¿El fin de las encuestas en Colombia? 5 verdades incómodas tras la salida de GAD3
A solo 26 días de las elecciones presidenciales, Colombia se enfrenta a un fenómeno inédito: el silencio estadístico. Lo que históricamente ha sido una “racha” final de datos y proyecciones se ha transformado en un desierto de cifras. La salida de la firma española GAD3 no es un simple movimiento corporativo; es el síntoma de un sistema que, bajo el pretexto del rigor, está dejando a la ciudadanía caminando a ciegas.
Mientras las encuestas tradicionales desaparecen, surge una paradoja peligrosa. La información no ha dejado de existir, simplemente ha cambiado de manos. Estamos pasando de un modelo de datos públicos y auditables a un mercado elitista y opaco, donde solo quienes tienen el capital para financiar mediciones privadas conocen el verdadero pulso del país.
1. El adiós de GAD3: Cuando la norma es una “premisa teórica inviable”
La firma GAD3 —referente internacional por su trabajo con el Partido Popular en España y el diario El Mundo— ha suspendido sus operaciones en Colombia. Para la encuestadora, que trabajaba para RCN Televisión, la interpretación de la Ley 2494 por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) hace “inviable” cualquier investigación con rigor técnico y viabilidad operativa.
El conflicto reside en una comisión técnica conformada por cinco expertos de tres instituciones: la Universidad Nacional, la del Norte de Barranquilla y la Pedagógica de Pereira. Según el sector, esta comisión ha impuesto una visión que GAD3 califica como una “premisa teórica inviable” que ninguna metodología demoscópica puede satisfacer en la práctica sin comprometer su prestigio internacional.
“El hecho de no tener unas encuestas confiables y que se pueda medir la intención de voto afecta directamente a la democracia”.
2. El veto implícito a la tecnología y el “monólogo de expertos”
La controversia técnica no es menor. Voces como la de Víctor Muñoz, de la firma Guarumo, denuncian que la comisión está operando bajo un “monólogo de expertos” que desconoce la validez de los marcos muestrales modernos. La normativa actual parece validar únicamente las encuestas domiciliarias (presenciales), dejando en un limbo legal a las telefónicas (como GAD3) o digitales (como Atlas Intel).
Esta cerrazón técnica ignora que el rigor no depende del medio de recolección, sino de la trazabilidad y de que el proceso sea auditable. Al restringir las herramientas tecnológicas en un país con la geografía de Colombia, el CNE no está elevando el estándar; está asfixiando la capacidad de respuesta de las encuestadoras en el tramo final de la campaña.
3. Encuestas 4 veces más caras y regionalmente “ciegas”
La transparencia tiene un precio que los medios ya no pueden pagar. Bajo la nueva normativa, realizar una encuesta cuesta hoy entre tres y cuatro veces más que antes. Esto se debe, en parte, a exigencias logísticas como la entrega de información simultánea al CNE, un requisito que dispara los costos operativos y dificulta la agilidad informativa.
El resultado más grave es la pérdida de la lupa regional. Para cumplir con los márgenes de error exigidos por ley, las encuestadoras ya no pueden segmentar datos de Bogotá, la Costa o Antioquia. Si intentan desglosar la información por regiones, el margen de error supera el límite legal, obligándolas a callar. El ciudadano de a pie ha perdido la posibilidad de saber cómo se mueve el voto en su propio territorio.
4. El giro hacia el elitismo informativo y la ilegalidad
Estamos ante una mutación del mercado de datos que fragmenta el acceso a la verdad. La información estratégica se está volviendo un producto de lujo exclusivo para los grandes capitales, mientras el resto del país queda supeditado a lo poco que logre superar el filtro estatal.
- El mercado elitista: Grandes empresas, grupos económicos y partidos políticos siguen contratando encuestas privadas para su consumo interno. Al no ser para publicación masiva, operan con datos precisos que el ciudadano común no ve.
- El silencio mediático: Los medios de comunicación, aunque se enteran de los resultados de estas encuestas privadas, tienen prohibido compartirlos. Publicar datos de encuestas privadas es ahora ilegal, lo que condena a la prensa a una autocensura forzosa.
5. El peligroso ascenso de Polymarket y las apuestas
Ante el vacío dejado por la ciencia, ha surgido un sustituto caótico: los mercados de predicción. En Polymarket, ya se han invertido 27,3 millones de dólares en apuestas sobre la elección colombiana. En este momento, el mercado muestra a Iván Cepeda liderando con un 37%, seguido de cerca por Abelardo de la Espriella con un 36%, mientras Paloma Valencia ha caído al tercer lugar.
Sin embargo, esto es, en palabras de los analistas, “el peor de los mundos”. Un mercado de apuestas no mide intención de voto; mide dónde cree la gente que puede obtener mayor rendimiento económico. Que la conversación democrática se desplace de la estadística científica al azar de las apuestas es el síntoma más claro de un sistema de información quebrado.
¿Democracia a ciegas?
El panorama es crítico. Las encuestas finales antes de la veda —previstas para el 23 y 24 de mayo (primera vuelta) y el 13 de junio (segunda vuelta)— penden de un hilo. El presidente del CNE, Cristian Quiróz, ha prometido una “mesa técnica” para dar garantías, pero el sector teme que sea una solución tardía para un proceso que ya está en marcha.
A esto se suma la denuncia del exsenador Rodrigo Lara, quien señala que existe una “campaña de persecución política” en el CNE contra firmas internacionales para obligarlas a salir del país. ¿Qué prefiere el electorado? ¿Un sistema de encuestas imperfecto pero abundante y diverso, o una regulación restrictiva que empuja la verdad hacia los despachos privados y las casas de apuestas? El silencio de los datos es, al final, un silencio contra la democracia.
Un dato clave: ni el DANE cumpliría el estándar
Uno de los argumentos más llamativos de la consultora es que incluso operaciones estadísticas de referencia, como la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, no cumplirían con la exigencia planteada por el CNE.
Si esto es cierto, el debate escala: no se trata solo de encuestas electorales, sino de la aplicabilidad real del estándar técnico.
