JEP señala a 11 excomandantes de las FARC por crímenes cometidos durante el conflicto armado
Crímenes contra civiles: la JEP imputa a 11 antiguos mandos de las FARC
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 antiguos comandantes de las extintas FARC-EP, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Pastor Lisandro Alape. La decisión corresponde a investigaciones sobre graves hechos de violencia cometidos contra la población civil en diferentes regiones del país.
La determinación fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad en el marco del Caso 10, que investiga conductas no amnistiables de las antiguas FARC que no habían sido abordadas en otros procesos de la jurisdicción. La investigación comprende hechos atribuidos a los antiguos bloques Caribe y Magdalena Medio.
¿Quiénes son los 11 excomandantes señalados?
Además de Rodrigo Londoño y Pastor Alape, la imputación incluye a nueve antiguos mandos regionales.
Por el Bloque Magdalena Medio fueron señalados Erasmo Traslaviña Benavides, Pedro Trujillo Hernández y Jairo Reinaldo Cala Suárez. Por el Bloque Caribe aparecen Abelardo Caicedo Colorado, Osmany Landero Fajardo, Gilberto de Jesús Giraldo David, Luis Alejandro Cuadras Solórzano, Uriel Antonio Oviedo Aldana y Héctor Enrique Hernández López.
¿Qué delitos les atribuye la JEP?
La jurisdicción les atribuyó responsabilidad por homicidios, desplazamientos forzados, ataques contra la población civil y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, torturas, tratos crueles y distintas formas de violencia sexual.
La imputación también comprende crímenes de lesa humanidad como asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos. Por su gravedad, estas conductas no pueden recibir amnistía ni perdón judicial.
Los hechos que hacen parte de la investigación
Entre los episodios documentados se encuentran la toma guerrillera de Chalán, Sucre, en 1996, durante la cual fue utilizado un burro cargado con explosivos; la masacre de la finca La Duquesa, en Tibú, Norte de Santander, y el atentado contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, en Barranquilla, en 2002.
Para sustentar la decisión, la JEP analizó los relatos de 733 víctimas, 72 informes de organizaciones y colectivos, 1.859 denuncias de la Fiscalía, además de versiones individuales y colectivas de antiguos integrantes de las FARC.
¿Qué sigue en el proceso?
Los 11 comparecientes tienen plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para reconocer o rechazar por escrito los hechos y su responsabilidad. También deberán aportar información que contribuya a esclarecer el paradero de 54 personas desaparecidas, con plazo hasta el 8 de febrero de 2027.
Si reconocen su responsabilidad y contribuyen al esclarecimiento de la verdad, el proceso podrá avanzar hacia una audiencia de reconocimiento y eventuales sanciones propias de la justicia transicional. Si rechazan los cargos, sus casos podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde podrían enfrentar un juicio y, de ser encontrados responsables, recibir penas de hasta 20 años de prisión.
La decisión representa un nuevo avance en la investigación de los crímenes cometidos durante el conflicto armado y en el esclarecimiento de las responsabilidades de los antiguos mandos de las FARC frente a las víctimas.
