El revés político en el Congreso abrió un nuevo debate sobre el alcance del poder presidencial. Desde el equipo jurídico del mandatario aseguran que muchas decisiones podrán adoptarse sin necesidad de una ley.

El primer pulso político cambió el libreto del nuevo Gobierno

La derrota del candidato respaldado por el presidente Abelardo de la Espriella en la elección de la Presidencia del Senado no solo representó un revés político durante la instalación del nuevo Congreso. También aceleró un cambio en la estrategia del Ejecutivo frente a la implementación de su programa de gobierno.

Horas después de la elección del senador Honorio Henríquez como presidente de la corporación, desde el equipo jurídico del mandatario se aseguró que gran parte de las transformaciones anunciadas durante la campaña no dependerán necesariamente de la aprobación del Congreso, sino del ejercicio de las facultades administrativas del Presidente de la República.

El mensaje fue interpretado como una advertencia de que el Gobierno buscará utilizar al máximo las herramientas que la Constitución le otorga al Ejecutivo para evitar que una eventual falta de mayorías legislativas frene sus principales iniciativas.

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“Serán pocas las leyes que pasarán por el Congreso”

La posición fue expuesta por el abogado del presidente, quien sostuvo que muchas de las decisiones previstas podrán adoptarse mediante decretos presidenciales, resoluciones administrativas y la derogatoria de actos expedidos durante el gobierno anterior.

Según explicó, la hoja de ruta consiste en revisar una a una las decisiones administrativas vigentes para determinar cuáles pueden modificarse o derogarse desde la Casa de Nariño sin necesidad de iniciar un trámite legislativo.

En esa línea, aseguró que únicamente aquellas reformas que impliquen modificar leyes aprobadas por el Congreso deberán surtir el procedimiento constitucional ordinario.

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¿Qué puede hacer un presidente mediante decreto?

En Colombia, el Presidente tiene amplias facultades reglamentarias para desarrollar las leyes existentes y dirigir la administración pública.

Entre otras competencias, puede:

• Expedir decretos reglamentarios.
• Modificar o derogar decretos expedidos por gobiernos anteriores cuando sean de naturaleza administrativa.
• Reorganizar entidades del Ejecutivo dentro de los límites legales.
• Nombrar y remover altos funcionarios.
• Adoptar medidas administrativas relacionadas con la ejecución del presupuesto y la política pública.

Sin embargo, estas atribuciones tienen límites claros.

El Ejecutivo no puede crear impuestos, modificar el Código Penal, cambiar normas electorales, reformar la Constitución ni alterar derechos establecidos por ley mediante simples decretos. Para ello requiere la aprobación del Congreso o, según el caso, reformas constitucionales.

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La estrategia ya había sido anunciada durante la campaña

La posibilidad de gobernar mediante decretos no es una reacción improvisada al resultado del Senado.

Durante la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella había anunciado que su administración iniciaría con un amplio paquete de decretos para desmontar políticas del gobierno Petro y poner en marcha varias de sus promesas de campaña desde el primer día de mandato.

Entre las medidas mencionadas entonces figuraban cambios en materia de seguridad, reorganización administrativa, modificaciones al funcionamiento del Estado y la derogatoria de varios decretos expedidos por el gobierno saliente.

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El Congreso seguirá siendo determinante

Aunque el Ejecutivo pueda avanzar en múltiples decisiones administrativas, los analistas coinciden en que las reformas estructurales seguirán dependiendo del Congreso.

Proyectos como una reforma tributaria, modificaciones al sistema de salud, cambios laborales, reformas judiciales o la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo requieren obligatoriamente trámite legislativo.

La elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado evidencia que el Gobierno no contará con una mayoría automática, por lo que deberá construir consensos para sacar adelante su agenda.

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Se anticipa un choque institucional

El nuevo escenario político abre un debate que probablemente marcará el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Si el Ejecutivo decide ampliar el uso de decretos para desarrollar su programa, varias de esas decisiones podrían terminar siendo demandadas ante el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, instancias encargadas de verificar si el Presidente actuó dentro de las competencias que le otorga la Constitución.

Más allá del pulso político, el verdadero desafío será encontrar el equilibrio entre la capacidad de gobernar desde el Ejecutivo y el respeto por el papel del Congreso como órgano encargado de hacer las leyes.

Con un Legislativo que ya dio muestras de independencia y un Gobierno decidido a utilizar todas las herramientas constitucionales disponibles, Colombia entra en una etapa donde el debate jurídico será tan importante como la discusión política.

¿Puede un presidente transformar el país gobernando principalmente por decreto? Siga en Café Político el análisis de las decisiones que marcarán la relación entre el Ejecutivo y el Congreso durante el nuevo cuatrienio.