JEP eleva a 7.837 las víctimas de falsos positivos y reabre el choque político entre Petro, Uribe y Cepeda
La ampliación del periodo de investigación cambia la dimensión del caso y vuelve a poner en el centro el debate sobre responsabilidades políticas de cara a 2026
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló una actualización que reconfigura uno de los capítulos más sensibles del conflicto armado en Colombia: el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, pasó de 6.402 a 7.837.
El nuevo dato fue expuesto durante una audiencia relacionada con hechos ocurridos en San José de Apartadó, donde un magistrado explicó que el incremento responde a la ampliación del periodo de análisis, que ahora abarca desde 1990 hasta 2016, y no solo entre 2002 y 2008 como se había documentado anteriormente.
Esta actualización no solo amplía la cifra, sino también el alcance histórico del fenómeno, lo que inevitablemente cambia el enfoque del debate público.
Qué hay detrás del aumento de la cifra
El ajuste no es menor ni responde a un simple error estadístico. Según la JEP, el nuevo consolidado se construyó a partir del cruce de información de entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y el Centro Nacional de Memoria Histórica, además de reportes entregados por organizaciones de víctimas.
El tribunal precisó que las 7.837 víctimas corresponden a homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública, presentadas como bajas en combate.
Además, la cifra sigue siendo dinámica, lo que indica que podría continuar aumentando a medida que avancen las investigaciones del Macrocaso 03.
Antioquia y Urabá: el epicentro del caso
Uno de los datos más sensibles del informe es la concentración geográfica del fenómeno. El departamento de Antioquia registra 1.932 víctimas, posicionándose como la región más afectada.
Durante la audiencia, el magistrado Pedro Elías Díaz Romero señaló que se logró documentar la coordinación entre unidades del Ejército Nacional —incluyendo la Decimoséptima Brigada y el Batallón Vélez— y grupos paramilitares en la región de Urabá entre 2004 y 2005.
Este hallazgo refuerza la tesis de que los falsos positivos no fueron hechos aislados, sino parte de dinámicas sistemáticas en determinadas zonas del país.
Petro escala el tono: “el peor crimen contra la humanidad”
El presidente Gustavo Petro reaccionó de inmediato a la nueva cifra y elevó el tono del debate.
El jefe de Estado calificó estos hechos como “el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo”, y vinculó directamente la responsabilidad con el periodo de la política de seguridad democrática.
Sus declaraciones no solo reafirman su narrativa sobre el pasado reciente, sino que también posicionan el tema en el centro de la discusión política actual.
Cepeda presiona y pone el foco en Uribe
El senador Iván Cepeda Castro fue más allá y planteó una pregunta directa que vuelve a tensar el escenario político:
“¿Cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Álvaro Uribe Vélez?”
Cepeda, uno de los principales críticos del expresidente, utilizó la nueva cifra como argumento para insistir en la responsabilidad de los máximos niveles políticos durante el periodo en que ocurrieron la mayoría de los casos documentados.
El nombre que vuelve al centro del debate
La actualización de la JEP vuelve a poner en el foco al expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo gobierno (2002-2010) coincide con el periodo más crítico de los falsos positivos.
Aunque la ampliación del rango temporal incluye años previos y posteriores, el debate político se concentra nuevamente en la implementación de la política de seguridad democrática y sus incentivos operacionales.
Por ahora, la JEP ha indicado que no existe un llamado obligatorio inmediato para exmandatarios, aunque podrían comparecer voluntariamente.
La línea de mando: el próximo objetivo de la JEP
En el marco del Caso 03, la JEP ha imputado a 21 generales, de los cuales siete ya han reconocido su responsabilidad.
El siguiente paso del tribunal es clave: establecer la cadena de mando a nivel nacional entre 2005 y 2008, periodo en el que se habrían definido directrices operativas que incentivaron estos crímenes.
Este punto es determinante porque podría escalar las responsabilidades hacia niveles más altos dentro del Estado.
Más que memoria, un campo de batalla político
El nuevo dato no solo tiene implicaciones judiciales, sino profundamente políticas.
La cifra de 7.837 víctimas llega en un momento en el que el país comienza a perfilar el escenario electoral de 2026. Para sectores cercanos al gobierno, refuerza la narrativa de responsabilidad histórica de la derecha; para la oposición, reabre el debate sobre el uso político de la justicia transicional.
En otras palabras, el informe de la JEP no se queda en el pasado: se convierte en insumo directo de la disputa por el futuro.
Impacto: el tema que no desaparece de la agenda
Los falsos positivos vuelven a ocupar el centro del debate nacional con tres efectos claros:
- Reactivan la discusión sobre responsabilidades políticas y judiciales
- Refuerzan el papel de la JEP en la construcción de verdad
- Se convierten en un eje narrativo clave de cara a las elecciones de 2026
El país no solo sigue buscando respuestas, sino también responsables.
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