Gobierno propone sistema de información para las guardias indígenas y el CRIC rechaza el proyecto
El Ministerio del Interior publicó un borrador de decreto que busca organizar información sobre las guardias indígenas del país. El CRIC cuestiona la iniciativa por considerar que puede afectar la autonomía de los pueblos y generar riesgos de seguimiento o estigmatización.
El Gobierno nacional abrió un nuevo debate con los pueblos indígenas tras publicar un proyecto de decreto que propone crear un Sistema de Información sobre Guardias Indígenas en Colombia.
La iniciativa fue presentada por el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Rodrigo Lara, y busca organizar en una plataforma institucional información que actualmente se encuentra dispersa entre diferentes entidades públicas.
El proyecto fue publicado el 28 de septiembre de 2026 y se encuentra en etapa de comentarios hasta el 4 de octubre. Por ahora, no se trata de un decreto vigente ni de un sistema que ya esté operando.
La propuesta ya provocó el rechazo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que considera que la iniciativa puede abrir la puerta a formas de intervención estatal sobre estructuras que, según su posición, hacen parte de la autonomía y organización propia de los pueblos indígenas.
¿Qué propone el Gobierno?
El proyecto plantea adicionar un nuevo capítulo de 14 artículos al Decreto 1066 de 2015, que reglamenta diferentes aspectos del sector administrativo del Interior.
El sistema estaría a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior.
De acuerdo con el documento oficial, el objetivo es que el Estado pueda conocer, a partir de la información reportada por las propias autoridades indígenas, qué guardias existen, en qué territorios actúan y qué autoridad las orienta, entre otros datos. La finalidad planteada es facilitar la interlocución y coordinar acciones de fortalecimiento, protección y reparación.
El Ministerio sostiene que actualmente existe información fragmentada y que distintas entidades —como la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas, gobernaciones y alcaldías— deben relacionarse con las guardias indígenas a partir de datos obtenidos caso por caso.
No sería un registro de los integrantes
Uno de los puntos que ha generado confusión alrededor de la propuesta es la naturaleza de la información que se recopilaría.
El borrador no plantea un listado nominal de los integrantes de las guardias indígenas.
La información incluiría, entre otros elementos, el pueblo al que pertenece la guardia, la comunidad o territorio donde actúa, su denominación propia, la autoridad que la orienta, su ámbito territorial, un número aproximado de integrantes y los datos de una persona designada como enlace.
El reporte, además, sería realizado por la autoridad indígena propia, como un cabildo, autoridad tradicional, consejo indígena u otra instancia de gobierno reconocida por la comunidad.
Según el proyecto, la DAIRM tendría hasta 15 días hábiles para incorporar la información al sistema una vez recibida.
El Gobierno dice que el sistema no crea ni autoriza las guardias
El Ministerio del Interior ha insistido en que la iniciativa tiene un carácter exclusivamente informativo.
El propio proyecto establece que la inclusión de una guardia en el sistema no tendría como efecto crearla, autorizarla o certificarla, ni atribuirle funciones nuevas.
Tampoco modificaría, según el texto, el alcance de la jurisdicción especial indígena o las competencias de las autoridades propias.
El ministro Rodrigo Lara defendió públicamente la propuesta y sostuvo que el mecanismo permitiría saber quién orienta una guardia, dónde actúa y cuál es su alcance, además de facilitar la coordinación con entidades como la UNP, la Unidad para las Víctimas y las autoridades territoriales.
Lara también aseguró que el registro corresponde a la institución de la guardia y no a las personas que la integran.
¿Qué preocupa al CRIC?
El Consejo Regional Indígena del Cauca rechazó el proyecto y cuestionó que el Estado centralice información sobre estructuras que, según la organización, existen por decisión de los propios pueblos y autoridades indígenas.
En su pronunciamiento, el CRIC advirtió que la información recopilada podría convertirse en un mecanismo de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización de quienes participan en labores de defensa territorial y comunitaria.
La organización también cuestionó que las medidas estatales de protección, fortalecimiento o garantía de derechos puedan quedar relacionadas con la entrega de información.
Para el CRIC, la obligación del Estado debe ser garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas respetando su autonomía, y no establecer mecanismos que puedan interpretarse como una forma de regulación o control sobre sus estructuras propias.
El punto de fondo: información estatal frente a autonomía indígena
El debate no se limita a la creación de una base de datos.
En el centro de la discusión está la relación entre la capacidad del Estado para coordinar sus políticas de protección y la autonomía de los pueblos indígenas para organizar sus propias instituciones y mecanismos comunitarios.
Desde el Gobierno, la propuesta se presenta como una herramienta administrativa para mejorar la interlocución y evitar que las entidades públicas trabajen con información dispersa.
Desde el CRIC, en cambio, existe preocupación porque la recopilación de esa información quede bajo administración estatal y pueda utilizarse posteriormente para propósitos distintos de los que actualmente plantea el borrador.
La diferencia entre ambas posiciones será uno de los principales elementos del debate durante el periodo de comentarios.
¿El sistema podría condicionar medidas de protección?
El proyecto también establece una salvaguarda relevante: ninguna entidad podría exigir el reporte o la constancia de inscripción en el sistema como requisito para reconocer una guardia o acceder a medidas de protección, fortalecimiento o reparación.
Ese punto busca evitar que la base de información se convierta en una condición administrativa para que una comunidad pueda acceder a programas estatales.
Sin embargo, para el CRIC la preocupación va más allá de si el registro es formalmente obligatorio. Su cuestionamiento se concentra en los posibles usos que pueda tener la información recopilada y en el efecto que un sistema administrado por el Estado pueda producir sobre la autonomía indígena.
El proyecto todavía puede cambiar
El Gobierno aún no ha convertido esta propuesta en una norma definitiva.
El Ministerio del Interior publicó el borrador para comentarios y estableció como fecha de cierre el 4 de octubre de 2026. Después de esa etapa, el texto podría ser revisado antes de una eventual expedición del decreto.
Por eso, las características actuales del sistema corresponden al contenido del proyecto publicado y no necesariamente a la versión final que eventualmente adopte el Gobierno.
Mientras tanto, el debate enfrenta dos argumentos: el Ejecutivo sostiene que necesita información institucional para mejorar la coordinación y protección, mientras organizaciones como el CRIC advierten que esa herramienta puede representar riesgos para la autonomía y la seguridad de las comunidades.
¿Qué información propone recopilar el Gobierno?
- Pueblo al que pertenece la guardia.
- Comunidad o territorio donde actúa.
- Denominación propia de la guardia.
- Autoridad que la orienta.
- Ámbito territorial de actuación.
- Número aproximado de integrantes.
- Fecha de reconocimiento, cuando exista.
- Persona designada como enlace.
El proyecto no contempla un listado nominal de los integrantes.
