Abelardo de la Espriella levanta la suspensión del porte de armas en Colombia: ¿qué cambia?
El Gobierno expidió el Decreto 1368 de 2026, que restablece la eficacia de los permisos individuales de porte que estén vigentes. La medida no autoriza el porte libre ni crea nuevos permisos.
El presidente Abelardo de la Espriella firmó este martes 8 de septiembre el Decreto 1368 de 2026, con el que su Gobierno levantó la suspensión general que durante los últimos años había impedido ejercer normalmente los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
La decisión representa uno de los cambios más importantes de su agenda de seguridad durante el primer mes de Gobierno y cumple una de las promesas que el mandatario había planteado durante la campaña electoral. Sin embargo, el alcance de la medida requiere una precisión: no significa que cualquier ciudadano pueda salir armado ni que se haya creado un régimen de porte libre de armas.
Lo que hace el Decreto 1368 es restablecer la eficacia de los permisos individuales de porte que se encuentren vigentes y que no tengan una suspensión, cancelación, revocatoria, vencimiento o prohibición legal o judicial. Además, elimina la necesidad de tramitar una autorización especial adicional que había sido necesaria durante la vigencia de la suspensión general.
¿Qué decidió el Gobierno de De la Espriella?
La medida modifica el esquema que estaba vigente después de que el Gobierno anterior prorrogara hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego mediante el Decreto 1482 de 2025.
El nuevo decreto ordena a las autoridades militares adoptar las medidas necesarias para restablecer la eficacia de los permisos individuales que continúen vigentes y en regla. También deroga los decretos 2362 de 2018 y 1482 de 2025, que habían mantenido la suspensión general.
De acuerdo con el Gobierno, la decisión busca modificar una política que, a su juicio, terminó restringiendo al ciudadano que cumple la ley mientras los grupos criminales continuaron utilizando armas ilegales.
De la Espriella defendió la medida bajo el argumento de que quienes cumplen los requisitos legales deben tener la posibilidad de ejercer los derechos derivados de sus permisos, mientras el Estado mantiene la persecución contra quienes portan armas ilegalmente.
No significa que cualquiera pueda portar un arma
Este es el punto central del decreto.
El levantamiento de la suspensión no crea nuevos permisos ni modifica los requisitos establecidos para acceder a ellos. Tampoco convierte automáticamente una autorización de tenencia en una autorización de porte.
En términos prácticos, una persona podrá beneficiarse de la nueva medida si ya cuenta con un permiso de porte vigente, expedido por la autoridad competente y sin ninguna restricción que impida ejercerlo.
Además, el permiso solamente permite portar el arma o las armas específicamente amparadas por esa autorización y bajo las condiciones establecidas en ella.
Por eso, tener un arma legalmente registrada no equivale necesariamente a tener autorización para llevarla consigo.
¿Quiénes no podrán portar armas?
El Decreto 1368 establece expresamente varias situaciones en las que el levantamiento de la suspensión general no habilita el porte.
No podrán hacerlo quienes tengan:
- Permisos vencidos.
- Permisos suspendidos individualmente.
- Permisos cancelados o revocados.
- Armas decomisadas o sometidas a medidas judiciales o administrativas que impidan su porte.
- Prohibiciones legales o judiciales.
- Permisos exclusivamente de tenencia, pero no de porte.
Las autoridades también mantienen sus competencias para suspender, cancelar o revocar permisos, así como para realizar controles, inspecciones, incautaciones y decomisos.
¿Desde cuándo comienza a aplicarse?
El decreto establece que las nuevas disposiciones entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Con su entrada en vigor, los titulares de permisos de porte que estén vigentes y no tengan restricciones podrán ejercer nuevamente las facultades derivadas de esas autorizaciones sin tener que tramitar el permiso especial adicional que existía durante la suspensión general.
Esto significa que el cambio no consiste en entregar cientos de miles de permisos nuevos de un día para otro, sino en reactivar jurídicamente permisos individuales que ya existían y que cumplen las condiciones establecidas por la ley.
Una decisión que cambia la política de seguridad
La decisión tiene además una lectura política.
Durante los últimos años, los gobiernos de diferentes tendencias habían mantenido la suspensión general del porte de armas, aunque con mecanismos de excepción y autorizaciones particulares. De la Espriella rompe con esa línea y convierte nuevamente el derecho al porte autorizado en uno de los componentes de su estrategia de seguridad.
El presidente ha construido buena parte de su discurso de Gobierno alrededor de la recuperación de la autoridad, la ofensiva contra las estructuras criminales y la defensa de los ciudadanos frente a la delincuencia. El levantamiento de la suspensión encaja directamente dentro de esa narrativa de “mano dura” y autodefensa dentro de la legalidad.
La medida, por tanto, tendrá una discusión que va más allá del aspecto jurídico. El debate estará centrado en si facilitar el ejercicio del porte autorizado contribuye efectivamente a mejorar la seguridad ciudadana o si puede aumentar los riesgos asociados a la presencia de armas de fuego en espacios civiles.
El Gobierno mantiene la puerta abierta a nuevas restricciones
El Decreto 1368 tampoco elimina la capacidad del Estado para volver a restringir el porte de armas cuando existan circunstancias que así lo justifiquen.
Las autoridades podrán adoptar posteriormente suspensiones generales o individuales cuando razones relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público hagan necesaria una nueva restricción.
Esto significa que la decisión de este martes no constituye una garantía permanente de porte. Es un cambio en la política general vigente, pero el Estado conserva herramientas para imponer restricciones en determinadas circunstancias.
Una de las primeras grandes decisiones de seguridad del nuevo Gobierno
El levantamiento de la suspensión convierte al porte de armas en uno de los primeros grandes debates de política pública del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La discusión estará ahora en los resultados. El Gobierno tendrá que demostrar que la medida contribuye a mejorar la seguridad sin generar efectos adversos y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control sobre las armas legalmente autorizadas.
También será clave diferenciar entre porte legal, tenencia legal y porte ilegal, tres conceptos que pueden confundirse en el debate público.
La decisión ya está tomada. El Gobierno levantó la suspensión general y devolvió eficacia a los permisos individuales que cumplen las condiciones legales.
Ahora comienza el verdadero debate: ¿más ciudadanos legalmente armados significará más seguridad o un nuevo riesgo para la convivencia?
