Andrés Hurtado fue imputado por presuntas irregularidades en el contrato del puente de la calle 60 de Ibagué
La Fiscalía también imputó cargos a siete exfuncionarios y contratistas por un contrato de interventoría superior a $2.997 millones. El ente investigador cuestiona pagos realizados cuando la obra registraba menos del 6 % de avance.
El exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera fue imputado por la Fiscalía General de la Nación dentro de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la selección del contratista y la ejecución del contrato de interventoría del proyecto del puente de la calle 60.
La actuación judicial también cobija a otras siete personas que hicieron parte de la administración municipal o estuvieron vinculadas al contrato. Entre ellas están la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González, tres exsupervisores, dos exasesoras de la Alcaldía y el contratista que representaba al consorcio interventor.
La Fiscalía les atribuyó diferentes conductas, de acuerdo con la participación individual que les señala dentro de la investigación. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
¿Qué investiga la Fiscalía por el puente de la calle 60?
El proceso está relacionado específicamente con el contrato de interventoría de la obra, cuyo valor superó los $2.997 millones y tenía un plazo de ocho meses.
El objeto contractual era realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta y sus interconexiones.
Uno de los principales cuestionamientos de la Fiscalía está relacionado con la forma en que fue seleccionado el consorcio encargado de la interventoría.
Según la investigación, las exasesoras Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, quienes integraban el comité evaluador jurídico, habrían tramitado y aprobado la propuesta presentada por el consorcio representado por Francisco José Restrepo Albarello, pese a que, según el ente acusador, este habría estado inhabilitado para contratar con el Estado.
La Fiscalía deberá demostrar durante el proceso las circunstancias que rodearon esa contratación y la eventual responsabilidad individual de cada una de las personas imputadas.
Los pagos que están bajo la lupa
Otro de los elementos centrales de la investigación son los pagos realizados al consorcio interventor.
De acuerdo con la Fiscalía, los desembolsos debían guardar relación con el porcentaje de ejecución del contrato de obra. Sin embargo, las labores de policía judicial establecieron que se realizaron pagos superiores a $1.000 millones cuando la construcción del puente registraba un avance físico inferior al 6 %.
Un reporte periodístico local señala que los desembolsos habrían alcanzado $1.928 millones, equivalentes al 65 % del valor del contrato de interventoría, mientras el avance físico de la obra era de apenas 5,67 %. Ese aspecto hace parte de los elementos que deberán ser debatidos dentro del proceso penal.
La investigación también examina un cambio en el esquema de pago del contrato, que habría permitido realizar desembolsos mensuales independientemente del avance físico de la obra, según lo reportado por El Olfato.
¿Qué le atribuye la Fiscalía a Andrés Hurtado?
En el caso del exalcalde, la Fiscalía sostiene que presuntamente omitió ejercer los controles necesarios sobre el proceso de selección y la ejecución del contrato de interventoría.
La hipótesis del ente investigador deberá ser probada dentro del proceso. La imputación de cargos no equivale a una condena y será la justicia la encargada de determinar si existe responsabilidad penal.
A Hurtado se le imputó, de acuerdo con los reportes de la audiencia, responsabilidad relacionada con delitos como peculado por apropiación, mientras que a los distintos procesados se les atribuyeron, según su presunta participación, conductas como interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Los otros siete procesados
Además de Hurtado, el proceso involucra a:
- Sharon Dayana Guzmán González, exsecretaria de Infraestructura.
- Diego Fernando Herrán Triana, exsupervisor.
- Freddy Mauricio Peralta Delgado, exsupervisor.
- Jorge Andrés Zambrano Rodríguez, exsupervisor.
- Angie Juliett Rojas Millán, exasesora.
- María Alejandra Arenas Plata, exasesora.
- Francisco José Restrepo Albarello, contratista y representante legal del consorcio interventor.
La Fiscalía atribuye a los exsupervisores posibles actuaciones relacionadas con el trámite o aval de los desembolsos cuestionados. En cuanto al contratista, el ente acusador sostiene que habría promovido cobros que no correspondían con las condiciones pactadas ni con el avance real de la obra.
Andrés Hurtado negó los cargos
Después de conocerse la imputación, el exalcalde se pronunció públicamente y aseguró que no aceptó los cargos.
Hurtado sostuvo que durante su administración actuó bajo criterios de transparencia y afirmó que el proyecto del puente quedó en marcha al finalizar su gobierno, con los recursos garantizados.
También aseguró que, desde su perspectiva, no se perdió dinero del erario y manifestó que ejercerá su defensa dentro del proceso bajo el principio de presunción de inocencia.
Un nuevo proceso judicial para el exalcalde
La imputación por el contrato del puente de la calle 60 se suma a la situación judicial que ya enfrentaba Hurtado.
En julio de 2026, un juzgado de Ibagué lo condenó en primera instancia a 30 meses de prisión por el delito de peculado por uso, en un proceso relacionado con la utilización del estadio Manuel Murillo Toro para una celebración privada. Hurtado anunció entonces que apelaría la decisión.
Ese antecedente debe diferenciarse del proceso que ahora se adelanta por el puente de la calle 60: se trata de investigaciones y decisiones judiciales distintas.
¿Qué sigue en el caso del puente de la 60?
Con la imputación de cargos, el proceso continuará ante la justicia penal y las partes deberán debatir las pruebas y las responsabilidades individuales que plantea la Fiscalía.
El caso tendrá especial relevancia en Ibagué porque involucra un proyecto de infraestructura que ha generado controversia durante años y ahora incorpora una investigación penal sobre uno de sus contratos asociados.
Por ahora, la imputación constituye una actuación dentro del proceso y no una condena contra Andrés Hurtado ni contra los demás procesados. La responsabilidad penal deberá definirse en las etapas posteriores de la actuación judicial.
