Bogotá se prepara para limitar el uso de celulares en colegios: estas son las reglas que propone el Distrito
La Secretaría de Educación publicó un proyecto de acto administrativo que plantea nuevas reglas para el uso de celulares y dispositivos con pantalla en colegios públicos y privados. El plazo para presentar comentarios ciudadanos vence este viernes 4 de septiembre.
Bogotá quiere cambiar la relación de los estudiantes con el celular
El celular está a punto de convertirse en uno de los elementos más regulados dentro de los colegios de Bogotá. La Secretaría de Educación del Distrito publicó un proyecto de acto administrativo que establece nuevas reglas para el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos con pantalla en instituciones educativas oficiales y privadas de la capital.
La propuesta llega después de varios meses de discusión con estudiantes, familias, docentes y directivos sobre el papel que deben ocupar los dispositivos tecnológicos en la educación. El Distrito sostiene que el objetivo no es simplemente retirar los celulares de las aulas, sino recuperar espacios de concentración, interacción y aprendizaje frente a una realidad en la que las pantallas ocupan buena parte de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes.
La discusión entra ahora en una etapa decisiva. El proyecto permanece abierto para recibir comentarios de la ciudadanía hasta este viernes 4 de septiembre, antes de que se adopte la versión definitiva de la regulación. Por eso, aunque ya se conocen los principales lineamientos, todavía no se puede hablar de una norma definitiva.
No sería una prohibición igual para todos los estudiantes
Uno de los puntos más importantes del proyecto es que la regulación diferencia el uso de dispositivos según la edad y el grado escolar. Esto significa que la propuesta no plantea exactamente la misma regla para un niño de primera infancia que para un estudiante de educación media.
En el ciclo 1 y prejardín no se contempla el uso de pantallas. Para jardín, la exposición continua no debería superar los 10 minutos y el máximo acumulado durante la jornada sería de 30 minutos. En transición, la exposición continua podría llegar a 15 minutos, con un máximo acumulado de 30 minutos durante la jornada escolar.
En educación básica primaria se plantea una exposición máxima de una hora, acompañada de pausas activas. Para sexto y séptimo grado, el límite sería de dos horas. En octavo, noveno, décimo y undécimo no se establecería un límite general de exposición cuando el uso tenga fines pedagógicos, pero sí existiría supervisión docente.
Esto introduce un matiz importante frente a la idea de que Bogotá simplemente “prohibirá los celulares en los colegios”. La propuesta busca establecer una política diferenciada de acuerdo con la edad y el propósito del uso, aunque en los grados inferiores las restricciones serían considerablemente más fuertes.
¿Qué pasará con los celulares durante los descansos?
El proyecto también toca uno de los puntos que más debate ha generado: los momentos en los que los estudiantes no están en clase.
La información conocida hasta ahora plantea restricciones que no se limitarían exclusivamente al tiempo dentro del aula. El Distrito busca que los espacios de descanso y convivencia no terminen convertidos en extensiones del consumo permanente de pantallas, especialmente entre los estudiantes más pequeños.
La discusión tiene una razón de fondo. Según información de la Secretaría de Educación citada por El Espectador, entre 2025 y 2026 se encontró que los menores utilizaban el celular en promedio durante nueve horas diarias y que, durante las clases, el 82 % de los usos estaba relacionado con redes sociales o videojuegos.
Para el Distrito, el problema no es únicamente académico. La preocupación también está relacionada con la atención, las relaciones sociales y la salud mental de los estudiantes.
Habrá excepciones
La propuesta tampoco plantea que el celular deba desaparecer completamente de la vida escolar. El borrador contempla excepciones para estudiantes que requieran estos dispositivos como herramienta de apoyo para su aprendizaje o comunicación, así como situaciones relacionadas con condiciones de salud.
También se permitiría utilizar los teléfonos cuando exista una emergencia que ponga en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la integridad de algún integrante de la comunidad educativa y sea necesaria una comunicación inmediata.
Además, los dispositivos podrían utilizarse en determinados proyectos académicos, incluidos ejercicios audiovisuales. A partir de octavo grado, el uso con fines pedagógicos estaría permitido bajo supervisión de los docentes.
El reto no termina cuando se apagan los celulares
Aquí aparece probablemente la discusión más importante de toda la propuesta. Retirar un dispositivo durante algunas horas puede reducir una fuente evidente de distracción, pero no necesariamente enseña a los estudiantes a relacionarse de manera responsable con la tecnología.
El propio debate que Bogotá ha adelantado durante 2026 apunta hacia una pregunta más amplia: cómo formar ciudadanos capaces de utilizar la tecnología sin convertirse en dependientes de ella. Los foros educativos realizados durante el año involucraron a comunidades escolares para discutir precisamente el uso pedagógico de los dispositivos, las restricciones necesarias y el impacto de las redes sociales en la convivencia y el aprendizaje.
Por eso, una política efectiva tendrá que ir más allá del celular guardado en una mochila. Será necesario fortalecer la alfabetización digital crítica, enseñar a diferenciar información de manipulación, trabajar sobre el uso responsable de redes sociales y desarrollar capacidades de autorregulación que permitan a los estudiantes desenvolverse en un mundo donde las pantallas seguirán presentes cuando termine la jornada escolar.
El proyecto de Bogotá habla precisamente de favorecer el aprendizaje, la alfabetización digital crítica, la atención, la concentración y la participación de los estudiantes en las actividades académicas.
Una decisión que también involucra a las familias
La medida tendrá implicaciones que van mucho más allá de los colegios. Si la regulación queda en firme, las instituciones educativas tendrían un plazo de seis meses para incorporar las disposiciones correspondientes en sus manuales de convivencia o mecanismos institucionales. La regulación aplicaría tanto para establecimientos públicos como privados de Bogotá.
Eso significa que la implementación dependerá también de la capacidad de cada comunidad educativa para establecer procedimientos claros: dónde se guardarán los dispositivos, qué ocurrirá cuando un estudiante incumpla la regla, cómo se manejarán las emergencias y qué papel tendrán los padres y acudientes.
El desafío será evitar que una política pensada para mejorar la convivencia termine convirtiéndose simplemente en una nueva disputa entre colegios, estudiantes y familias.
Hoy termina el plazo para opinar
La Secretaría de Educación mantiene abierto hasta este viernes 4 de septiembre el espacio para que padres de familia, estudiantes, docentes y ciudadanía presenten comentarios sobre el proyecto. Después de esta etapa deberá avanzar la definición de la versión definitiva del acto administrativo.
Por ahora, la discusión en Bogotá no debería reducirse a una pregunta tan sencilla como “¿celulares sí o no?”. El verdadero desafío es decidir qué lugar deben ocupar las pantallas en la formación de una generación que nació conectada y que tendrá que aprender, precisamente, a desconectarse cuando sea necesario.
La apuesta del Distrito será medir si una mayor restricción logra recuperar atención y convivencia sin convertir la tecnología en el enemigo de la educación. La respuesta dependerá tanto de la norma como de lo que ocurra después de que los celulares vuelvan a entrar en las aulas.
