Uber, DiDi e inDrive: proyecto de ley busca regular las plataformas y cambiar las reglas de los taxis en Colombia

La iniciativa “Por Allá Sí Voy”, radicada en la Cámara de Representantes, propone permitir el transporte intermediado por aplicaciones en vehículos particulares sin cambiar las placas, crear un registro nacional, exigir seguros y cobrar a las plataformas una contribución del 1,5 % por cada viaje. El proyecto también plantea tarifas dinámicas y menos trámites para los taxis.

Un nuevo proyecto de ley busca establecer reglas para los servicios de transporte solicitados mediante aplicaciones como Uber, DiDi e inDrive en Colombia. La iniciativa, denominada “Ley Por Allá Sí Voy”, fue radicada el 13 de octubre de 2026 en la Cámara de Representantes y plantea un marco normativo para conductores, pasajeros, plataformas digitales y el servicio tradicional de taxi.

La propuesta corresponde al Proyecto de Ley 430 de 2026 Cámara y tiene como objetivo reconocer legalmente el transporte intermediado por plataformas digitales, establecer responsabilidades para las empresas tecnológicas y actualizar algunas condiciones de operación de los taxis.

El texto fue presentado por congresistas de diferentes partidos, entre ellos Catherine Juvinao, Daniel Briceño, Jaime Ignacio Arizabaleta, María del Mar Pizarro, Mauricio Toro, Santiago Castro y Simón Molina. En el Senado aparece como autora María Lucía Villalba.

La iniciativa abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la movilidad en el país, donde el crecimiento de las aplicaciones ha convivido con controversias sobre la regulación del servicio, las condiciones de competencia frente a los taxis y los controles que enfrentan los conductores.

Es importante aclarar que el proyecto todavía debe surtir su trámite legislativo. Su radicación no significa que las plataformas hayan quedado legalizadas automáticamente ni que las nuevas reglas estén en vigor.

¿Qué cambiaría para los conductores de Uber, DiDi e inDrive?

Uno de los principales cambios propuestos es reconocer una categoría específica para el transporte realizado en vehículos particulares mediante plataformas digitales.

El proyecto permitiría prestar estos servicios sin que los automóviles tengan que cambiar sus placas o pasar de servicio particular a público, siempre que cumplan los requisitos técnicos, operativos, de seguridad y aseguramiento que establezca la normativa.

Para organizar la actividad, la iniciativa contempla crear el Registro Único Nacional del Servicio de Transporte Intermediado por Plataformas Digitales (RUNSTIP), incorporado al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

En este registro tendrían que inscribirse las plataformas, sus operadores, los conductores y los vehículos vinculados al servicio. El texto establece, entre otras condiciones, requisitos de identificación, licencia de conducción vigente y certificado de antecedentes judiciales para los conductores que alcancen el umbral de servicios previsto en el proyecto.

El Ministerio de Transporte tendría que reglamentar el funcionamiento del sistema si la iniciativa se convierte en ley.

Seguros obligatorios y nuevas condiciones de seguridad

El proyecto también establece responsabilidades para las empresas que intermedian los viajes mediante aplicaciones.

Entre las medidas propuestas se encuentran pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, con cobertura para pasajeros, conductores y terceros durante el servicio. Estas pólizas serían complementarias al SOAT.

Las plataformas también tendrían que implementar mecanismos para verificar la identidad de los usuarios, identificar los vehículos y sus conductores, facilitar la trazabilidad de los viajes y disponer de herramientas de emergencia y canales de atención para reportar situaciones que comprometan la seguridad.

La iniciativa incluye medidas frente a la violencia basada en género y plantea mecanismos para prevenir fraudes, suplantaciones y el uso indebido de las aplicaciones.

En materia de transparencia, los pasajeros deberían conocer el precio del servicio antes de aceptarlo y recibir información sobre el recorrido y el costo final. Los conductores, por su parte, tendrían derecho a conocer los porcentajes de intermediación y los descuentos que les aplican las plataformas.

¿Las plataformas tendrían que pagar un aporte del 1,5 % por cada viaje?

Sí. El artículo 18 del proyecto propone una contribución no tributaria equivalente al 1,5 % del ingreso neto obtenido por cada viaje de transporte intermediado.

La obligación recaería sobre los operadores de las plataformas y, según el texto, el costo no podría trasladarse ni descontarse de la remuneración correspondiente al conductor.

Los recursos se destinarían a cinco áreas: formación de conductores, programas de sustitución de vehículos de tracción animal, acceso a vivienda, mantenimiento de la malla vial y protección en salud para los conductores.

El Gobierno tendría que reglamentar la metodología de recaudo, administración y distribución de estos recursos si la iniciativa es aprobada.

Este punto podría convertirse en uno de los asuntos centrales del debate legislativo, por sus posibles efectos sobre los costos de operación de las plataformas y la financiación de programas asociados con el transporte.

¿Qué propone el proyecto para los taxistas?

La iniciativa no se limita a regular las aplicaciones. También contempla cambios para modernizar el servicio público individual de taxi y modificar algunas de sus condiciones de funcionamiento.

Entre las propuestas está habilitar un esquema de tarifas dinámicas para los taxis que utilicen plataformas digitales, de manera que los precios puedan responder a las variaciones de oferta y demanda.

El texto también plantea eliminar trámites que considera innecesarios, incluidos algunos relacionados con los estudios de capacidad transportadora y de costos y precios, sin eliminar las facultades de planificación que tienen las autoridades territoriales.

Además, propone revisar gradualmente las reglas que permitieron la cesión, transferencia o negociación de permisos de funcionamiento, tarjetas de operación y derechos de reposición.

El propósito declarado es actualizar la regulación del taxi y modificar las condiciones de competencia en un mercado donde los usuarios ya pueden contratar servicios a través de aplicaciones.

¿Qué pasará con la seguridad social de los conductores?

El proyecto aborda también la situación de los conductores que trabajan de manera independiente mediante estas plataformas.

Cuando la relación entre el operador y el conductor sea independiente, la empresa tendría que verificar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral e informar a las autoridades competentes cuando no se realicen oportunamente.

La propuesta no establece por sí sola que todos los conductores pasarían a ser empleados de las plataformas. El texto permite diferentes formas contractuales, siempre que sean legales, y plantea obligaciones de información y protección para quienes prestan el servicio.

También busca que los conductores tengan mayor transparencia sobre las comisiones, acceso a mecanismos de atención ante accidentes o delitos y posibilidad de solicitar revisión humana frente a determinadas suspensiones o desactivaciones de sus cuentas.

¿Cuándo comenzaría a aplicarse la regulación?

El proyecto contempla un periodo de transición de doce meses contado a partir de la expedición de la reglamentación correspondiente por parte del Gobierno nacional.

Antes de llegar a ese punto, la iniciativa debe avanzar en el Congreso, ser debatida y aprobada en las etapas legislativas previstas y recibir la sanción presidencial para convertirse en ley.

Si se aprueba, el Ministerio de Transporte tendría responsabilidades en la implementación del registro nacional y en la actualización de la normativa del servicio de taxi. También participarían otras entidades en aspectos como la protección de datos, los seguros y la vigilancia de las plataformas.

Mientras el proyecto siga en trámite, las disposiciones propuestas no reemplazan automáticamente las reglas actualmente aplicables al transporte en Colombia.

Un nuevo capítulo en el debate entre aplicaciones y taxis

La iniciativa “Por Allá Sí Voy” busca establecer un marco común para una actividad que ha generado desacuerdos entre plataformas digitales, conductores, taxistas y autoridades.

Sus promotores plantean que el reconocimiento legal del servicio, las obligaciones de seguridad y la transparencia en los precios pueden dar mayor claridad a usuarios y conductores. Los cambios propuestos para el taxi, por su parte, buscan actualizar condiciones que han sido objeto de discusión durante años.

El resultado dependerá del debate legislativo y de los ajustes que pueda recibir el articulado. Entre los temas que deberán analizarse están los requisitos para registrarse, la cobertura de los seguros, el impacto de la contribución del 1,5 %, las obligaciones de las plataformas y la forma en que se armonizaría el nuevo modelo con las competencias de las autoridades de transporte.

Por ahora, el hecho confirmado es la radicación del Proyecto de Ley 430 de 2026 Cámara. La eventual regulación de Uber, DiDi, inDrive y otras aplicaciones todavía depende de que la iniciativa complete su trámite y se convierta en ley.