Presidente del Senado solicita a De la Espriella medidas para reducir el desperdicio de alimentos.
Presidente De la Espriella fortalecer la ley contra el desperdicio de alimentos en Colombia.
Honorio Henríquez solicitó al Gobierno facilitar las donaciones de alimentos aptos para el consumo. La Ley 1990 de 2019 ya tiene disposiciones reglamentarias desde 2022, pero el congresista pide fortalecer su aplicación.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, solicitó al presidente Abelardo de la Espriella impulsar medidas para fortalecer la aplicación de la Ley 1990 de 2019, una normativa que busca prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos en Colombia y facilitar que los productos aptos para el consumo humano lleguen a quienes enfrentan dificultades para acceder a ellos.
La petición fue presentada mediante una comunicación dirigida al jefe de Estado y divulgada el 6 de noviembre de 2026. En ella, el congresista del Centro Democrático insistió en la necesidad de facilitar las donaciones de alimentos y aprovechar los excedentes que, pese a conservar condiciones adecuadas para el consumo, terminan desechados.
Henríquez señaló que uno de cada cinco hogares colombianos tiene dificultades para acceder a los alimentos y cuestionó que, mientras persiste esa situación, grandes cantidades de comida aprovechable se pierdan en las diferentes etapas de producción, distribución y comercialización.
¿Qué le pidió Honorio Henríquez al Gobierno?
El presidente del Senado busca que la administración nacional avance en mecanismos que permitan recuperar alimentos que no lograron comercializarse, pero que todavía cumplen las condiciones de calidad e inocuidad necesarias para el consumo humano.
La propuesta contempla fortalecer la articulación entre productores, comerciantes, organizaciones sin ánimo de lucro y bancos de alimentos, con el propósito de facilitar la recepción y distribución de productos entre las poblaciones que los necesitan.
En su pronunciamiento, Henríquez recordó el programa Plan Cosecha Solidaria, que, según indicó, lideró junto con su esposa durante la pandemia y permitió entregar alimentos a miles de familias del Caribe.
El senador también mencionó el trabajo del Frente Parlamentario contra el Hambre, desde donde se promueven iniciativas para mejorar el aprovechamiento de los alimentos y contribuir a la seguridad alimentaria.
La Ley 1990 de 2019 ya tiene disposiciones reglamentarias
Uno de los puntos importantes de esta discusión es el estado jurídico de la normativa. Aunque el presidente del Senado solicitó avanzar en su reglamentación, la Ley 1990 de 2019 ya cuenta con disposiciones desarrolladas mediante el Decreto 375 del 14 de marzo de 2022.
Esta norma adicionó disposiciones al Decreto 1071 de 2015 y desarrolló medidas para disminuir las pérdidas y los desperdicios de alimentos en Colombia. Entre sus objetivos está implementar una política pública integral que involucre a los diferentes actores de la cadena alimentaria.
El decreto contempla acciones para facilitar las donaciones de alimentos aptos para el consumo humano, establecer lineamientos para su aprovechamiento y promover estrategias de prevención del desperdicio en la distribución y el consumo.
Por esa razón, el llamado de Henríquez también pone sobre la mesa la necesidad de revisar cómo se están ejecutando esas disposiciones y qué ajustes institucionales pueden facilitar que los mecanismos previstos lleguen efectivamente a las comunidades.
¿Qué establece la Ley 1990 sobre las donaciones de alimentos?
La Ley 1990 de 2019 creó una política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos en Colombia. Su propósito es contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, promover el aprovechamiento de los excedentes y reducir las pérdidas durante las distintas etapas de la cadena de suministro.
La legislación establece un orden de prioridades para el aprovechamiento de los alimentos. Primero busca evitar las pérdidas desde su origen y priorizar el consumo humano. También contempla alternativas como el procesamiento industrial, la alimentación animal, la generación de energías alternativas y el compostaje, según las condiciones de los productos.
Uno de sus componentes más relevantes es la posibilidad de entregar gratuitamente alimentos que no pudieron comercializarse, pero que siguen siendo aptos para el consumo, a organizaciones sin ánimo de lucro que tengan capacidad para recibirlos y distribuirlos.
La medida busca conectar los excedentes de productores y establecimientos comerciales con fundaciones, bancos de alimentos y otras organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables.
La inseguridad alimentaria sigue siendo un desafío para Colombia
Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística permiten dimensionar el problema al que se refiere el presidente del Senado.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida publicados en mayo de 2026, el 21,1 % de los hogares colombianos experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave durante 2025. El indicador disminuyó frente al 25,5 % registrado en 2024.
El DANE también informó que el 22,8 % de la población del país experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025, equivalente a poco más de 12 millones de personas.
Aunque los indicadores mostraron una reducción frente al año anterior, las cifras evidencian que millones de personas todavía enfrentan dificultades para acceder de manera suficiente y permanente a los alimentos.
En ese contexto, fortalecer los mecanismos de recuperación y donación de productos aprovechables aparece como una de las acciones que pueden contribuir a mejorar el acceso a la alimentación, sin reemplazar las demás políticas públicas necesarias para enfrentar la pobreza y la inseguridad alimentaria.
¿Qué sigue después de la solicitud al presidente?
El siguiente paso será conocer la respuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella y las medidas que pueda adoptar para fortalecer la ejecución de la Ley 1990 de 2019 y del Decreto 375 de 2022.
La solicitud también abre la posibilidad de revisar los mecanismos de coordinación entre las entidades públicas, el sector privado y las organizaciones sociales que participan en la recuperación y distribución de alimentos.
Por ahora, el pronunciamiento de Henríquez constituye una petición al Ejecutivo, no el anuncio de una nueva reglamentación ni de una medida ya implementada. El alcance de cualquier cambio dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno y de los mecanismos que se establezcan para mejorar el aprovechamiento de los alimentos en el país.
