El Gobierno elimina la prima especial de servicios y ajusta los ingresos del Congreso. La medida, que regirá desde julio de 2026, reducirá el salario mensual de senadores y representantes en hasta $16 millones y tendrá efectos en otras altas esferas del Estado.

El debate sobre los altos salarios del Congreso en Colombia dejó de ser promesa y se convirtió en decreto. El Gobierno de Gustavo Petro oficializó la eliminación de la prima especial de servicios que reciben senadores y representantes, una decisión que reducirá su remuneración mensual en cerca de $16 millones y que empezará a aplicarse a partir del 20 de julio de 2026, cuando se posesione el nuevo Congreso.

La medida ha sido celebrada por amplios sectores ciudadanos y políticos, aunque también ha generado críticas desde la oposición, que la califican como populista y electoral.

¿EN QUÉ CONSISTE LA REDUCCIÓN DEL SALARIO DE LOS CONGRESISTAS?

El ajuste salarial quedó formalizado mediante el Decreto 0030 de 2026, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que elimina una prima especial de servicios creada en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Dicha prima representaba $16’914.540 mensuales, y había sido diseñada como sustitución de otros beneficios relacionados con salud, localización y vivienda.

Con su eliminación, el salario de los congresistas quedará compuesto únicamente por:

• Sueldo básico: $12’455.244

• Gastos de representación: $22’142.662

🔹 Nuevo salario mensual aproximado: $34,5 millones
🔹 Salario anterior: alrededor de $52 millones

EL ARGUMENTO DEL GOBIERNO: EQUIDAD Y AUSTERIDAD

Según el texto del decreto, la remuneración de los congresistas era desproporcionada frente al ingreso promedio de los colombianos y no correspondía con la realidad económica del país.

“El salario de los parlamentarios hace imposible cerrar las brechas sociales propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo”, señala el documento oficial.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la medida hace parte de una estrategia de reducción del gasto de funcionamiento del Estado, aunque reconoció que el ahorro mensual será inferior a los $4.500 millones.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la decisión como un “acto de justicia social”, especialmente tras el incremento del 23,7% del salario mínimo anunciado semanas antes.

UNA DEUDA HISTÓRICA DEL CONGRESO

La reducción salarial de los congresistas fue, durante años, una causa políticamente popular pero legislativamente imposible. En la última década, el Congreso hundió más de 20 proyectos de ley que buscaban bajar sus propios sueldos.

Por eso, la decisión del Ejecutivo fue recibida como un punto de quiebre. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, celebró la medida:

“Después de 18 proyectos y muchos años de lucha, por fin se logró bajar el salario de los congresistas. No es un favor, es una medida mínima de equidad”.

LAS CRÍTICAS: ¿JUSTICIA SOCIAL O POPULISMO?

Desde la oposición, el senador Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical) cuestionó la reducción y aseguró que un congresista con un salario cercano a los $32 millones “no está bien remunerado”.

Según Zabaraín, la discusión debería ampliarse a otros altos funcionarios del Estado y no centrarse únicamente en el Congreso.

Estas declaraciones reabrieron el debate sobre los límites salariales del sector público y la coherencia del sistema de equivalencias.

EFECTO DOMINÓ: OTROS FUNCIONARIOS TAMBIÉN SE VERÁN AFECTADOS

La decisión no impacta solo al Congreso. De acuerdo con la Ley 4 de 1992 y el artículo 187 de la Constitución, el salario de los congresistas sirve como referencia para otros altos cargos del Estado.

Entre los funcionarios que verán ajustados sus ingresos están:

• Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado

• Procurador General de la Nación

• Contralor General de la República

• Defensor del Pueblo

• Registrador Nacional del Estado Civil

• Fiscal General de la Nación

• Magistrados de la JEP

• Miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE)

En varios casos, los salarios quedarán en un rango aproximado de $31 a $35 millones mensuales, dependiendo del cargo y los factores salariales vigentes.

¿CUÁNTO SE AHORRA EL ESTADO?

Aunque simbólicamente poderosa, la medida no representa un ahorro fiscal estructural. El Gobierno estima que la reducción generará un ahorro mensual cercano a $4.500 millones, una cifra modesta frente al presupuesto nacional, pero significativa en términos políticos.

LECTURA POLÍTICA: UN MENSAJE EN CLAVE 2026

Más allá de las cifras, el decreto envía un mensaje claro en la antesala de las elecciones legislativas de 2026: el salario del poder también puede ajustarse.

Para el Gobierno Petro, la decisión refuerza su narrativa de austeridad, equidad y coherencia frente al discurso social. Para sus críticos, es una jugada de alto rédito simbólico en un año preelectoral.

La eliminación de la prima especial de servicios marca un antes y un después en la discusión sobre los privilegios del poder legislativo en Colombia. Aunque el impacto fiscal es limitado, el efecto político y simbólico es profundo.

Desde julio de 2026, el Congreso que se posesione lo hará con un salario menor, en un país donde la brecha entre representantes y representados sigue siendo uno de los principales desafíos de la democracia.