Aumento del salario mínimo podría cambiar la categoría fiscal de varios departamentos
La Federación Nacional de Departamentos pidió revisar la metodología de categorización, pues el incremento del salario mínimo elevó los umbrales de ingresos expresados en salarios mínimos y podría afectar la clasificación de algunos territorios.
El aumento del salario mínimo para 2026, que llevó el valor de $1.423.500 a $1.750.905, no solo tiene efectos sobre los trabajadores y las obligaciones laborales. También modificó, en términos de pesos, los valores de referencia utilizados para determinar la categoría fiscal de los departamentos.
La situación llevó a la Federación Nacional de Departamentos (FND) a pedir al Gobierno nacional y al Congreso revisar la metodología establecida hace más de 25 años en la Ley 617 de 2000. La preocupación está relacionada con aquellos territorios cuyos ingresos aumentan en pesos, pero no lo hacen al mismo ritmo que el salario mínimo.
La discusión es relevante porque la categoría fiscal tiene efectos sobre las reglas presupuestales y los límites de gasto de las administraciones departamentales. No significa, por sí sola, que el salario de un gobernador vaya a aumentar o disminuir automáticamente.
¿Por qué el salario mínimo afecta la categorización?
La Ley 617 de 2000 establece que la categorización presupuestal de los departamentos tiene en cuenta, entre otros factores, la población y los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El problema aparece cuando el salario mínimo aumenta de manera considerable.
Para 2026, el salario mínimo pasó a $1.750.905, un incremento del 23 % frente al valor de 2025. Como los límites legales están expresados en número de salarios mínimos, su equivalente en pesos también aumentó.
Por ejemplo, para un departamento cuya población corresponde a la primera categoría, la referencia de ingresos es de 170.001 salarios mínimos. Con el salario de 2025, ese umbral equivalía aproximadamente a $242.000 millones. Para 2026, la misma cantidad de salarios mínimos representa cerca de $297.656 millones.
Es decir, el departamento tendría que alcanzar un nivel mayor de ingresos en pesos para conservar la equivalencia correspondiente a ese umbral.
Un departamento puede recaudar más y aun así cambiar de categoría
Este es uno de los puntos centrales de la advertencia de la FND.
Un territorio puede aumentar sus ingresos corrientes de libre destinación en pesos y, sin embargo, perder equivalencia frente al salario mínimo si su crecimiento es inferior al incremento del SMLMV.
La Federación plantea, por ejemplo, que si los ingresos aumentaran 10 % mientras el salario mínimo creció 23 %, la equivalencia de esos ingresos expresados en salarios mínimos disminuiría aproximadamente 10,57 %. Con un crecimiento de los ingresos del 15 %, la reducción sería cercana al 6,50 %, mientras que con un aumento del 20 % todavía habría una reducción aproximada de 2,44 %.
Esto podría generar situaciones en las que un departamento mejore su recaudo nominal y mantenga determinados indicadores fiscales, pero tenga dificultades para conservar la categoría que tenía anteriormente.
¿Qué categorías existen para los departamentos?
La Ley 617 establece cinco categorías presupuestales para los departamentos: especial, primera, segunda, tercera y cuarta.
La clasificación combina población e ingresos corrientes de libre destinación. Los rangos de ingresos están expresados en salarios mínimos.
| Categoría | Población | ICLD de referencia |
|---|---|---|
| Especial | Más de 2 millones | Más de 600.000 SMLMV |
| Primera | 700.001 a 2 millones | 170.001 a 600.000 SMLMV |
| Segunda | 390.001 a 700.000 | 122.001 a 170.000 SMLMV |
| Tercera | 100.001 a 390.000 | 60.001 a 122.000 SMLMV |
| Cuarta | Hasta 100.000 | Hasta 60.000 SMLMV |
La propia ley contempla que la categoría depende de la combinación de los criterios de población e ingresos y establece reglas específicas cuando un departamento supera o no alcanza los ingresos correspondientes a su rango poblacional.
¿Qué cambia para los gobernadores?
La categoría del departamento tiene consecuencias administrativas y presupuestales. Entre ellas se encuentran los límites al gasto de funcionamiento y otros parámetros de gestión fiscal.
También existe una relación con el límite máximo salarial de los gobernadores, pues el Decreto 323 de 2026 establece los topes salariales de acuerdo con la categorización fijada en la Ley 617. Para 2026, los límites máximos mensuales son de $27.289.957 para categoría especial, $23.123.108 para primera, $22.233.758 para segunda y $19.130.765 para tercera y cuarta.
Sin embargo, el debate planteado por la FND no significa que estos salarios hayan cambiado automáticamente por el aumento del salario mínimo. El punto de discusión es que una eventual modificación de la categoría fiscal de un departamento puede tener posteriormente efectos sobre las reglas presupuestales y administrativas asociadas a esa clasificación.
La FND pide actualizar una metodología de más de 25 años
La Federación Nacional de Departamentos considera que el sistema debería ser revisado porque la metodología vigente fue diseñada hace más de dos décadas y no necesariamente refleja las diferencias actuales entre los territorios.
El director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, planteó la necesidad de abrir un diálogo técnico e institucional con el Gobierno, el Congreso y los gobiernos territoriales para evaluar si la metodología continúa siendo adecuada para medir las capacidades fiscales de departamentos con realidades diferentes.
La propuesta no plantea eliminar la disciplina fiscal. Por el contrario, la discusión busca establecer si los indicadores utilizados permiten medir de manera adecuada la capacidad financiera de los departamentos sin generar distorsiones cuando se producen aumentos importantes del salario mínimo.
La categorización deberá definirse para el siguiente año
La Ley 617 establece que los gobernadores deben determinar anualmente, mediante decreto expedido antes del 31 de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado el departamento para el año siguiente.
Por eso, la discusión adquiere especial importancia durante estas semanas: los ingresos corrientes de libre destinación obtenidos durante 2026 serán parte de la información utilizada para establecer la categorización que regirá posteriormente bajo la metodología vigente.
La FND busca que antes de que se consoliden esas clasificaciones se abra una discusión sobre la fórmula utilizada.
El debate va más allá del salario de los gobernadores
La discusión planteada por los departamentos no se reduce a cuánto gana un gobernador.
La categoría fiscal funciona como una herramienta para establecer diferentes reglas de administración de los recursos públicos. Por ello, un eventual cambio de clasificación puede tener consecuencias sobre la planeación presupuestal, los límites de funcionamiento y otras decisiones administrativas.
El planteamiento de la FND pone así sobre la mesa una discusión más amplia: si una metodología basada en salarios mínimos continúa siendo adecuada para comparar la capacidad fiscal de departamentos con estructuras económicas, poblacionales y de recaudo diferentes.
Por ahora, no existe un cambio general de la Ley 617. Lo que existe es una solicitud de revisión formulada por la Federación Nacional de Departamentos ante el Gobierno y el Congreso.
