Por: Robinson Gutiérrez
Para algunos sectores políticos de la sociedad nacional, Colombia es la democracia más antigua de las republicas suramericanas, dato que, si se revisa de manera temporal, corresponde a dicha afirmación, teniendo en cuenta la masificación de gobiernos dictatoriales a lo largo de la historia suramericana, los cuales, en algunos países se extendieron hasta la década del 80.
Periodo de tiempo anterior, en el cual Colombia fungía como una democracia consolidada, pese fenómenos sociales como: el narcotráfico, el paramilitarismo, la subversión y la violación constante y sistemática a los Derechos Humanos. Fenómenos aun visibles y evidentes en nuestra actual sociedad; los cuales en buena medida se logran visibilizar –y, sobre todo- denunciar a través de la movilización social. Uno de los pocos instrumentos que ha tenido y tiene la sociedad para expresar su inconformismo.
Es decir, se consolida la idea de la movilización como herramienta de expresión política, sin desconocer la amplia trayectoria que ésta ya tenía desde décadas anteriores. Revísese lo que fue el paro nacional de 1977. Fecha con la cual se llegó a comparar lo sucedido en el país durante el 21N. Entendido el 21N como el fenómeno de movilización social más drástico en los últimos años en Colombia, el cual inició en el 2019 y tuvo su punto más álgido a inicios del 2021.
De hecho, dicho fenómeno, calificado como “El Estallido Social” pudo determinar –en parte- la consolidación de un gobierno progresista para el 2022, liderado por Gustavo Petro, y su idea de la Colombia Humana. Proyecto político que, a menos de dos meses de haber llegado a la Casa de Nariño, afronta su primera convocatoria de huelgas y movilizaciones sociales, por parte de quiénes hasta hace menos de dos meses ostentaban la presidencia y las mayorías parlamentarias. Sector(es) que no ven en el gobierno entrante, políticas que solventen los problemas estructurales de la nación.
Situación anterior que resulta paradójica por parte de quienes hoy convocan a dichas protestas teniendo en cuenta aspectos, como: la estigmatización histórica de lo que ha sido la movilización social en el país, la cual -frecuentemente- se ha tildado de responder a iniciativas subversivas, casi siempre financiadas por entes externos. Estigmatizaciones que en buena medida tuvieron eco -anteriormente- en quiénes convocan para este 26 de septiembre a la movilización social, en contra del gobierno actual y sus reformas políticas.
Así pues, esto permite plantearnos el interrogante absurdo ¿de cuáles son las movilizaciones válidas en el país y cuáles no? Teniendo en cuenta la narrativa amigo/enemigo de la sociedad colombiana, donde hoy convocan a marchar aquellos que durante 20 años estigmatizaron la movilización social, principio fundamental de toda sociedad democrática y donde Colombia se ufana de ser la democracia más antigua de Suramérica. Pero, ¿a costa de qué?