Escándalo en cárcel de Itagüí: parranda con Nelson Velásquez desata crisis y revive el fantasma de Pablo Escobar
Fiesta con licor, artistas y lujos en prisión pone en jaque la “Paz Total”
Una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, Antioquia desató un escándalo nacional tras confirmarse la participación del cantante Nelson Velásquez en un evento realizado dentro de un pabellón de alta seguridad.
La celebración ocurrió en el patio donde están recluidos jefes del crimen organizado vinculados a los procesos de “paz urbana”, lo que encendió las alarmas sobre el control estatal en centros penitenciarios y el manejo de la política de Paz Total.
Lujo, licor y excesos dentro de una cárcel de máxima seguridad
Las denuncias revelan que la parranda incluyó condiciones que distan de cualquier lógica de reclusión:
- Abundante consumo de licor
- Servicio de catering
- Presencia de meseros
- Logística para espectáculo musical en vivo
Tras el escándalo, el INPEC realizó una inspección en el pabellón 1 de alta seguridad.
Lo que encontraron:
- Más de 100 latas de cerveza
- Botellas de licor y vino
- Videojuegos
- Parrillas eléctricas
Elementos completamente prohibidos en este tipo de centros carcelarios.
De Itagüí a “La Catedral”: una comparación inevitable
El episodio reavivó uno de los capítulos más polémicos de la historia del país: los privilegios de Pablo Escobar en la prisión de La Catedral.
En los años 90, Escobar organizaba fiestas con:
- Alcohol
- Mujeres
- Música en vivo
- Invitados externos
Similitudes:
- Acceso a lujos dentro del penal
- Fallas graves de control institucional
- Presunto poder de los reclusos sobre el entorno
Diferencias:
- Mayor presión mediática actual
- Reacción institucional más rápida
- Contexto de negociación de paz
Aun así, la escena resulta inquietantemente familiar.
Gobierno suspende diálogos de paz urbana
El escándalo tuvo consecuencias inmediatas.
El Gobierno Nacional anunció la suspensión de los diálogos en el marco del espacio sociojurídico con estructuras criminales del Valle de Aburrá, luego de conocerse la realización de la fiesta.
Según versiones, en el evento habrían participado cabecillas de organizaciones como la denominada “Oficina de Envigado”.
Investigación, sanciones y crisis institucional
El INPEC confirmó:
- Apertura de investigación formal
- Suspensión de 7 funcionarios
- Remoción temporal del director del penal
Además, la entidad aclaró que el evento:
“No fue autorizado por el Gobierno Nacional ni por el Ministerio de Justicia”
Reacciones políticas: fuertes críticas al Gobierno
El caso generó una ola de reacciones en el ámbito político.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duras críticas:
“Los criminales están de fiesta… ese es el resumen del gobierno Petro.”
También cuestionó las medidas del INPEC:
“Se la pasan haciendo relevos y quemando fusibles.”
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, comparó directamente el caso con la época de Escobar:
“Estas fiestas se parecen a las de La Catedral.”
Además, ambos mandatarios pidieron:
- Evaluar posibles extradiciones
- Reformar la Ley 2272
- Revisar la figura de gestores de paz
Más que una fiesta: el síntoma de un problema estructural
Más allá del espectáculo, el caso revela un problema de fondo:
¿Quién controla realmente las cárceles en Colombia?
Las denuncias incluso señalan que algunos pabellones funcionarían como una especie de “hotel” para cabecillas criminales.
El episodio golpea directamente la credibilidad de la política de paz y reabre el debate sobre:
- Control estatal
- Corrupción penitenciaria
- Límites de la negociación con estructuras criminales
