Gobierno proyecta 10 nuevas cárceles en Colombia: serían construidas fuera de las ciudades
El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó el avance del proyecto, que busca ampliar la capacidad penitenciaria y alejar los nuevos centros de reclusión de las zonas urbanas.
El Gobierno prepara 10 nuevas cárceles y plantea ubicarlas fuera de las ciudades
El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en uno de los anuncios que había marcado su propuesta de política de seguridad: la construcción de 10 nuevos centros penitenciarios en Colombia, con la intención de ampliar la capacidad del sistema carcelario y reducir la presión que actualmente enfrentan varias prisiones del país.
El proyecto fue confirmado tras una reunión entre el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la bancada del Partido Conservador, cuyo presidente, Efraín Cepeda, reveló que el Gobierno contempla que las nuevas cárceles sean construidas en las afueras de las ciudades o en zonas apartadas de los centros urbanos.
La decisión introduce además un componente territorial en la nueva política penitenciaria. La discusión ya no se concentra únicamente en cuántas cárceles necesita Colombia, sino también en dónde deberían ubicarse y qué impacto pueden generar sobre las comunidades que las rodean.
Diez nuevas cárceles como parte de la política penitenciaria
La construcción de las 10 cárceles forma parte de una propuesta que Iván Cancino ya había planteado antes de asumir el Ministerio de Justicia. Durante la campaña y en sus declaraciones previas al inicio del Gobierno, el funcionario había señalado que las denominadas megacárceles serían una de las herramientas para enfrentar el hacinamiento, mejorar las condiciones de reclusión y establecer un tratamiento diferenciado para los internos considerados de mayor peligrosidad.
La apuesta del Gobierno no se limita, según lo planteado por Cancino, a aumentar el número de cupos. El proyecto está relacionado con una transformación más amplia del sistema penitenciario, que incluye mayor control sobre los establecimientos y medidas para evitar que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros desde los cuales se coordinan actividades criminales.
De hecho, el Gobierno ya ha adoptado medidas frente a este último problema. En agosto ordenó el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá, argumentando la necesidad de impedir que desde los centros de reclusión se siguieran coordinando actividades delictivas.
¿Por qué quieren construirlas lejos de las ciudades?
Uno de los elementos que más llama la atención del anuncio es la ubicación de los nuevos establecimientos.
Durante la reunión con la bancada conservadora, Efraín Cepeda aseguró que los congresistas plantearon al ministro Cancino que las nuevas cárceles no fueran construidas dentro de las ciudades, sino en sectores ubicados en sus alrededores. El argumento está relacionado con la seguridad y con la intención de disminuir los riesgos que pueden generar este tipo de instalaciones en zonas urbanas densamente pobladas.
Cancino, de acuerdo con Cepeda, recibió favorablemente la propuesta y manifestó que esa era también la forma en la que el Ministerio de Justicia venía concibiendo el proyecto.
Sin embargo, todavía no se han definido públicamente las ciudades o municipios donde serían construidos los nuevos establecimientos. Por ahora, el anuncio corresponde a una proyección nacional y no a un listado definitivo de ubicaciones.
Este punto será determinante. Construir una cárcel fuera de una ciudad puede disminuir algunos riesgos asociados con la concentración urbana, pero también plantea interrogantes sobre infraestructura vial, servicios públicos, conexión con los sistemas judiciales, atención médica, seguridad de los funcionarios y relación con las comunidades locales.
El desafío no es solamente construir más cárceles
El anuncio de las 10 nuevas cárceles abre una discusión que va más allá del número de establecimientos penitenciarios.
Colombia lleva años enfrentando problemas de hacinamiento, corrupción, control territorial de estructuras criminales y dificultades para garantizar procesos efectivos de resocialización. Construir nuevos establecimientos puede ampliar la capacidad instalada, pero por sí solo no resuelve las causas que llevan al sistema a operar bajo presión.
Por eso, el verdadero alcance de la estrategia dependerá de cómo se diseñen las nuevas instalaciones y de qué modelo penitenciario se implemente en ellas.
El propio Cancino había explicado antes de llegar al Ministerio que las megacárceles estarían dirigidas especialmente a personas consideradas de alta peligrosidad, aunque también planteó la necesidad de garantizar derechos fundamentales, espacios adecuados y programas de resocialización y reinserción.
La discusión, entonces, será si Colombia está construyendo simplemente más lugares para recluir personas o si está aprovechando la inversión para rediseñar su modelo penitenciario.
El componente de seguridad también llegará a las comunicaciones
El nuevo plan penitenciario contempla además un fortalecimiento de los mecanismos para impedir las comunicaciones ilegales desde las cárceles.
Noticias RCN reportó que el Ministerio de Justicia confirmó, junto con la construcción de las 10 megacárceles, un fortalecimiento de los inhibidores de señal en los establecimientos penitenciarios. La medida busca dificultar que organizaciones criminales continúen utilizando teléfonos celulares para coordinar actividades desde las prisiones.
Este componente puede convertirse en uno de los ejes de la política de seguridad del Gobierno, especialmente frente a las estructuras criminales que mantienen capacidad operativa a pesar de que algunos de sus integrantes se encuentran privados de la libertad.
Una apuesta ambiciosa con un reto territorial
La construcción de 10 nuevas cárceles representa una inversión considerable y plantea un desafío que no será exclusivamente para el Ministerio de Justicia.
Los municipios que eventualmente sean seleccionados tendrán que enfrentar una discusión sobre seguridad, infraestructura, empleo, servicios públicos, movilidad y relación con las comunidades. También será necesario establecer cómo se financiarán y ejecutarán las obras, cuáles establecimientos serán reemplazados y qué población penitenciaria será trasladada a las nuevas instalaciones.
Por ahora, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una cifra concreta: 10 nuevas cárceles. También existe una definición preliminar sobre su ubicación: lejos de los centros urbanos.
El siguiente paso será convertir el anuncio político en un plan con cronogramas, presupuesto, ubicaciones y características técnicas. Allí comenzará la verdadera prueba para la política penitenciaria de Abelardo de la Espriella: demostrar que las nuevas cárceles no serán solamente más infraestructura, sino parte de una estrategia capaz de recuperar el control del sistema penitenciario y reducir su impacto sobre la seguridad del país.
