Dapre fija reglas de austeridad para las celebraciones de fin de año.
Gobierno limita el gasto en fiestas de Navidad de entidades públicas.
El Gobierno nacional estableció nuevos lineamientos para controlar el uso de recursos públicos durante las celebraciones de Navidad y las actividades de cierre de 2026. La medida quedó consignada en la Circular Externa 10 del 29 de octubre, expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que promueve la austeridad en los gastos destinados a fiestas, agasajos, recepciones, banquetes y otros eventos cuya finalidad sea exclusivamente festiva.
La disposición también tiene implicaciones para los trabajadores del Estado: las actividades de integración navideña deben desarrollarse bajo criterios de voluntariedad. Esto significa que las entidades deben evitar imponer la asistencia de funcionarios y contratistas o exigirles contribuciones económicas para financiar las celebraciones.
Sin embargo, la circular no ordena cancelar todas las fiestas de Navidad en las instituciones públicas. Su propósito es orientar la utilización del presupuesto estatal y evitar que se comprometan recursos en actividades que no tengan una justificación institucional suficiente.
¿A qué entidades aplica la medida?
La Circular Externa 10 de 2026 está dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, directores, gerentes, presidentes y representantes legales de entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
El documento fue firmado por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Por su alcance, no debe interpretarse como una prohibición general para todas las instituciones públicas de Colombia. La aplicación de estos lineamientos debe considerar las competencias, la autonomía y el régimen jurídico de cada entidad destinataria.
El Dapre plantea que las apropiaciones presupuestales deben orientarse prioritariamente al cumplimiento de las funciones institucionales y a la satisfacción del interés general, en lugar de financiar actividades cuyo propósito sea únicamente celebrar la temporada navideña.
¿Qué gastos navideños busca restringir el Gobierno?
El primer lineamiento de la circular pide racionalizar y restringir la destinación de recursos públicos para celebraciones navideñas, agasajos, recepciones, banquetes y demás actividades de cierre de año cuya finalidad sea exclusivamente festiva.
La orientación también contempla la contratación de servicios de alimentación, bebidas, decoración, espectáculos, alquiler de espacios y logística cuando su objetivo principal sea financiar este tipo de eventos y no exista una necesidad institucional debidamente justificada ni fundamento jurídico suficiente.
En ese sentido, las entidades deben revisar los procesos de contratación, convenios y órdenes de compra relacionados con las celebraciones de diciembre.
El documento también plantea controles para evitar que los gastos exclusivamente festivos se tramiten bajo denominaciones como logística, bienestar, comunicaciones o eventos institucionales con el propósito de justificar el uso del presupuesto público.
¿Los funcionarios tendrán que pagar para las celebraciones de diciembre?
Uno de los puntos centrales de la circular es la voluntariedad de las actividades de integración y celebración navideña.
La directriz establece que no se deben imponer obligaciones de asistencia ni contribuciones económicas a servidores públicos y contratistas para financiar estos encuentros.
En consecuencia, la participación en las actividades de fin de año debe responder a una decisión libre de cada persona. Las entidades deben evitar que las celebraciones se conviertan en una obligación laboral o en una carga económica para sus trabajadores.
¿Qué pasa con los programas de bienestar y los compromisos existentes?
La circular también establece que los lineamientos de austeridad deben armonizarse con las obligaciones legales y contractuales válidamente adquiridas, así como con los programas institucionales de bienestar social e incentivos que cuenten con fundamento normativo.
Esto significa que no toda actividad de integración o bienestar queda automáticamente descartada. Cada entidad debe revisar su finalidad, el soporte jurídico, la necesidad del gasto y las normas que regulan su presupuesto.
Además, el documento no crea por sí mismo nuevas prohibiciones legales ni reemplaza las competencias de los representantes legales, ordenadores del gasto y demás autoridades responsables de cada institución.
¿Cómo se vigilará el uso de los recursos públicos?
El Dapre propone fortalecer los mecanismos de revisión presupuestal, contractual y administrativa para verificar que los recursos estatales no terminen financiando actividades exclusivamente festivas mediante contratos u otros mecanismos que desvirtúen la finalidad del gasto.
Los representantes legales y ordenadores del gasto deberán promover medidas administrativas de austeridad dentro de sus respectivas competencias y revisar la destinación de los recursos antes de autorizar compromisos relacionados con las actividades de cierre de año.
La circular comunica estos lineamientos para su consideración durante la vigencia fiscal de 2026.
Una Navidad con criterios de austeridad en el Estado
La directriz busca que el presupuesto público se concentre en las funciones de las instituciones y no se destine a celebraciones que carezcan de una justificación suficiente.
Por eso, el alcance de la medida debe entenderse con precisión: no supone la eliminación general de las fiestas navideñas ni prohíbe cualquier encuentro entre trabajadores. Establece criterios de austeridad para el gasto público y recuerda que la asistencia y los aportes de funcionarios y contratistas deben ser voluntarios.
La aplicación dependerá de las características de cada entidad, su régimen jurídico y la justificación de los gastos que pretenda realizar durante el cierre de año.
