La Corte Internacional de Justicia dicta sentencia histórica contra Myanmar.
La CIJ declara genocidio contra los rohinyás en Myanmar.
La Corte Internacional de Justicia concluyó que las operaciones militares de 2017 en el estado de Rakáin constituyeron genocidio contra esta comunidad musulmana. La sentencia obliga al Estado a investigar, reparar a las víctimas y garantizar condiciones para el retorno seguro de la población desplazada.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de Naciones Unidas, determinó este 19 de noviembre de 2026 que Myanmar cometió genocidio contra la población rohinyá durante las operaciones militares de 2017 en el norte del estado de Rakáin. La decisión fue adoptada por nueve votos contra seis y constituye la primera ocasión en que este tribunal declara a un Estado responsable de cometer genocidio.
El fallo se produjo en el proceso iniciado por Gambia en noviembre de 2019, que denunció violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La Corte concluyó que las fuerzas de seguridad de Myanmar cometieron actos genocidas y que el Estado incumplió sus obligaciones internacionales de prevenir y sancionar ese crimen.
La decisión también establece medidas de reparación para la comunidad afectada, entre ellas la posibilidad de regresar a sus lugares de residencia de manera segura, voluntaria y digna, así como la reunificación de las familias desplazadas.
¿Qué encontró la Corte Internacional de Justicia?
La sentencia examinó las operaciones militares conocidas como “operaciones de limpieza”, ejecutadas en 2017 en el estado de Rakáin. La Corte encontró pruebas de asesinatos de miles de rohinyás, violencia sexual generalizada, ataques contra niños y agresiones contra civiles que intentaban huir hacia Bangladesh.
También analizó la destrucción sistemática de poblaciones y las condiciones de discriminación que enfrentaba esta comunidad, incluidas restricciones relacionadas con la ciudadanía, el matrimonio y los nacimientos.
De acuerdo con la información recogida por el tribunal, las operaciones dejaron al menos 10.000 personas muertas, cifra respaldada por los registros examinados durante el proceso. La Corte concluyó que las acciones respondieron a la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá en el norte de Rakáin.
El genocidio, según la Convención de 1948, no se configura únicamente por la cantidad de víctimas. Requiere demostrar la comisión de determinados actos contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso, acompañados de la intención específica de destruirlo total o parcialmente.
En este caso, la CIJ consideró que las pruebas permitían establecer esa intención.
Gambia llevó el caso ante la justicia internacional
El proceso comenzó el 11 de noviembre de 2019, cuando Gambia presentó una demanda contra Myanmar ante la CIJ. Aunque el país africano no fue escenario de los hechos, argumentó que cualquier Estado parte de la Convención contra el Genocidio puede exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en ese tratado.
La demanda contó con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica y posteriormente recibió la intervención de otros 11 Estados en el procedimiento.
En enero de 2020, la Corte había ordenado medidas provisionales para proteger a la población rohinyá y evitar la destrucción de pruebas. En su sentencia definitiva, además, concluyó que Myanmar incumplió su obligación de preservar la evidencia relacionada con las denuncias de genocidio.
Las audiencias sobre el fondo del caso se realizaron entre enero de 2026, después de varios años de actuaciones y discusiones jurídicas sobre la competencia del tribunal.
¿Qué consecuencias impone la sentencia a Myanmar?
La decisión establece obligaciones concretas para el Estado. Entre ellas se encuentran:
- Adoptar legislación que permita cumplir plenamente las obligaciones de la Convención contra el Genocidio.
- Investigar a las personas razonablemente sospechosas de haber cometido actos contrarios a la Convención y, cuando corresponda, procesarlas y sancionarlas.
- Ofrecer garantías de no repetición y adoptar medidas para evitar nuevos actos genocidas.
- Facilitar el retorno seguro, voluntario y digno de los rohinyás desplazados a sus lugares de residencia.
- Promover la reunificación de las familias separadas.
- Compensar a la comunidad rohinyá y a sus integrantes por los daños ocasionados.
La Corte dejó para una etapa posterior la determinación de las cantidades y modalidades de las indemnizaciones. Myanmar deberá presentar, dentro de los dos años siguientes a la sentencia, un informe sobre las medidas de restitución adoptadas y las condiciones de compensación.
El fallo es definitivo, vinculante y no admite apelación.
Una comunidad desplazada y una crisis que continúa
La población rohinyá es una minoría musulmana originaria del estado de Rakáin, en un país de mayoría budista. Durante décadas ha enfrentado restricciones de ciudadanía, discriminación y limitaciones a sus derechos fundamentales.
La ofensiva militar de 2017 provocó el desplazamiento de cientos de miles de personas hacia Bangladesh. Al menos 700.000 rohinyás huyeron de Myanmar durante ese periodo y se sumaron a una población refugiada que ya había abandonado el país.
Actualmente, alrededor de 1,2 millones de refugiados rohinyás viven en Bangladesh, muchos de ellos en los campamentos de Cox’s Bazar, donde enfrentan dificultades de acceso a servicios básicos, educación, empleo y condiciones adecuadas de vivienda.
La sentencia representa un reconocimiento jurídico de la violencia sufrida por esta comunidad, pero no resuelve por sí sola las condiciones que permitirían su regreso. Para que el retorno sea posible, se requieren garantías de seguridad, protección frente a nuevas persecuciones y condiciones que permitan reconstruir sus vidas.
¿Puede la Corte hacer cumplir su decisión?
Aunque la sentencia es jurídicamente obligatoria, su ejecución plantea desafíos. La CIJ resuelve controversias entre Estados, pero no cuenta con una fuerza policial propia para ejecutar sus decisiones.
El cumplimiento depende de las obligaciones internacionales de Myanmar y de la presión diplomática e institucional de otros países. En determinadas circunstancias, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede intervenir ante el incumplimiento de una decisión de la Corte, aunque las dinámicas políticas y el derecho de veto de sus miembros pueden dificultar ese proceso.
También es importante distinguir las funciones de la CIJ y la Corte Penal Internacional (CPI). La primera determina responsabilidades de los Estados en controversias internacionales; la segunda investiga y juzga la responsabilidad penal individual de personas acusadas de crímenes internacionales.
Por eso, la sentencia contra Myanmar no equivale a una condena penal individual de todos los responsables militares o políticos. La investigación y el eventual juzgamiento de personas concretas corresponden a los mecanismos judiciales competentes.
Un precedente para la justicia internacional
El fallo podría tener repercusiones en otros procesos internacionales relacionados con acusaciones de genocidio, debido a los criterios utilizados por la Corte para evaluar las pruebas y establecer la intención de destruir total o parcialmente a un grupo protegido.
La decisión también representa un precedente para la aplicación de la Convención de 1948 y para la responsabilidad de los Estados frente a crímenes de esta naturaleza.
Para los rohinyás, el reconocimiento judicial constituye un paso hacia la reparación y la búsqueda de justicia. Sin embargo, el cumplimiento de las órdenes, la protección de quienes permanecen desplazados y las garantías para un eventual retorno serán determinantes para que la sentencia se traduzca en cambios concretos.





