Por: Café Político | Investigación Especial

💰 Así quedó el salario mínimo 2026: un decreto que hizo historia

El presidente Gustavo Petro decretó el 29 de diciembre de 2025 un aumento del 23,7% en el salario mínimo legal mensual vigente para 2026, fijándolo en $1.750.905 como salario básico, más un auxilio de transporte de $249.095, para un ingreso total de $2.000.000 mensuales. La medida beneficia directamente a cerca de 2,4 millones de trabajadores que perciben el ingreso mínimo legal en el país.

La decisión se tomó mediante el Decreto 1469 de 2025, amparada en la Ley 278 de 1996, que faculta al Gobierno para fijar unilateralmente el salario cuando no se logra consenso en la mesa de concertación antes del 30 de diciembre. El Gobierno bautizó esta medida como el “Salario Mínimo Vital”, apelando a estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre remuneración digna.

Se trata del incremento más alto desde la Constitución de 1991, un dato que no pasó desapercibido ni en los mercados ni en la arena política.​

🤝 La mesa de concertación que nunca tuvo “humo blanco”

El acuerdo tripartito entre Gobierno, centrales obreras y empresarios fue imposible. Las posiciones estaban demasiado distantes:

• Centrales obreras: propusieron un aumento del 16%, argumentando la pérdida del poder adquisitivo y el alto costo de vida.

• Empresarios (gremios): plantearon un techo técnico de entre 7,2% y 7,5%, basado en la inflación proyectada y la productividad.​

• Gobierno: terminó decretando el 23,7%, muy por encima de ambas propuestas.​

Incluso tras un plazo extra de 48 horas para presentar salvedades, la brecha fue insalvable. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, calificó el proceso como una “farsa y burla institucional”, afirmando que “lo que se presentó no fue un acuerdo tripartito, sino una puesta en escena donde la decisión ya estaba tomada”.

📉 Impacto económico: entre el optimismo gubernamental y las alarmas técnicas

El aumento disparó un debate económico profundo. Un análisis del centro de estudios Anif advirtió que el incremento del 23% podría generar efectos contrarios a los buscados: mayor informalidad laboral, presión sobre precios y riesgos para la creación de empleo formal, especialmente en sectores vulnerables.​

Inflación al alza

Anif ajustó su proyección de inflación para 2026, estimando que cerrará en 5,8%, por encima del 4,3% previsto anteriormente, impulsada por el aumento de costos en servicios intensivos en mano de obra como restaurantes, transporte, vigilancia y salud privada.

Informalidad como válvula de escape

Sectores como agricultura, actividades artísticas, alojamiento y servicios de comida concentran una alta proporción de trabajadores que ganan menos del mínimo. En estas actividades, el alza eleva de forma inmediata los costos laborales, lo que podría empujar a más trabajadores hacia la informalidad en lugar de mejorar sus ingresos.​

Golpe a las mipymes

Economistas de Davivienda advirtieron que elevar el sueldo básico muy por encima de la inflación tiene consecuencias tanto en el aumento del empleo informal como en el nivel general de precios. La presión es especialmente fuerte sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.​

⚖️ El Consejo de Estado entra al ring: suspensión del decreto

El 12 de febrero de 2026, el Consejo de Estado (Sección Segunda) decretó la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, argumentando que este podría infringir el artículo 8 de la Ley 278 de 1996.

El alto tribunal señaló tres fallos graves en la motivación del decreto:

1. No se puede reconstruir el peso e incidencia relativa de cada uno de los parámetros legales (inflación, productividad, contribución salarial al PIB) ni su contribución específica al resultado.​

2. El concepto de “salario vital” asumió un rol decisorio que desplazó los criterios legales establecidos.​

3. La fijación unilateral del salario mínimo es una competencia reglada, subsidiaria y no discrecional, por lo que el Gobierno no puede redefinir el contenido material de la Ley 278.​

El Consejo ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio dentro de los 8 días calendario siguientes (plazo que vence alrededor del 20-21 de febrero de 2026), con una fundamentación económica detallada basada en los criterios técnicos legales.

Dato clave: mientras no se publique el nuevo decreto, el salario mínimo vigente sigue siendo el de $1.750.905. Y las obligaciones ya generadas (nóminas pagadas, aportes a seguridad social) no se ven afectadas retroactivamente.

🔥 Petro desafía al Consejo: “El decreto mantiene el 23,7%”

El 19 de febrero de 2026, el presidente Petro confirmó que el nuevo decreto transitorio que expidió su Gobierno mantiene exactamente el mismo incremento del 23,7%. Es decir, la respuesta del Ejecutivo a la orden judicial fue esencialmente reafirmar la cifra original, aunque con una nueva fundamentación técnica. Este movimiento elevó la tensión institucional al máximo, dejando la pelota nuevamente en la cancha del Consejo de Estado.

🗳️ Los candidatos presidenciales: cada quien jala para su lado

La suspensión del Consejo de Estado convirtió el salario mínimo en el tema central de la campaña presidencial 2026. Las reacciones fueron diversas y revelan el espectro ideológico de la contienda:

A favor de mantener el aumento del 23,7%

• Mauricio Cárdenas: propuso un acuerdo político entre todos los candidatos para defender el incremento, pero acompañado de incentivos para que los empresarios puedan pagarlo.​

• Mauricio Lizcano: anunció la interposición de tutelas, argumentando que “los derechos adquiridos de los trabajadores son intocables”.​

• Daniel Quintero: fue más allá y propuso elevar el salario a $2,5 millones, asegurando que los indicadores económicos muestran margen para hacerlo. Además, interpuso una tutela contra el Consejo de Estado.

• Iván Cepeda: calificó la suspensión como “arbitraria y regresiva” y advirtió “una enorme movilización social”.​

• Vicky Dávila: coincidió en respetar el aumento, pero exigió una rebaja de impuestos para que las empresas puedan sostenerlo.

Críticos del mecanismo o del monto

• Paloma Valencia: pidió que el Gobierno acate la decisión del Consejo de Estado “que protege a los pequeños empresarios agobiados” y prometió bajar impuestos desde el 7 de agosto.​

• Daniel Palacios: señaló que hubiera sido mejor un fallo de fondo y advirtió “una dosis de populismo bastante amplia” en la decisión del Gobierno.​

• Santiago Botero: lamentó la decisión del Consejo de Estado pero criticó que todo se haga “con politiquería, afectando a los más pobres”.​

• Juan Carlos Pinzón: optó por un enfoque de crecimiento económico, señalando que la solución real es “generar mucha inversión, más empresas y más oportunidades”.

🏢 Los gremios: el sector productivo levanta la voz

El Consejo Gremial Nacional y la ANDI fueron los más duros en su crítica:

• Calificaron la decisión como “anticipada, unilateral y abiertamente populista”.​

• Advirtieron que se adopta en un contexto de alta incertidumbre para el empleo formal, la inversión y la sostenibilidad de las finanzas públicas.​

• Señalaron la ironía de que el Gobierno declarara una emergencia económica por falta de recursos mientras ignoraba el impacto fiscal de un aumento de esta magnitud.​

Sin embargo, el Consejo Gremial reconoció la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y mejorar el bienestar de los hogares, dejando claro que su crítica apunta al método, no necesariamente al objetivo.

🔮 ¿Y ahora qué? El escenario que viene

El plazo para que el Gobierno expida el nuevo decreto transitorio vence este 20-21 de febrero de 2026. Petro ya adelantó que mantendrá el 23,7% con nueva motivación técnica, lo que podría generar una nueva impugnación ante el Consejo de Estado y prolongar la incertidumbre jurídica.

El escenario queda así:

• Si el Consejo acepta el nuevo decreto: el salario se mantiene en $2.000.000, pero la tensión institucional queda latente.

• Si el Consejo lo rechaza nuevamente: se abre una crisis jurídica sin precedentes que podría llegar a la Corte Constitucional, como ya anticiparon varios candidatos con sus tutelas.​

• Para los empleadores: se recomienda mantener provisionalmente los pagos con base en el salario de $1.750.905 y preparar ajustes contables para cualquier escenario.​

Lo que está claro es que el salario mínimo dejó de ser un tema exclusivamente económico: se convirtió en el campo de batalla político de las elecciones 2026.

Artículo investigativo de Café Político. Todos los datos fueron verificados con fuentes oficiales, medios de comunicación y documentos judiciales. Última actualización: 20 de febrero de 2026.