Política

Contrato de Verónica Estrada con la DIAN por $78 millones: habla exdirector

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Luis Eduardo Llinás aseguró que fue “asaltado en su buena fe” y que desconocía las presuntas irregularidades del título universitario presentado por la congresista. La DIAN registra un contrato de prestación de servicios por $78 millones a nombre de Estrada en 2025.

El caso de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, sumó un nuevo capítulo después de que el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Eduardo Llinás, se pronunciara sobre el contrato de prestación de servicios por $78 millones que la congresista suscribió con esa entidad en 2025.

En declaraciones a Caracol Radio, Llinás afirmó que desconocía las presuntas irregularidades relacionadas con el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que Estrada habría presentado para acreditar su formación profesional.

“Fui asaltado en mi buena fe”, manifestó el exfuncionario, quien también explicó que la DIAN cuenta con filtros institucionales para revisar los requisitos legales de los contratistas antes de que los documentos lleguen a la firma del contrato.

La controversia adquiere relevancia porque la Universidad Nacional de Colombia informó que no encontró registros académicos que acreditaran a Estrada como egresada de ese programa. Además, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) confirmó que no le expidió matrícula profesional.

¿Qué contrato firmó Verónica Estrada con la DIAN?

La información publicada por la propia DIAN registra un contrato de prestación de servicios profesionales identificado con el número 00-050-2025, por un valor de $78 millones, a nombre de Luz Verónica Estrada Holguín.

El objeto contractual consistía en brindar apoyo y acompañamiento a la Dirección General en la elaboración de estudios, lineamientos y políticas para fortalecer las acciones de control y fiscalización en el sector minero.

La ficha institucional registra el 12 de marzo de 2025 como fecha del contrato y señala que correspondía al nivel central de la entidad, en Bogotá.

El dato es relevante porque el servicio contratado estaba relacionado con asuntos mineros, precisamente el campo profesional para el cual Estrada habría acreditado el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia atribuido a la Universidad Nacional.

La publicación del registro contractual permite confirmar la existencia, el valor y el objeto del contrato. Sin embargo, para establecer qué documentos fueron presentados, quién los revisó y cómo se surtió la verificación de requisitos, es necesario examinar el expediente completo del proceso contractual.

La explicación de Luis Eduardo Llinás

Llinás aseguró que no conocía el cuestionamiento sobre el título universitario de la congresista y sostuvo que el proceso de contratación pasó por los filtros establecidos en la DIAN.

Según explicó a Caracol Radio, las revisiones de requisitos legales corresponden a las dependencias encargadas de compras y contratos. Una vez superadas esas verificaciones, el trámite continúa para la firma del contrato.

El exdirector dijo que espera un pronunciamiento de Estrada y que la congresista explique lo ocurrido. También calificó el asunto como grave y reprochable.

Su declaración busca aclarar cuál fue su conocimiento sobre la contratación y el procedimiento que siguió la entidad. No obstante, deja abiertas preguntas sobre los soportes académicos y profesionales que fueron revisados, los responsables de validarlos y los controles aplicados en ese momento.

La relación entre Llinás y la congresista también quedó bajo escrutinio

Otro elemento que llamó la atención es que Luis Eduardo Llinás hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Verónica Estrada entre julio y septiembre de 2026, según la información publicada por Caracol Radio.

La emisora señaló que durante ese periodo el exdirector recibió algo más de $50 millones por su vinculación al equipo de la congresista. También mencionó versiones de fuentes sobre la cercanía política entre ambos y el supuesto respaldo de Llinás a la llegada de Estrada al Congreso.

Esta relación posterior no demuestra por sí misma que el exfuncionario conociera las presuntas irregularidades documentales ni que hubiera participado en alguna conducta ilegal. Sin embargo, sí constituye un elemento relevante para comprender el contexto político y administrativo del caso.

La coincidencia entre el contrato de 2025, la dirección de Llinás en la DIAN y su posterior paso por la UTL de Estrada plantea interrogantes que merecen respuestas documentadas.

Universidad Nacional y COPNIA: los antecedentes del caso

La controversia se originó después de que se conociera una comunicación de la Universidad Nacional, sede Medellín, fechada el 23 de octubre de 2025 y dirigida al COPNIA.

En ese documento, la institución informó que revisó sus archivos físicos y digitales y no encontró registros de que Luz Verónica Estrada fuera egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. También señaló que la copia del registro de diplomas presentada ante el organismo profesional no había sido expedida por esa sede.

La exdecana de la Facultad de Minas, Verónica Botero, también cuestionó la autenticidad de la firma que aparece en el diploma atribuido a la congresista y aseguró públicamente que no correspondía a la suya.

Posteriormente, el director del COPNIA, Rubén Darío Ochoa, confirmó que la entidad había negado la matrícula profesional a Estrada desde 2025, después de que la Universidad Nacional no validara el título. El funcionario anunció que el organismo adelantaría una denuncia ante la Fiscalía por la presunta falsedad del documento que circula como tarjeta profesional.

Estos elementos constituyen antecedentes documentales e institucionales relevantes. Sin embargo, la determinación de quién elaboró, presentó o utilizó documentos presuntamente falsos y si existió responsabilidad penal corresponde a las autoridades competentes.

Las preguntas que ahora debe responder la DIAN

El caso ya no se limita a establecer si la congresista obtuvo o no el título que aparece en los documentos cuestionados. También exige aclarar cómo fue posible que se formalizara un contrato profesional por $78 millones con una entidad pública y cuáles fueron los mecanismos de revisión aplicados.

Entre los puntos que requieren explicación están:

  • ¿Qué documentos académicos y profesionales entregó Estrada para acreditar su idoneidad?
  • ¿Quién verificó el diploma y la matrícula profesional presentados?
  • ¿La DIAN consultó directamente a la Universidad Nacional y al COPNIA antes de firmar el contrato?
  • ¿Qué funcionarios participaron en la revisión y aprobación de los requisitos?
  • ¿Qué actuaciones administrativas o judiciales se adoptarán si se demuestra que se utilizaron documentos falsos?

También será importante conocer la respuesta de la representante y el resultado de las investigaciones anunciadas por el Pacto Histórico y el COPNIA.

Por ahora, el registro oficial confirma que el contrato existió y que tuvo un valor de $78 millones. La Universidad Nacional desconoce el título atribuido a Estrada y el COPNIA niega haberle expedido matrícula profesional. La explicación de Llinás introduce otro componente: el funcionamiento de los controles internos de la DIAN y las responsabilidades de quienes intervinieron en la contratación.

El caso deja así dos asuntos centrales para esclarecer: la autenticidad de los documentos presentados y la actuación de la entidad pública que los recibió y tramitó.

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