Gobierno Petro decreta impuestos vía emergencia económica y espera recaudar $11,1 billones en 2026

Colombia vuelve a discutir impuestos, pero esta vez el debate no pasó por el Congreso. Tras el hundimiento de la reforma tributaria que buscaba recaudar $16,3 billones para el Presupuesto General de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro optó por un camino excepcional: la declaratoria de emergencia económica y la expedición de decretos con fuerza de ley para imponer nuevos tributos.

El Ejecutivo espera recaudar $11,1 billones adicionales el próximo año, en un intento por cerrar el hueco fiscal, reducir el riesgo macroeconómico y garantizar la financiación del Estado. La medida, sin embargo, ya genera una fuerte controversia política y económica: mientras el Gobierno defiende la progresividad del paquete tributario, la oposición advierte sobre impactos en precios, inversión y consumo.

Más allá de los titulares, lo que está en juego es una redefinición del modelo fiscal en un momento clave del mandato Petro y en la antesala del ciclo electoral de 2026.

¿Por qué el Gobierno decretó una emergencia económica?

El detonante fue político y fiscal. El Congreso de la República hundió en diciembre la tercera reforma tributaria presentada por el Gobierno Petro, dejando un vacío presupuestal significativo para 2026.

Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la caída del proyecto dejó al Estado en una situación de desfinanciación estructural, similar a la vivida en 2024, con riesgos evidentes para la estabilidad macroeconómica, la ejecución del gasto social y el cumplimiento de obligaciones del Estado.

“Esta situación crea un desequilibrio económico que debe ser resuelto y superado”, explicó Ávila durante la rueda de prensa en la que presentó los nuevos impuestos.

Con base en el artículo 215 de la Constitución, el Gobierno declaró la emergencia económica por 30 días, habilitándose para expedir decretos tributarios sin trámite legislativo, aunque sujetos a control posterior de la Corte Constitucional.

El eje del discurso oficial: progresividad y justicia fiscal

Desde el Ejecutivo insisten en una idea central: los nuevos impuestos no afectan la canasta familiar ni a los estratos medios y bajos.

El ministro Ávila fue enfático:

“No se toca ningún producto de la canasta familiar. Solo estamos tocando a un pequeño grupo de contribuyentes con altos ingresos y patrimonio”.

La narrativa oficial busca diferenciar este paquete tributario de reformas anteriores, señalando que el esfuerzo recae en el 0,8 % de la población, grandes capitales, sectores financieros y actividades consideradas de alto impacto económico.

Sin embargo, varios de los impuestos decretados sí tienen efectos indirectos en el consumo, especialmente en productos como licores, juegos de azar y bienes de lujo.

Impuesto al patrimonio: más contribuyentes y tarifas más altas

Uno de los pilares del paquete es la modificación del impuesto al patrimonio, tanto en su base como en sus tarifas.

¿Qué cambia?

• Nuevo umbral: se reduce de $3.600 millones a $2.000 millones.

• Tarifas progresivas: desde niveles bajos hasta un máximo del 5 %.

• Patrimonios superiores a $100.000 millones pagarán la tarifa más alta.

Impacto esperado

• 102.000 contribuyentes afectados

• Representa apenas el 0,8 % de la población

• Recaudo estimado: $1,7 billones en 2026

Para el Gobierno, este impuesto refuerza el principio constitucional de progresividad tributaria. Para los críticos, se trata de una señal negativa para la inversión privada y la estabilidad jurídica.

Sobretasa al sector financiero: la banca en la mira

Otro punto clave es el aumento del impuesto de renta para las entidades financieras.

Así queda la carga tributaria

• Sobretasa actual: 5 %

• Nueva sobretasa: 15 %

• Tarifa nominal total: hasta el 50 %

Aunque el Ministerio de Hacienda reconoce que la tarifa efectiva es menor por beneficios tributarios vigentes, el mensaje político es claro: el sector financiero debe hacer un mayor aporte al equilibrio fiscal.

Recaudo proyectado

• $1,2 billones en 2026

El sector bancario ha advertido que esta carga puede afectar el crédito, el costo del financiamiento y la inversión, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Normalización de patrimonios: regularizar capitales ocultos

El paquete también revive una figura ya conocida en Colombia: la normalización de patrimonios.

Características

• Tarifa única del 19 %

• Aplica para activos no declarados dentro y fuera del país

• Ya se implementó en 2019, 2020 y 2022

Recaudo esperado

• $613.600 millones

Aunque el Gobierno la presenta como una herramienta para ampliar la base tributaria, críticos señalan que este tipo de medidas puede incentivar la evasión futura bajo la expectativa de nuevas normalizaciones.

IVA y consumo: el licor será más caro

Aquí aparece uno de los puntos más sensibles para la ciudadanía: los cambios en IVA e impuesto al consumo.

IVA a licores

• Pasa del 5 % al 19 %

• La cerveza queda excluida

Este ajuste impactará directamente el precio final de aguardientes, rones, whiskies y otros licores, tanto nacionales como importados.

Juegos de azar en línea

• IVA del 19 %

• Con esquema de descuento sobre premios

El Gobierno argumenta que el crecimiento del juego digital amerita una mayor carga tributaria.

Más impuestos al consumo y a bienes de lujo

El paquete también incluye:

• Aumento del impuesto al consumo de licores y tabaco

• Incremento del impuesto al consumo de bienes de lujo del 16 % al 19 %

• Reducción de la exclusión de impuestos para importaciones de bajo valor:

  • Antes: hasta USD 200

  • Ahora: solo hasta USD 50

Esto impactará compras en plataformas internacionales y comercio electrónico transfronterizo.

Sector minero-energético: nueva carga a petróleo y carbón

Uno de los sectores más golpeados será el de hidrocarburos.

Nuevas medidas

• Impuesto del 1 % a la extracción de petróleo y carbón en la primera venta o exportación

• Insistencia en la no deducibilidad de regalías en el impuesto de renta

Esta última medida ya había sido incluida en la tributaria de 2022, pero fue tumbada por la Corte Constitucional.

Recaudo estimado

• $3 billones adicionales

El Gobierno sostiene que estos sectores deben contribuir más en un contexto de transición energética. Los gremios alertan sobre pérdida de competitividad y menor inversión extranjera.

Alivios tributarios y recorte al gasto

Como contrapeso, el Ejecutivo anunció:

• Alivios tributarios para deudores de la DIAN

• Facilidades de pago y reducción de sanciones

• Intención de recortar gastos, incluyendo primas especiales en el Congreso

No obstante, la oposición cuestiona la efectividad real de estos recortes frente al tamaño del déficit fiscal.

Críticas desde la oposición y el sector empresarial

Desde sectores opositores, el discurso es contundente: el problema no son los ingresos, sino el gasto.

Argumentan que el Gobierno debería:

• Reducir burocracia

• Ajustar programas ineficientes

• Priorizar inversión productiva

Además, advierten que la emergencia económica podría convertirse en un precedente riesgoso para gobernar vía decreto.

¿Qué sigue ahora?

Los decretos ya están expedidos, pero el debate no termina ahí. La Corte Constitucional deberá revisar la legalidad y proporcionalidad de las medidas, mientras que el impacto real se medirá en:

• Inflación

• Inversión

• Consumo

• Recaudo efectivo

• Clima político de cara a 2026

Conclusión: impuestos, política y pulso electoral

Los nuevos impuestos del Gobierno Petro marcan un nuevo capítulo en la política fiscal colombiana. Para el Ejecutivo, son una respuesta necesaria ante el bloqueo legislativo y la urgencia financiera. Para sus críticos, un experimento de alto riesgo con efectos impredecibles.

Lo cierto es que el debate ya no es solo económico, sino profundamente político. Y como suele ocurrir en Colombia, los impuestos no solo financian al Estado: también definen el rumbo del poder.