, que inició el 20 de julio. Quiroga enfatizó que esta propuesta está abierta a modificaciones durante el proceso legislativo: “Eso se presentará y en el mismo debate del proyecto de ley esta propuesta se puede mejorar o complementarse. Si en el consenso el Legislativo considera que no es conveniente por una u otra razón, no se aprobará”.
Además, esta propuesta de reforma llega en un contexto en el que se sabe que la pandemia del covid-19 resaltó la importancia del internet en la vida cotidiana. El funcionario remarcó que desde la educación en línea hasta el teletrabajo, el acceso a una conexión rápida y estable es esencial para el desarrollo educativo y económico del país.
“La intención es clara: queremos que el acceso a internet sea un derecho garantizado para todos los colombianos, al igual que la electricidad y el agua”, añadió Quiroga.
Vigencia de la Ley de Servicios Públicos
Sobre la vigencia de la Ley de Servicios Públicos, el superintendente señaló que, aunque es eficaz en ciertos sectores, la regulación, vigilancia y control han sido “cooptados por los monopolios”. Según él, esto llevó a que el enfoque se desvíe del bienestar ciudadano hacia la rentabilidad de las empresas. “Entonces, la regulación ya no se hacía pensando en el servicio público, sino pensando en el negocio”, comentó.
Uno de los problemas que enfrentan los usuarios es el costo de las tarifas. Quiroga enfatizó que mientras en áreas urbanas la prestación del servicio es rentable, en áreas rurales y menos desarrolladas, tanto el sector privado como el Estado fracasaron en ofrecer soluciones eficaces. “El Estado también es deficiente en la prestación y en la vigilancia”, mencionó.