Salario mínimo 2026: el debate que abre diciembre

La negociación del salario mínimo de 2026 arranca formalmente el 1 de diciembre en la Mesa de Concertación, con presencia de Gobierno, centrales obreras y empresarios, siguiendo un calendario ya definido por el Ministerio de Trabajo. La decisión deberá quedar lista, por acuerdo o por decreto presidencial, antes de finalizar diciembre, y afectará directamente a más de 3,7 millones de trabajadores que devengan el mínimo, además de indexar contratos, multas, tarifas y cotizaciones.​

En 2025 el salario mínimo quedó en 1.423.500 pesos, con un auxilio de transporte que lleva el total cercano a 1,6 millones de pesos, después de una serie de incrementos recientes por encima de la inflación. Esto hace que el punto de partida de la discusión de 2026 no sea neutro: lo que se decida puede consolidar la mejora del ingreso real o tensionar aún más los costos laborales de empresas y Estado.​

El punto de partida técnico: inflación y productividad

Para 2026, la referencia técnica clave es la suma de la inflación anual y la productividad laboral, que históricamente funcionan como piso de la negociación. La inflación a 12 meses ronda el 5,5%, mientras que la productividad laboral por hora trabajada se ubica alrededor de 0,5–0,6%, lo que deja un piso cercano al 6,08% de incremento.​

Esto implica que, solo con aplicar la fórmula técnica, el salario mínimo pasaría de 1.423.500 a unos 1.509.900 pesos, sin contar auxilio de transporte. Sin embargo, tanto el Gobierno como las centrales obreras insisten en que el aumento debe ser “real”, es decir, claramente por encima de la inflación, con lo que la conversación rápidamente se mueve a dos dígitos.​

Qué propone cada actor

La mesa llega fracturada de entrada: cada actor tiene un número, pero también una narrativa política y económica detrás.​

Propuesta del Gobierno

El Gobierno ha puesto sobre la mesa la idea de llevar el ingreso total (salario más auxilio de transporte) a unos 1.800.000 pesos, lo que implicaría un incremento cercano al 11% sobre el paquete completo. El mensaje oficial se orienta a sostener una política de aumentos reales para combatir pobreza y desigualdad, apoyándose en el precedente de incrementos de dos dígitos en 2023 y 2024.​

Desde Hacienda y Planeación se ha advertido, no obstante, que cualquier aumento debe ser compatible con la senda de reducción de la inflación y con la capacidad fiscal del Estado, que también paga nóminas indexadas al mínimo. De ahí que la cifra del 11% esté pensada como una especie de “techo político” más que como número puramente técnico.​

Propuestas de sindicatos

Las centrales obreras, lideradas por la CUT, llegan con la consigna de un aumento de dos dígitos y han mencionado un mínimo del 10% e incluso escenarios de hasta 15% en algunos pronunciamientos. Su narrativa se centra en recuperar poder adquisitivo perdido en años de alta inflación y acercar el salario mínimo a una referencia de “salario vital” cercana a los 2 millones de pesos.​

Para los sindicatos, la desaceleración de la inflación abre una ventana para dar un salto más agresivo en ingresos sin repetir el choque inflacionario de 2022–2023, y argumentan que el consumo interno necesita un empujón vía salarios. También señalan que buena parte del empleo de bajos ingresos ya es informal, por lo que el costo de la formalización no puede usarse siempre como argumento para frenar los incrementos.​

Propuestas de empresarios y centros de pensamiento

Del lado empresarial y de los centros de investigación económica, como Fedesarrollo y ANIF, la recomendación apunta a un ajuste entre 6% y 7%, muy cercano al dato técnico de inflación más productividad. Su argumento central es que subidas de dos dígitos encarecen el empleo formal, empujan a la informalidad y pueden dificultar la convergencia de la inflación a la meta del Banco de la República.​

Incluso grandes grupos financieros han calificado propuestas de aumentos de 10–15% como “exabrupto” por el impacto que tendrían en pymes y en sectores intensivos en mano de obra, donde el mínimo es referencia directa. Para este sector, el riesgo es que un alivio inmediato en bolsillo del trabajador se traduzca luego en cierres de empresas, destrucción de empleo formal y aumento de precios.​

Implicaciones económicas: inflación, empleo y empresas

Un aumento de dos dígitos mejora de inmediato el ingreso disponible de los trabajadores que ganan el mínimo y puede dinamizar el consumo interno, especialmente en sectores como comercio minorista, servicios y vivienda. Sin embargo, la evidencia para Colombia muestra que alzas fuertes en el mínimo tienden a trasladarse a precios y pueden frenar la desinflación, encarecer el crédito y tensionar la política monetaria.​

En el frente laboral, los mayores riesgos se concentran en las pymes y en las actividades intensivas en mano de obra poco calificada, donde un salto de 10–15% en costos unitarios puede traducirse en menor contratación formal, más tercerización o reducción de horas. Esto se suma a la preocupación por el alto peso del salario mínimo como referencia para contratos civiles, aportes, sanciones y tarifas reguladas, lo que amplifica el impacto más allá de la nómina.​

Implicaciones sociales y políticas

Desde el punto de vista social, un aumento que supere claramente la inflación ayuda a recomponer el poder de compra de los hogares de menores ingresos, que destinan la mayor parte de su presupuesto a alimentos, transporte y servicios públicos. Esto tiene efectos directos en reducción de pobreza monetaria y en apoyo político al Gobierno que impulse el incremento.​

Al mismo tiempo, la negociación del salario mínimo se ha convertido en un termómetro del clima político: una ruptura con empresarios o sindicatos envía señales negativas a inversionistas y puede trasladar la definición al decreto presidencial, con mayor desgaste. En ese escenario, el Gobierno debe equilibrar la presión social por mejoras rápidas y las restricciones macroeconómicas de deuda, déficit y metas de inflación.​

¿Acuerdo o decreto? Escenarios probables

La experiencia reciente muestra que cuando la brecha entre sindicatos y empresarios supera varios puntos porcentuales, la probabilidad de acuerdo tripartito se reduce y la decisión termina por decreto. Con sindicatos pidiendo mínimo 10%, Gobierno coqueteando con 11% y gremios defendiendo el 6–7%, la ventana de concertación real es estrecha.​

Un escenario intermedio podría estar en un aumento en la franja 8–9%, que dé algo de aire al poder adquisitivo sin desbordar tanto los costos laborales, aunque hoy ninguno de los actores lo asume públicamente como punto de llegada. Si no hay acercamiento en la primera quincena de diciembre, el peso político de la decisión se trasladará al Ejecutivo, con la discusión probablemente dominando el debate mediático hasta fin de año.​

Claves para la audiencia de Café Político

Para nuestros lectores, hay tres preguntas prácticas: cuánto podría subir, cómo les golpea el bolsillo y qué significa para su empleo. Un aumento cercano al 6–7% protegería el poder adquisitivo actual con bajo riesgo inflacionario, mientras que un incremento de 10–11% sí se sentiría más en el bolsillo, pero con el costo de mayor tensión para empresas y precios.​

En un contexto de desaceleración económica y alta informalidad, el verdadero reto del salario mínimo 2026 será lograr que el aumento no solo suene bien en titulares, sino que se traduzca en más y mejor empleo formal y en una inflación bajo control. Ahí se jugará buena parte de la narrativa política del Gobierno y de la oposición en los próximos meses.