Proyecto de ley busca prohibir la maternidad subrogada en Colombia: “Ni la mujer se alquila, ni un niño se vende”
Una nueva iniciativa radicada en la Cámara de Representantes busca prohibir la maternidad subrogada y sancionar la intermediación y explotación reproductiva. El debate vuelve al Congreso con una alianza de sectores políticos que plantea una pregunta de fondo: ¿puede la gestación convertirse en un contrato?
El debate sobre la maternidad subrogada volvió al Congreso de la República y esta vez con una propuesta que plantea una prohibición total de la práctica en Colombia.
Bajo la consigna “Ni la mujer se alquila, ni un niño se vende”, un grupo de congresistas impulsa una iniciativa legislativa que busca poner fin a la llamada explotación reproductiva, prohibir la intermediación comercial y establecer sanciones contra quienes promuevan, financien u organicen acuerdos de maternidad subrogada.
Según reportes sobre la reciente radicación, el Proyecto de Ley 215 de 2026 Cámara fue presentado con el respaldo de 25 representantes de diferentes sectores políticos, luego de un foro promovido por el representante antioqueño Luis Miguel López Aristizábal. La iniciativa pone nuevamente sobre la mesa uno de los debates más complejos en materia de derechos de las mujeres, autonomía reproductiva, reproducción asistida y protección de la niñez.
La discusión, sin embargo, está lejos de ser nueva. El Congreso colombiano ha recibido varios proyectos sobre maternidad subrogada en los últimos años, algunos archivados y otros orientados a regular o restringir la práctica. Una iniciativa presentada en 2025 bajo el nombre de Ley Vientres Libres de Alquiler terminó archivada, mientras que en la actual legislatura también figura un proyecto identificado como 052 de 2026 Cámara sobre prohibición de la gestación subrogada con fines lucrativos.
La diferencia ahora está en la fuerza política y mediática con la que sus promotores buscan instalar la discusión.
“Ni la mujer se alquila, ni un niño se vende”
La frase se ha convertido en el principal mensaje político de quienes defienden la prohibición.
Para los impulsores del proyecto, la maternidad subrogada no puede analizarse únicamente como una alternativa reproductiva. Su argumento central es que, cuando existe una relación económica entre las partes, puede producirse una situación de explotación, especialmente en un país con altos niveles de desigualdad económica.
La preocupación apunta a una pregunta incómoda: ¿qué tan libre es una decisión cuando la necesidad económica es el principal motivo para aceptar un embarazo para terceros?
Los promotores de la iniciativa sostienen que la industria puede aprovecharse de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, mientras agencias, intermediarios, clínicas y otros actores obtienen beneficios económicos del proceso. La propuesta plantea que las sanciones no recaigan sobre la mujer gestante, sino sobre quienes promuevan, intermedien, financien u organicen este tipo de acuerdos.
¿Qué busca prohibir el proyecto?
De acuerdo con la información conocida sobre la iniciativa, la propuesta busca una prohibición amplia de la maternidad subrogada, tanto cuando existe una compensación económica como en otras modalidades de gestación por sustitución.
Entre los puntos centrales planteados se encuentran:
- Prohibir la maternidad o gestación subrogada en Colombia.
- Sancionar a quienes promuevan, financien, intermedien u organicen estos procesos.
- Perseguir la actividad comercial de agencias e intermediarios vinculados a esta práctica.
- Declarar sin efectos jurídicos los contratos de maternidad subrogada.
- Establecer mecanismos para proteger a las mujeres gestantes.
- Adoptar medidas frente a acuerdos que puedan realizarse en el extranjero para evadir la legislación colombiana.
Los reportes sobre la nueva iniciativa señalan que la propuesta contempla penas de prisión y multas para quienes hagan parte de la estructura comercial alrededor de la práctica. Estos detalles deberán contrastarse con el texto definitivo y la publicación oficial del proyecto durante su trámite legislativo.
Colombia y un vacío que el Congreso no ha logrado resolver
Uno de los aspectos más importantes del debate es la situación jurídica actual.
Colombia ha tenido durante años una discusión abierta sobre la maternidad subrogada sin que el Congreso haya consolidado un marco legislativo definitivo y estable. La Cámara de Representantes registra antecedentes de proyectos que buscaban prohibir la práctica con fines de lucro y otros que proponían restricciones específicas, pero varias de esas iniciativas terminaron archivadas.
El problema es que la ausencia de una regulación específica no significa que el fenómeno no exista.
Por el contrario, alrededor de la gestación subrogada se han desarrollado servicios de intermediación, reproducción asistida y contratación que plantean interrogantes jurídicos sobre la filiación, la nacionalidad de los niños, la responsabilidad médica y los derechos de las mujeres gestantes.
Ahí está uno de los principales desafíos del Congreso: no basta con debatir si se prohíbe o se permite; también hay que responder qué ocurre con las personas que ya están involucradas en procesos de esta naturaleza.
El debate que divide al feminismo y a los derechos reproductivos
La discusión tampoco puede reducirse a una confrontación entre quienes están a favor y quienes están en contra de la maternidad subrogada.
Incluso dentro de los movimientos que defienden los derechos de las mujeres existen posiciones profundamente distintas.
Un sector considera que la práctica puede convertirse en una forma de explotación reproductiva, particularmente cuando existe una desigualdad económica evidente entre la persona que contrata y la mujer que gesta.
Otro sector defiende que una mujer adulta debe tener autonomía para decidir sobre su cuerpo y sus decisiones reproductivas, siempre que existan garantías jurídicas, sanitarias y económicas suficientes.
Entre ambas posiciones aparece una tercera alternativa: regular de manera estricta la práctica para evitar el mercado y la explotación, sin establecer una prohibición absoluta.
El nuevo proyecto se ubica claramente en la primera posición.
Sus promotores no hablan de regular el negocio.
Quieren terminarlo.
El “turismo reproductivo” entra en el debate
Uno de los argumentos utilizados por los defensores de la prohibición es el crecimiento del llamado turismo reproductivo.
La preocupación es que personas o parejas extranjeras recurran a servicios de gestación subrogada en países donde los costos son menores o donde existe un marco jurídico menos restrictivo.
En el foro previo a la radicación del proyecto, congresistas y expertos citaron cifras y testimonios sobre la participación de extranjeros y la situación socioeconómica de algunas mujeres vinculadas a estos procesos. Esos datos hacen parte del debate político que acompaña la iniciativa y deberán ser objeto de discusión y verificación durante el trámite legislativo.
El fondo del asunto es político y económico.
Si existe una diferencia profunda entre la capacidad económica de quien solicita el servicio y la situación de quien acepta gestar, la pregunta sobre la libertad contractual se vuelve inevitable.
Porque un contrato puede tener firmas de ambas partes.
Pero no necesariamente existe igualdad entre ambas partes.
Una alianza política poco común
Uno de los elementos más interesantes de la nueva iniciativa es que el debate ha logrado reunir voces de diferentes sectores políticos.
Según la información publicada sobre la radicación, congresistas de distintas orillas participaron en el impulso del proyecto, entre ellos Luis Miguel López Aristizábal, David Gerardo Cote y Carol Borda, además de otros sectores que coinciden en la necesidad de frenar la explotación reproductiva.
En un Congreso donde casi todo termina convertido en una disputa ideológica, la maternidad subrogada está generando alianzas que normalmente no aparecen en otros debates.
Eso no significa que el proyecto tenga un camino fácil.
La discusión sobre autonomía, derechos reproductivos, familias diversas y reproducción asistida seguramente abrirá nuevas divisiones durante el trámite.
Pero sí demuestra que el tema tiene la capacidad de romper, al menos parcialmente, las fronteras tradicionales entre derecha e izquierda.
Olivia Maurel y el debate sobre los niños nacidos por subrogación
La discusión reciente también contó con la participación de Olivia Maurel, activista internacional y portavoz de la Declaración de Casablanca, quien nació mediante gestación subrogada y ha convertido su experiencia personal en una de las voces más visibles contra esta práctica.
Su participación en el foro llevó al debate una perspectiva que con frecuencia queda en segundo plano: la de las personas nacidas como resultado de estos acuerdos.
Para los promotores de la prohibición, el debate no debe concentrarse exclusivamente en el contrato entre adultos.
También debe incluir preguntas sobre la identidad, la filiación y los derechos del niño.
Quienes defienden otros modelos de regulación, por su parte, sostienen que esas garantías pueden ser establecidas mediante una legislación clara sin necesidad de prohibir absolutamente la práctica.
Ahí está, probablemente, uno de los puntos más difíciles del debate legislativo.
¿Prohibir, regular o permitir?
Colombia vuelve a estar frente a tres caminos.
El primero es la prohibición total, que plantea la nueva iniciativa.
El segundo es una regulación estricta, que podría establecer requisitos, controles médicos, condiciones económicas y garantías para las partes involucradas.
El tercero sería permitir una mayor libertad contractual, bajo determinadas reglas generales.
Cada modelo tiene consecuencias jurídicas y políticas.
Prohibir puede ser visto como una forma de cerrar la puerta a la explotación, pero también genera preguntas sobre qué ocurrirá con los procesos que ya existen o con los colombianos que recurran a la práctica en otros países.
Regular puede ofrecer controles, pero sus críticos advierten que también puede terminar legitimando un mercado basado en la desigualdad.
Permitir una mayor libertad contractual pone en el centro la autonomía individual, aunque enfrenta cuestionamientos sobre la capacidad real de negociación de mujeres económicamente vulnerables.
Por eso, el debate no será sencillo.
Ni debería serlo.
El Congreso tendrá que decidir dónde pone el límite
La maternidad subrogada es uno de esos temas en los que la tecnología avanzó más rápido que la legislación.
La reproducción asistida abrió posibilidades que hace décadas parecían imposibles. Pero cada avance científico también trae nuevas preguntas sobre el derecho, la ética y los límites del mercado.
La nueva iniciativa quiere establecer una frontera clara.
El cuerpo de una mujer no puede convertirse en objeto de alquiler y un niño no puede convertirse en el resultado de una transacción comercial.
Esa es la tesis de sus promotores.
Ahora el proyecto deberá enfrentarse al debate legislativo, jurídico y social.
Y la pregunta de fondo seguirá siendo la misma: ¿Qué debe hacer el Estado cuando la libertad contractual, la necesidad económica, la reproducción y los derechos de un niño se encuentran en un mismo acuerdo?
El Congreso tiene nuevamente la palabra.
