De la Espriella desmonta la Paz Total de Petro y reactiva extradiciones de cinco jefes armados
El presidente anunció el cierre definitivo de la estrategia de Paz Total y ordenó hacer efectivas cinco extradiciones a Estados Unidos que permanecían suspendidas por la participación de los solicitados en procesos de diálogo durante el gobierno de Gustavo Petro. El giro marca una nueva etapa de la política de seguridad colombiana, centrada en sometimiento a la justicia, cooperación internacional y autoridad del Estado.
De la “Paz Total” a la política de seguridad: el primer gran giro de De la Espriella
El Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a desmontar uno de los principales pilares de la administración de Gustavo Petro. Desde el Palacio de San Carlos, el presidente anunció el cierre definitivo de la estrategia conocida como Paz Total y confirmó la reactivación de cinco extradiciones a Estados Unidos de integrantes de estructuras armadas que habían participado como representantes o negociadores en procesos de diálogo durante el gobierno anterior.
La decisión no es solamente administrativa. Representa un cambio de orientación frente a la manera en que el Estado colombiano pretende relacionarse con organizaciones armadas ilegales. Mientras el Gobierno Petro apostó por abrir mesas de conversación simultáneas con diferentes estructuras, De la Espriella plantea que cualquier acercamiento hacia la legalidad tendrá como condición la entrega de resultados verificables y el sometimiento a la justicia.
El presidente argumentó que los procesos anteriores no produjeron resultados suficientes y cuestionó que la participación en una mesa de diálogo pudiera convertirse en una herramienta para suspender actuaciones judiciales o beneficios para personas requeridas por la justicia internacional. En su intervención, sostuvo que Colombia no tendrá una política que convierta el diálogo en un mecanismo de impunidad.
Cinco extradiciones que estaban suspendidas
La decisión afecta a cinco integrantes de diferentes estructuras armadas. Tres de ellos se encuentran actualmente bajo custodia de las autoridades colombianas, mientras otros dos permanecen prófugos y serán enviados a Estados Unidos si son capturados.
Entre los extraditados está Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como uno de los líderes de los Comandos de Frontera. Su caso fue particularmente polémico durante el gobierno Petro porque fue capturado mientras participaba en el proceso de conversaciones con el Ejecutivo y posteriormente se generó una disputa sobre el alcance de las garantías otorgadas a los negociadores.
También está Willinton Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, relacionado con las disidencias de las antiguas FARC y con el Estado Mayor de Bloques y Frente, además de Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, señalada como líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas también como Los Pachenca. Los tres se encuentran privados de la libertad y tienen procesos de extradición hacia Estados Unidos.
Los otros dos casos corresponden a Gabriel Yepes Mejía, alias HH, relacionado con Comuneros del Sur, una estructura originada en el entorno del ELN en Nariño, y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, vinculado a Los Pachenca. Ambos permanecen prófugos, por lo que la orden de extradición quedará pendiente de su captura.
Según el Gobierno, Estados Unidos requiere a estas personas por delitos que incluyen, dependiendo de cada caso, narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo.
¿Por qué estaban suspendidas las extradiciones?
El punto central de la decisión está en el papel que estos hombres habían adquirido dentro de los procesos de diálogo promovidos por el gobierno de Gustavo Petro.
Las extradiciones ya habían sido concedidas durante 2025, pero su ejecución quedó suspendida mientras estas personas participaban en diferentes mesas, procesos o espacios de negociación con el Estado. El Gobierno de De la Espriella decidió revisar nuevamente cada expediente y concluyó que no existían, según su valoración, aportes verificables suficientes a la construcción de la paz que justificaran mantener suspendidas las entregas.
Este argumento es fundamental para entender el cambio de política. La nueva administración no está planteando simplemente terminar las conversaciones, sino modificar las condiciones bajo las cuales el Estado está dispuesto a dialogar con organizaciones armadas.
La fórmula anunciada por De la Espriella es mucho más restrictiva: quien quiera abandonar la ilegalidad tendrá que demostrarlo mediante hechos concretos y, en principio, someterse a los mecanismos de justicia establecidos por el Estado.
El fracaso de la Paz Total, según De la Espriella
La Paz Total fue una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro. La estrategia buscó desarrollar simultáneamente negociaciones políticas con grupos insurgentes y procesos de sometimiento con organizaciones criminales.
Sin embargo, durante los últimos años varios de estos procesos enfrentaron dificultades, rupturas y cuestionamientos por el incremento de la violencia en diferentes regiones del país. El propio Gobierno Petro terminó suspendiendo o levantando mesas con algunas estructuras después de hechos violentos y del incumplimiento de compromisos.
De la Espriella utilizó precisamente ese balance para justificar el cambio. Su conclusión es que la política anterior no consiguió traducir los diálogos en resultados suficientes y que, en algunos casos, los grupos armados aprovecharon los espacios de negociación para mantener su actividad criminal.
El nuevo Gobierno pretende sustituir ese modelo por una política que combina seguridad, autoridad estatal, justicia y cooperación internacional. El cambio también se conecta con otras decisiones adoptadas durante las primeras semanas de la administración, entre ellas la modificación de la cúpula militar y una estrategia más dura frente a las estructuras criminales.
La extradición vuelve a convertirse en una herramienta central
La decisión también fortalece el papel de la extradición como instrumento de la política de seguridad del nuevo Gobierno.
En los casos anunciados, Estados Unidos aparece como un actor fundamental porque los procesos están relacionados con delitos transnacionales, particularmente narcotráfico y estructuras con conexiones internacionales. La entrega de estos cinco hombres representa, por tanto, un mensaje de mayor coordinación entre Bogotá y Washington frente a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades criminales.
La diferencia política es evidente. Durante el Gobierno Petro, la participación de determinados integrantes de grupos armados en las mesas de diálogo llevó a suspender temporalmente algunas órdenes de extradición. Ahora, esa participación deja de ser suficiente para mantener congelados esos procedimientos.
La señal del Gobierno De la Espriella es clara: una mesa de negociación no será, por sí sola, un escudo frente a la justicia colombiana o estadounidense.
El caso de alias HH y la disputa por las extradiciones
Uno de los casos que permite entender mejor la controversia alrededor de la Paz Total es el de Gabriel Yepes Mejía, alias HH.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago afirmó recientemente que durante el gobierno anterior hubo intervenciones de funcionarios vinculados a la política de paz en procedimientos de extradición. Según su relato, se intentó utilizar un concepto de la Oficina del Comisionado de Paz para influir en el trámite relacionado con alias HH, algo que ella consideró jurídicamente improcedente.
Buitrago sostuvo que la decisión sobre la extradición debía seguir el procedimiento establecido y que el Comisionado de Paz no tenía competencia para intervenir de esa manera en el trámite. También defendió la legalidad de la captura de alias Araña, otro de los hombres cuya extradición acaba de ser reactivada por De la Espriella.
Estas declaraciones agregan una nueva dimensión al debate: la discusión ya no gira únicamente alrededor de si negociar con grupos armados funciona o no, sino también sobre hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en la administración de las garantías otorgadas durante una negociación de paz.
El nuevo Gobierno cambia las reglas del juego
La decisión anunciada por De la Espriella constituye uno de los primeros grandes movimientos de su Gobierno en materia de seguridad y conflicto armado.
El mensaje político es consistente con lo que había planteado durante la campaña: no mantener negociaciones abiertas indefinidamente mientras las estructuras armadas continúan ejerciendo control territorial, narcotráfico, extorsión u otras actividades criminales.
Pero el verdadero desafío será demostrar que el giro produce resultados en las regiones. Colombia mantiene una presencia significativa de grupos armados y organizaciones criminales, mientras departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y otras zonas del país continúan enfrentando disputas territoriales y violencia.
Cerrar una política de paz es una decisión política. Construir una política de seguridad capaz de reducir efectivamente la violencia es el verdadero examen de este Gobierno.
¿Qué viene después del desmonte de la Paz Total?
El Gobierno De la Espriella tendrá que definir ahora cuál será la arquitectura institucional que reemplazará buena parte de los mecanismos creados o fortalecidos durante la administración Petro.
La pregunta no es solamente si habrá o no diálogos. También será necesario establecer qué ocurrirá con los procesos de sometimiento, qué beneficios podrán recibir quienes abandonen las armas, cuáles serán las condiciones para eventuales negociaciones políticas y qué papel tendrá la comunidad internacional.
El Gobierno ya ha dado una primera respuesta: no habrá concesiones sin resultados verificables y la justicia tendrá un papel central.
La estrategia puede significar un giro profundo en la política colombiana frente a los grupos armados. Pero también plantea un desafío: una política de seguridad basada principalmente en la presión militar y judicial deberá demostrar que puede reducir la violencia sin cerrar completamente las puertas a soluciones negociadas cuando estas sean necesarias.
El nuevo tablero de seguridad
Con esta decisión, Abelardo de la Espriella no solo desmonta una política emblemática de su antecesor. También establece una nueva narrativa de Gobierno: del diálogo como punto de partida a la legalidad como condición de llegada.
Las cinco extradiciones son apenas el primer movimiento. Lo que está por verse es si esta nueva doctrina logra recuperar el control territorial, debilitar las estructuras armadas y reducir la violencia en las regiones donde la Paz Total no consiguió consolidar acuerdos.
