Ciro Ramírez y el caso Marionetas 2.0: trayectoria, red de contratos y condena de 23 años
Ciro Ramírez, uno de los rostros jóvenes del uribismo, pasó de ser la carta de recambio del Centro Democrático en Boyacá a convertirse en el protagonista del escándalo de corrupción más sonado del Congreso en los últimos años: el caso “Marionetas 2.0”, por el que la Corte Suprema lo condenó a 23 años de prisión.
¿Quién es Ciro Ramírez? El joven senador que ascendió desde Boyacá
Ciro Alejandro Ramírez Cortés nació en Moniquirá, Boyacá, el 31 de octubre de 1984, y pertenece a una familia con tradición política en ese departamento. Abogado y empresario, construyó su carrera pública primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado, siempre bajo el paraguas del uribismo.
Se vinculó desde temprano al Centro Democrático y fue parte del grupo que acompañó la fundación del partido alrededor de la figura de Álvaro Uribe. En 2014 llegó a la Cámara por Boyacá y en 2018 dio el salto al Senado, curul que logró mantener por dos periodos consecutivos, convirtiéndose en una de las caras visibles del uribismo en regiones como Boyacá y el Eje Cafetero.
Del proyecto uribista a la mira de la Corte: así arrancó el caso
Aunque durante varios años se proyectó como un cuadro disciplinado del Centro Democrático, el nombre de Ciro Ramírez comenzó a aparecer en los despachos de la Corte Suprema en el marco de una gran investigación sobre direccionamiento de contratos públicos. La trama tocaba entidades clave del Gobierno nacional y se cruzaba con investigaciones contra otros congresistas, especialmente alrededor del fallecido senador liberal Mario Castaño.
La Sala de Instrucción de la Corte abrió proceso penal contra Ramírez por su presunta participación en una organización destinada a manipular contratos de obras públicas a cambio de beneficios políticos y económicos. En diciembre de 2023 fue capturado y privado de la libertad, mientras avanzaba la investigación por lo que luego se conocería como “Marionetas 2” o “Marionetas 2.0”.
Qué es el escándalo de “Las Marionetas” y cómo operaba la red de contratos
El caso “Las Marionetas” reveló una red de corrupción que operaba entre 2020 y 2022 para direccionar contratos públicos desde entidades del orden nacional hacia alcaldías y entes territoriales, con el objetivo de favorecer aliados políticos y contratistas cercanos. La organización, que en su primera etapa tuvo como figura central al senador liberal Mario Castaño, movía recursos para obras de infraestructura y proyectos en varios departamentos a cambio de coimas y apoyos electorales.
En la llamada fase “Marionetas 2.0”, la Corte encontró que el esquema se extendió a nuevos convenios y actores, involucrando al Departamento de Prosperidad Social (DPS) y a la empresa estatal Proyecta, encargada del desarrollo territorial. El modus operandi, según las investigaciones, consistía en asegurar recursos para determinados municipios y luego direccionar los procesos contractuales hacia empresas previamente seleccionadas, que a su vez retribuían con dinero o apoyo político.
Las pruebas de la Corte: chats, visitas, contratos y declaraciones
En la sentencia de primera instancia, la Corte Suprema concluyó que Ciro Ramírez no fue un actor menor dentro del entramado, sino que lideró su propia estructura criminal. El fallo lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, todos ligados al direccionamiento del Convenio 670 de 2021 entre el DPS y Proyecta y a otros contratos derivados.
De acuerdo con los magistrados, el caso se soporta en un conjunto de pruebas: chats y comunicaciones, registros de ingreso al DPS, documentos de inspecciones judiciales a Proyecta, testimonios de colaboradores y de su asistente, así como registros de visitas a la cárcel La Picota y evidencias de eventos políticos que mostraban la reciprocidad entre contratistas y el proyecto electoral de Ramírez. La Corte consideró probado que, a través de ese esquema, se manipularon procesos contractuales para beneficiar a contratistas que lo habían apoyado en su campaña, obteniendo beneficios económicos y consolidando su capital político.
La condena: 23 años de cárcel y la caída de una figura clave del Centro Democrático
El 24–25 de marzo de 2026, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a Ciro Ramírez a 23 años de prisión por el caso “Marionetas”. Además de la pena de cárcel, el alto tribunal le impuso inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo y una multa millonaria que supera los 22.000 millones de pesos.
La sentencia sostiene que el senador “optó por no solo prestar su voluntad a los ilícitos objetivos trazados por la organización criminal sino que lideró la misma”, elevando su responsabilidad dentro de la red. Para el Centro Democrático, esta condena golpea a uno de sus cuadros regionales más importantes y alimenta el debate sobre la responsabilidad política del partido frente a los escándalos de corrupción que tocan a varios de sus dirigentes.
“No hay pruebas en mi contra”: la defensa y lo que viene para el caso
Tras conocerse la condena, Ciro Ramírez anunció que apelará el fallo y sostuvo que la sentencia no demuestra su responsabilidad en los hechos investigados. El senador insiste en que muchas de las declaraciones en su contra faltan a la verdad y que fue “injustamente detenido” por hechos en los que asegura no haber participado.
La apelación abre un nuevo capítulo judicial: el caso podría escalar a debates sobre garantías procesales, uso de testimonios de imputados y criterios de la Corte sobre estructuras criminales en la política regional. Mientras tanto, el expediente “Marionetas” sigue salpicando a otros congresistas y exfuncionarios, y se consolida como uno de los mayores escándalos de corrupción en la contratación reciente en Colombia.
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