Referendo busca reducir congresistas, diputados y concejales en Colombia
El senador Carlos Meisel, del partido Centro Democrático, inició el trámite de una iniciativa de participación ciudadana que busca reducir el tamaño del Estado colombiano, disminuir el número de integrantes de corporaciones públicas y fortalecer la autonomía de las regiones. El mecanismo, denominado Referendo por las Regiones o Referendo de Todos, contempla cambios en la organización institucional del país y podría llegar a las urnas si supera los requisitos legales.
El 16 de octubre de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregó los formularios para avanzar con el proceso. Sin embargo, la iniciativa todavía debe cumplir las etapas correspondientes para obtener el respaldo ciudadano, avanzar en su trámite institucional y, eventualmente, ser sometida a votación.
Meisel ha defendido la propuesta con el argumento de que Colombia podría funcionar con menos representantes en las corporaciones públicas y con una distribución diferente de las competencias y los recursos estatales. El alcance de los cambios dependerá del contenido definitivo de la iniciativa y de las decisiones que se adopten durante su trámite.
¿Qué propone el referendo de Carlos Meisel?
La iniciativa reúne tres ejes principales. El primero busca fortalecer la descentralización, mediante una mayor autonomía fiscal y regulatoria para los territorios. La propuesta plantea que departamentos y municipios tengan más capacidad para tomar decisiones sobre asuntos que actualmente dependen, en buena medida, del Gobierno nacional.
Entre los temas mencionados por los promotores están la política energética y el salario mínimo, aunque el alcance concreto de las competencias que se transferirían deberá precisarse en el articulado de la iniciativa.
El segundo eje apunta a revisar el tamaño y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Allí se ubica la propuesta de reducir el número de congresistas, diputados de las asambleas departamentales y concejales municipales, así como revisar la estructura de las ramas del poder público.
El tercer componente contempla modernizar jurisdicciones y regímenes especiales. Meisel también ha planteado revisar la organización de la Rama Judicial, incluida la estructura de las altas cortes, como parte de una discusión más amplia sobre eficiencia institucional.
Por ahora, estos planteamientos corresponden a los objetivos defendidos por los promotores. No deben confundirse con modificaciones constitucionales o legales que ya estén vigentes.
¿Cuántos congresistas, diputados y concejales se busca reducir?
El senador ha cuestionado el tamaño actual de las corporaciones públicas y ha mencionado cifras de alrededor de 13.000 concejales, 500 diputados y más de 260 congresistas para ilustrar su propuesta.
Sin embargo, las declaraciones públicas sobre el número de integrantes no constituyen por sí mismas una fórmula definitiva de reducción. Para determinar cuántos representantes se eliminarían, sería necesario revisar el texto oficial de la iniciativa y precisar cómo se modificarían las reglas de composición de cada corporación.
La propuesta abre un debate sobre el costo de las instituciones, la representación política y la distribución del poder entre el nivel nacional y las regiones. Reducir el número de integrantes no equivale automáticamente a reducir el gasto público en la misma proporción: el efecto dependería de las reglas que se modifiquen, los costos asociados y la forma en que se reorganice el funcionamiento institucional.
También está por definirse cómo se garantizaría que una eventual reducción mantenga la representación de territorios y sectores de la población dentro de las corporaciones elegidas por voto popular.
¿En qué etapa está el referendo?
La entrega de formularios por parte de la Registraduría marca un avance en la preparación del mecanismo, pero no significa que la ciudadanía ya esté convocada a votar.
Los reportes publicados el 16 de octubre describen de manera diferente el estado formal del comité promotor: mientras La Silla Vacía se refiere al trámite para constituirlo, Infobae informa que quedó inscrito y puede comenzar la recolección de apoyos. Por esa diferencia, el estado jurídico exacto debe confirmarse con el acto administrativo y la información oficial de la Registraduría.
En términos generales, el procedimiento contempla varias etapas:
- Constitución e inscripción del comité promotor: debe cumplir los requisitos de respaldo ciudadano y documentación establecidos para el mecanismo.
- Recolección de firmas: una vez habilitado el proceso correspondiente, los promotores deben reunir y presentar los apoyos exigidos para que la iniciativa continúe.
- Verificación de los apoyos: la Registraduría debe revisar las firmas válidas y certificar el cumplimiento de los requisitos.
- Trámite institucional: la propuesta debe avanzar por las instancias previstas en la Constitución y la ley, incluidas las revisiones correspondientes al tipo de referendo.
- Votación ciudadana: solo si supera las etapas previas podrá convocarse a los ciudadanos para decidir sobre la propuesta.
La Registraduría establece, como regla general, que la inscripción de un comité promotor de referendo requiere apoyos equivalentes al 5 por mil del censo electoral. Para la etapa posterior de recolección de firmas, la exigencia depende del tipo de mecanismo. La cifra definitiva y el calendario aplicables a esta iniciativa deben verificarse en los documentos oficiales del proceso.
¿El referendo podría votarse en las elecciones regionales de 2027?
Los promotores han planteado la posibilidad de que la votación se realice el 31 de octubre de 2027, fecha prevista para las elecciones regionales, con la intención de aprovechar una jornada electoral ya programada.
No obstante, esa fecha es una aspiración de los impulsores, no una convocatoria oficial. Para que el referendo pueda votarse ese día, la iniciativa tendría que cumplir oportunamente todas las etapas legales, incluida la recolección y validación de firmas, el trámite institucional y las revisiones que correspondan.
Por tanto, no es posible afirmar que los ciudadanos votarán el referendo en 2027 hasta que las autoridades competentes definan formalmente la convocatoria.
¿Qué cambiaría para las regiones?
La propuesta no se limita a reducir el número de integrantes de las corporaciones públicas. Su componente descentralizador plantea revisar cómo se distribuyen las competencias entre la Nación y los territorios y ampliar la capacidad de decisión de departamentos y municipios.
En la práctica, una reforma de este tipo tendría que definir qué funciones podrían asumir las autoridades territoriales, con qué recursos y bajo qué mecanismos de control. La autonomía fiscal y regulatoria no consiste únicamente en transferir responsabilidades: también requiere establecer cómo se financiarían y cómo se garantizaría que las regiones puedan ejercerlas.
El debate también involucra la relación entre eficiencia administrativa y representación democrática. Mientras los promotores sostienen que una estructura estatal más pequeña puede funcionar mejor, la viabilidad de los cambios dependerá de su diseño, de los efectos sobre las instituciones y del respaldo que obtenga la propuesta.
Por ahora, el Referendo por las Regiones apenas avanza en su trámite. Su futuro dependerá de la capacidad de los promotores para cumplir los requisitos legales y de las decisiones que adopten las autoridades y, si llega a convocarse, los ciudadanos en las urnas.
