Magistrados del tribunal de Ibagué habrían incurrido en prevaricato por acción

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Debido a la decisión que el pasado 2 de junio tomo la Sala Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Ibagué cuando ordenó que el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, fuera arrestado en su domicilio durante cinco días, noticia que generó diversas reacciones en el país. Ante el mismo tribunal la Presidencia de la República radicó una queja por esta decisión.

La orden de arresto al presidente Duque se dio porque los magistrados consideraron que había desacatado la orden de protección especial a la fauna y flora del Parque de los Nevados, que había sido emitida en noviembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia; además del arresto, el mandatario deberá pagar una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Presidencia se ha presentado una queja disciplinaria en contra de los magistrados Carlos Orlando Velásquez, Mónica Jimena Reyes Martínez y Amparo Emilia Peña Mejía, quienes fueron los que tomaron la decisión de sancionar al mandatario de los colombianos con el arresto de cinco días.

Según el documento de 14 páginas presentado por el ejecutivo, los magistrados habrían incurrido en prevaricato por acción, es decir, que tomaron una decisión en contra de la ley. En el documento, ese Tribunal no era el juez competente para ordenar su arresto, pues señala que cualquier sanción en la que se le limite la libertad al Presidente de la República debe ser tomada únicamente por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Entonces, según el ejecutivo, los magistrados se extralimitaron en sus funciones, al “privar ilegalmente de la libertad a una persona”, y agregan; “nada ni nadie, puede, arbitrariamente, interpretar las normas de manera caprichosa”.

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