El gobierno argentino impulsa una reforma laboral que extiende jornadas, abarata despidos y recorta protección previsional bajo la promesa de “modernizar” el empleo.

 una reforma en clave de shock

La reforma laboral de Javier Milei se presenta como la pieza central de su proyecto de “modernización” económica: menos regulaciones, más flexibilidad y un Estado que se corre de la escena para dejar “jugar al mercado”. Detrás del discurso de competitividad y creación de empleo, el texto legal introduce cambios profundos en la jornada laboral, el costo de los despidos, la estructura de los convenios colectivos y el acceso a la protección previsional. Sindicatos y especialistas advierten que, lejos de un simple aggiornamento, se trata de una reconfiguración del poder en el mundo del trabajo a favor de las empresas.

Los intereses de Milei: flexibilizar para atraer inversión

El corazón político de la reforma responde a tres objetivos clave del mileísmo: reducir el “costo argentino”, dar más libertad a las empresas para contratar y despedir, y debilitar el peso de los sindicatos en la negociación laboral. El gobierno argumenta que la rigidez normativa y las indemnizaciones elevadas frenan la contratación formal y empujan a millones de trabajadores a la informalidad. La apuesta es clara: abaratar y desregular hoy para, según el relato oficial, atraer inversión y generar empleo mañana, aun a costa de recortar protecciones construidas durante décadas.

Jornada laboral: de las 8 a las 12 horas

Uno de los puntos más polémicos es la ampliación de la jornada diaria que, en los hechos, abre la puerta a turnos de hasta 12 horas. Si bien se mantiene el límite legal semanal de 48 horas, el proyecto permite reorganizar el tiempo de trabajo mediante figuras como el “banco de horas”, que habilita compensar horas extras con días libres o jornadas reducidas en lugar de pagarlas con recargos.​

• La ley vigente fija un máximo de 8 horas diarias o 48 semanales.​

• La reforma permite concentrar más horas en menos días, manteniendo un descanso mínimo entre jornadas, pero diluyendo la lógica clásica de horas extras.​

Para los críticos, este esquema traslada el peso del ajuste al cuerpo de los trabajadores, en un contexto de alta desocupación que limita su capacidad real de negociación.

Despidos e indemnizaciones: abaratar la salida del trabajador

El otro eje central es el abaratamiento de los despidos y la reformulación del sistema indemnizatorio.

• Se consolida el criterio de un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor a tres meses, pero con topes y exclusiones que recortan el monto efectivo.​

• Se impulsa la creación de fondos de cese laboral o fondos de asistencia financiados con aportes periódicos, que reemplazan parcialmente el esquema tradicional de indemnización directa a cargo del empleador al momento del despido.​

El resultado: para las empresas, despedir se vuelve más previsible y menos costoso; para los trabajadores, el despido se vuelve más probable y la compensación más limitada. Además, la reforma refuerza figuras de despido “con causa” y sanciones frente a ciertas conductas, reduciendo el margen de protección frente a rescisiones arbitrarias.

Causales de despido y disciplina laboral

Si bien la ley previa ya contemplaba causas objetivas y subjetivas para el despido con justa causa, la agenda de Milei avanza en dos frentes: endurecer las sanciones laborales y acotar el margen de acción sindical dentro del lugar de trabajo.

• Se introducen nuevas sanciones para medidas gremiales que afecten servicios declarados “esenciales”.

• Se busca que asambleas y acciones sindicales no interrumpan el funcionamiento normal de la empresa, bajo riesgo de sanciones o descuentos.

Este endurecimiento del régimen disciplinario configura un escenario donde cualquier conflicto puede reconfigurarse como causal de sanción o despido, reforzando el poder de la patronal frente al trabajador individual.

Convenios colectivos y poder sindical: del sector a la empresa

Otro cambio estructural es el intento de desplazar la negociación colectiva desde el nivel sectorial hacia el nivel empresa.​

• Los nuevos convenios tenderían a negociarse empresa por empresa una vez vencidos los convenios sectoriales tradicionales.​​

• Se debilitan aportes sindicales obligatorios y mecanismos de ultraactividad que mantenían vigentes condiciones mientras se negociaban nuevos acuerdos.

Para el oficialismo, esto “moderniza” las relaciones laborales y acerca las condiciones a la realidad de cada firma. Para los sindicatos, es una estrategia para fragmentar la fuerza colectiva y aislar a los trabajadores dentro de cada compañía, facilitando acuerdos a la baja.

Vacaciones, pagos y nuevas formas de contratación

La reforma también toca aspectos cotidianos, pero sensibles, del vínculo laboral.​

• Vacaciones: se flexibiliza el fraccionamiento del descanso, que podrá distribuirse en distintos momentos del año en lugar de concentrarse en un solo período fijo, siempre que exista acuerdo entre las partes.​

• Forma de pago: se habilita mayor libertad para pactar pagos en distintas monedas e incluso en especie, como comida o alojamiento, algo especialmente polémico en un contexto inflacionario.​

• Contratación: se crean incentivos fiscales y reducción de cargas patronales para nuevas incorporaciones, con foco en pymes y sectores intensivos en mano de obra.

Si bien estas medidas pueden facilitar arreglos “a medida”, también pueden abrir grietas para precarizar aún más sectores ya vulnerables.

Edad de jubilación y fin de las moratorias: el giro previsional

Aunque la edad jubilatoria legal no se modifica en forma directa en la letra de la reforma laboral, el gobierno de Milei introdujo cambios previsionales que, en la práctica, elevan la barrera de acceso a la jubilación plena.

• Fin de la moratoria previsional: se elimina el mecanismo que permitía regularizar años no aportados mediante planes de pago, una vía central para que muchas personas, sobre todo mujeres, alcanzaran la jubilación.​

• Alternativa: quienes no lleguen a los 30 años de aportes pasan a depender de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que paga el 80% de la jubilación mínima.​

Es decir, no se sube la edad por ley, pero se endurecen las condiciones de acceso, y una parte significativa de la población terminará con una prestación más baja y con menos derechos asociados.

Pensión por viudez: el recorte silencioso

Uno de los cambios más sensibles, pero menos visibles en el discurso oficial, es el impacto sobre la pensión por viudez.

• Quienes acceden solo a la PUAM no tienen derecho a pensión por fallecimiento del cónyuge, aun si este estaba jubilado.

• La pensión por viudez queda reservada para quienes se jubilaron bajo el régimen general con aportes completos.​

En la práctica, esto crea un sistema previsional de dos velocidades: un núcleo con derechos plenos, incluida la pensión de sobrevivencia, y una periferia creciente que solo accede a una prestación reducida y sin protección de viudez. El impacto de género es directo, ya que las mujeres, con trayectorias laborales más fragmentadas, son las más dependientes de moratorias y pensiones por viudez.

Impacto social y político: ¿modernización o precarización?

La reforma laboral de Milei se aprueba en medio de protestas masivas, paros y una fuerte resistencia sindical y social. Para el gobierno, se trata de la única manera de romper con un modelo que genera desempleo, litigiosidad y pobreza; para sus críticos, es un salto hacia un mercado de trabajo más largo, más inseguro y más desprotegido.

Más allá de las promesas oficiales, el efecto inmediato es claro: los trabajadores asumen más riesgo (más horas, despidos más baratos, menor cobertura previsional), mientras las empresas obtienen más margen de maniobra y menores costos regulatorios. El desenlace de este experimento laboral no solo marcará el futuro de Argentina, sino que será observado de cerca por toda la región.