Pacto Histórico pide renuncia de Luz Verónica Estrada por denuncias sobre títulos
La colectividad solicitó a la representante a la Cámara por Antioquia dejar su curul y anunció que su Comisión Nacional de Ética asumirá el caso el próximo 23 de noviembre. La Procuraduría también abrió una investigación disciplinaria.
El Pacto Histórico solicitó formalmente la renuncia de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, en medio de las denuncias sobre presuntas irregularidades en los documentos que habría utilizado para acreditar su formación académica y experiencia profesional.
La decisión fue comunicada por la Coordinación Nacional Provisional de la colectividad, que argumentó que la gravedad de los señalamientos y las evidencias conocidas públicamente justifican que la congresista se aparte de su curul mientras atiende su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes.
Además, el partido anunció que su Comisión Nacional de Ética Provisional fue convocada para el lunes 23 de noviembre de 2026, fecha en la que asumirá formalmente el caso.
La solicitud representa un cambio en la posición pública de la colectividad. El 18 de noviembre había anunciado que activaría sus mecanismos disciplinarios internos para revisar las denuncias; ahora, además de esa actuación, pidió directamente a Estrada que deje su escaño en la Cámara de Representantes.
¿Qué decidió el Pacto Histórico?
En su comunicado, la Coordinación Nacional Provisional sostuvo que ningún interés individual puede estar por encima de los principios del movimiento y que las denuncias deben ser examinadas con rigor.
La colectividad solicitó a Estrada presentar su renuncia a la Cámara para que pueda asumir su defensa ante las instancias internas y las autoridades competentes.
Sin embargo, el partido también hizo una precisión: la petición no elimina las garantías procesales de la representante. En el mismo pronunciamiento reiteró el respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.
La Comisión Nacional de Ética Provisional tendrá la responsabilidad de estudiar el expediente dentro de las competencias internas de la organización. Su convocatoria está prevista para el 23 de noviembre; por tanto, no debe confundirse el anuncio de esa reunión con una sanción disciplinaria ya adoptada.
Tampoco se ha informado que Estrada haya presentado formalmente su renuncia. La solicitud del partido no significa que haya perdido automáticamente su curul.
Los documentos académicos bajo cuestionamiento
Las denuncias que motivaron la decisión del Pacto Histórico incluyen documentos atribuidos a la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y una institución educativa de Caramanta, Antioquia.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere a un diploma que acreditaría a Estrada como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, con fecha de expedición del 16 de noviembre de 2021.
La sede Medellín de esa institución informó que, después de revisar sus archivos físicos y digitales, no encontró registros de que la congresista fuera egresada de ese programa. También indicó que la copia del registro de diplomas presentada para verificación no había sido expedida por esa sede.
A esto se sumó la declaración de Verónica Botero, exdecana de la Facultad de Minas, quien aseguró que la firma que aparece en el diploma atribuido a ella no corresponde a la suya.
También se conocieron cuestionamientos sobre un supuesto diploma de Ingeniería de Minas atribuido a la Universidad de Antioquia. La institución no ofrece ese programa académico, según la información divulgada sobre el caso.
Colegio y empresa minera también cuestionaron documentos
Las dudas no se limitan a la formación universitaria. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia, informó que sus registros indican que Estrada estuvo vinculada al plantel hasta octavo grado y que no aparece en el acta de graduación de bachillerato que se le atribuye.
Por otra parte, Aris Mining cuestionó un certificado laboral fechado en febrero de 2025. La empresa afirmó que Estrada trabajó como operaria de Mina 4, pero negó que hubiera ocupado el cargo de jefa de esa operación, como indicaría el documento objeto de controversia.
En el ámbito profesional, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) informó que no expidió la tarjeta profesional atribuida a la representante y que desde 2025 había negado su matrícula por falta de acreditación del título correspondiente.
Estas verificaciones institucionales son elementos relevantes para las investigaciones, pero la determinación de posibles responsabilidades individuales corresponde a las autoridades competentes.
Procuraduría abrió investigación disciplinaria
El caso también llegó al ámbito de control disciplinario. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Estrada por las denuncias relacionadas con la presunta presentación de documentos académicos, tarjeta profesional y certificaciones laborales cuestionadas.
La investigación deberá establecer si existieron irregularidades que puedan comprometer la responsabilidad disciplinaria de la congresista.
Adicionalmente, la controversia ha llegado a otras autoridades a través de denuncias que solicitan investigar posibles conductas relacionadas con falsedad documental y uso de documentos presuntamente irregulares.
La apertura de una investigación no equivale a una sanción ni demuestra que la persona investigada haya cometido una falta o un delito.
¿Qué puede pasar con la curul de la representante?
La solicitud de renuncia del Pacto Histórico tiene un alcance político y partidista, pero no produce por sí misma la pérdida de la investidura ni la separación automática de la Cámara de Representantes.
Si Estrada decide no renunciar, la colectividad podrá adelantar las actuaciones internas que correspondan conforme a sus estatutos y garantías disciplinarias. Paralelamente, las autoridades competentes deberán avanzar en sus propias investigaciones.
Por ahora, los próximos hitos son la sesión de la Comisión Nacional de Ética Provisional, prevista para el 23 de noviembre, y el desarrollo de las actuaciones de la Procuraduría y demás organismos que recibieron denuncias.
El caso pone bajo escrutinio los mecanismos de verificación de credenciales académicas y experiencia profesional en el acceso a cargos públicos y contratos estatales. También plantea una exigencia para los partidos: responder institucionalmente ante cuestionamientos que afectan la confianza ciudadana, sin reemplazar con decisiones políticas las competencias de la justicia.





