Internacional

ONU y ONG cuestionan plan europeo para trasladar migrantes a Ruanda.

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Cinco países europeos negocian deportaciones de migrantes a Ruanda.

Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos negocian la apertura de un centro de retorno en 2027. Naciones Unidas y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre los riesgos jurídicos y humanitarios de la iniciativa.

Cinco países de la Unión Europea (UE) anunciaron un acuerdo para avanzar en la creación de un centro de retorno de migrantes en Ruanda, África oriental, al que pretenden trasladar a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas definitivamente y que no puedan ser devueltas a sus países de origen.

La iniciativa fue anunciada el 16 de noviembre de 2026, durante una reunión sobre política migratoria celebrada en Viena, Austria. Los gobiernos participantes son Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, que esperan poner en funcionamiento el proyecto durante 2027.

Aunque sus promotores presentan la propuesta como una alternativa para mejorar la eficacia de las deportaciones, organismos internacionales y organizaciones humanitarias han expresado preocupación por las condiciones de los traslados, las garantías legales y la protección de quienes sean enviados al país africano.

¿Cómo funcionaría el centro de deportación en Ruanda?

El proyecto está dirigido principalmente a personas adultas que hayan agotado las vías legales para permanecer en la Unión Europea, cuyas solicitudes de protección internacional hayan sido rechazadas y cuya devolución a sus países de origen no pueda ejecutarse.

Esto puede ocurrir cuando el país de origen se niega a recibirlas o cuando existen obstáculos que impiden realizar la repatriación.

Según los detalles conocidos hasta ahora, los migrantes serían trasladados a Ruanda, donde recibirían formación lingüística y otras capacitaciones para facilitar su integración en la sociedad local. También podrían optar por regresar a sus países de origen, siempre que las condiciones permitan concretar ese retorno.

El centro tendría inicialmente capacidad para aproximadamente 100 personas al mismo tiempo y funcionaría como un proyecto piloto. Los gobiernos involucrados consideran que la experiencia podría convertirse en un modelo para otros acuerdos migratorios fuera de las fronteras europeas.

Por el momento, varios aspectos siguen pendientes de negociación, entre ellos los costos, las condiciones de alojamiento, los mecanismos de supervisión y las obligaciones específicas de Ruanda y los países europeos.

¿Por qué preocupa a Naciones Unidas?

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó inquietud por el traslado de personas a un territorio con el que no tienen vínculos familiares, sociales o culturales.

Marta Hurtado, portavoz de la oficina, señaló que el organismo no había tenido acceso al texto completo de la propuesta, pero advirtió sobre los riesgos que podría representar para los derechos humanos.

Una de las principales preocupaciones es determinar quién tendrá la responsabilidad de garantizar la protección de los migrantes una vez abandonen el territorio europeo. También existen interrogantes sobre el acceso a asistencia jurídica, la posibilidad de presentar recursos y las condiciones de permanencia en Ruanda.

La discusión adquiere relevancia porque los Estados europeos mantienen obligaciones internacionales de protección incluso cuando desarrollan mecanismos de cooperación migratoria con terceros países.

Human Rights Watch cuestiona las garantías del acuerdo

La organización Human Rights Watch (HRW) también cuestionó el proyecto y señaló que los gobiernos participantes no presentaron una evaluación pública suficiente sobre las garantías de derechos humanos que ofrecería Ruanda.

La organización recordó que el nuevo marco europeo para los retornos establece que los acuerdos con terceros países deben respetar el derecho internacional y las garantías fundamentales de las personas trasladadas.

HRW ha documentado anteriormente denuncias relacionadas con restricciones a la disidencia, detenciones arbitrarias y malos tratos en Ruanda. Por esta razón, considera necesario examinar si el país puede ofrecer condiciones adecuadas de protección y supervisión para los migrantes.

La preocupación no se limita a las condiciones materiales del centro. También incluye el riesgo de que las personas trasladadas enfrenten dificultades para acceder a mecanismos de protección internacional o cuestionar decisiones que afecten sus derechos.

¿Qué puede pasar con los menores de edad?

Aunque los gobiernos participantes han señalado que la iniciativa está dirigida principalmente a adultos y que los menores no acompañados quedarían excluidos, organizaciones como Save the Children advirtieron sobre posibles consecuencias indirectas para los niños.

Entre los riesgos identificados se encuentran la separación familiar, la identificación equivocada de menores como adultos y las dificultades para acceder a representación jurídica y protección especializada.

La organización también pidió que cualquier exclusión de niños y adolescentes quede establecida mediante garantías jurídicas vinculantes y no solamente mediante declaraciones políticas.

Este punto es especialmente relevante porque el Reglamento de Retornos de la Unión Europea contempla disposiciones que permiten establecer centros en terceros países bajo determinadas condiciones, incluso con posibles implicaciones para familias con hijos.

¿Qué buscan los cinco gobiernos europeos?

Los gobiernos promotores justifican la iniciativa como una herramienta para enfrentar las dificultades que existen al ejecutar las órdenes de expulsión de personas cuya permanencia en Europa no ha sido autorizada.

El canciller austríaco, Christian Stocker, presentó el proyecto como un cambio importante en la política migratoria europea y defendió la necesidad de establecer mecanismos que reduzcan la actividad de las redes de tráfico de personas.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un sistema migratorio más organizado y sostenible.

Por su parte, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, aseguró que el proyecto se desarrollaría en cooperación con organizaciones internacionales y bajo las obligaciones legales correspondientes.

La Comisión Europea también respaldó el enfoque, al considerar que los centros de retorno pueden contribuir a mejorar la eficacia de las deportaciones, siempre que se respeten las normas comunitarias y el derecho internacional.

El antecedente del Reino Unido y Ruanda

La propuesta recuerda el acuerdo que el Reino Unido impulsó en 2022 para trasladar solicitantes de asilo a Ruanda mientras se examinaban sus peticiones de protección.

Sin embargo, ese proyecto enfrentó obstáculos judiciales. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo británico determinó que las deportaciones previstas no ofrecían garantías suficientes frente al riesgo de devolución de personas a territorios donde podrían sufrir persecución o malos tratos.

Posteriormente, el Gobierno británico canceló definitivamente el programa en 2024.

La iniciativa de los cinco países europeos tiene una diferencia importante: no busca trasladar a Ruanda a personas mientras esperan una decisión sobre sus solicitudes de asilo, sino a quienes ya recibieron una negativa definitiva y no pueden ser devueltos directamente a sus países de origen.

Un acuerdo que todavía tiene asuntos por resolver

El proyecto europeo abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la externalización del control migratorio, una estrategia mediante la cual los gobiernos buscan gestionar parte de sus políticas de retorno fuera de sus propias fronteras.

Aunque los cinco países esperan comenzar a implementar el centro en 2027, todavía deben concretar las condiciones operativas, los mecanismos de supervisión y las garantías para las personas trasladadas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirmó que recibió una solicitud de Ruanda para brindar apoyo operativo y manifestó disposición a colaborar, siempre que se respeten las normas internacionales. La organización aclaró que no participa en expulsiones forzosas, detenciones ni funciones policiales o de seguridad.

Por ahora, la iniciativa continúa en fase de negociación y su aplicación dependerá de los acuerdos definitivos. El debate no solo involucra la capacidad de Europa para ejecutar sus decisiones migratorias, sino también la responsabilidad de los Estados frente a los derechos de las personas que buscan protección internacional.

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