El Pacto Histórico, la coalición política más votada en Colombia durante las elecciones de 2022 con un 16,95% del resultado electoral, enfrenta un obstáculo legal para presentarse en las elecciones de 2026. La regulación vigente impide coaliciones entre partidos y movimientos que excedan el 15% de los votos obtenidos en el anterior proceso electoral.
La Senadora María José Pizarro advierte a sus aliados, el actual marco normativo restringe la formación de coaliciones como el pacto que lideró en 2022, con 2.880.254 votos recibidos. Este límite es crucial para determinar la conformación y participación de alianzas políticas en futuras contiendas electorales en el país.
El sistema electoral colombiano busca, a través de esta regulación, promover un equilibrio y evitar concentraciones de poder que contraríen el pluralismo político. Sin embargo, este escenario plantea un reto significativo para el Pacto Histórico, el cual tendría que considerar estrategias alternas para mantener su influencia y presencia en el ámbito político nacional.
Es importante señalar que, de cara a las próximas elecciones, las fuerzas políticas deberán atender a estos porcentajes establecidos por la ley para configurar sus estrategias y alianzas legales. El debate sobre la interpretación y posibles reformas a estas normas es un aspecto relevante para la dinámica política del Pacto Histórico y de otros partidos y movimientos en Colombia.
“Debemos tener absoluta claridad que en 2026 es imposible jurídicamente confluir nuevamente en una coalición. Tenemos solo dos caminos: o ir separados cada uno de los 13 partidos y dividir la fuerza; o fusionarnos en un Partido Unitario, con fuerte y sólida democracia interna. Para conservar lo alcanzado y seguir avanzando, la única posibilidad viable es la fusión”, indicó la senadora.
Para la congresista del Pacto Histórico, el escenario político que hay en la actualidad en el país, les exige un mayor nivel de organización y cohesión que les permita defender y sacar adelante todas las reformas que están siendo impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.
“Esto no es solo un deber ético y un asunto de grandeza y madurez política; sino también una innegable realidad”, afirmó Pizarro.